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El Contralor Felipe Córdoba destaca este y otros cambios que trae reforma al Código Administrativo y de lo Contencioso administrativo (CPACA).

Hasta con suspensiones podrían ser sancionados quienes no suministren información, impidan o pongan obstáculos al ejercicio de la vigilancia y control fiscal.

Bogotá, 9 de marzo de 2021.- El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, destacó hoy las virtudes de la reforma al Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y dijo que además de imponer un control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, hace ajustes importantes al Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal, para hacerlo más oportuno y eficiente.

Es así como se aplicará castigo a los representantes de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan el fenecimiento de las cuentas o concepto o calificación favorable en los procedimientos equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta, durante dos períodos fiscales consecutivos.

O sea, explicó el Contralor General, “el gestor fiscal que no fenezca la cuenta por dos años consecutivos, podrá ser suspendido y retirado del cargo”.

Además, se pueden imponer sanciones, que van desde multa hasta suspensión, a quienes omitan la obligación de suministrar información o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal. También a aquellos que incumplan las obligaciones fiscales previstas en la ley.

Con la expedición del Decreto Ley 403 de 2020, toda persona de derecho público o privado que ejerza gestión fiscal debe suministrar información para el debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, recordó el Contralor.

Ahora es posible decretar la suspensión provisional dentro de los procesos sancionatorios y fiscales, sin derecho a remuneración alguna para el afectado, siempre y cuando se evidencien que la permanencia en el cargo interfiere con en el trámite del proceso.

El término de la suspensión será de un mes prorrogable por otro más.

Esta última facultad es exclusiva de la Contraloría General de la República.

Mayor seguridad jurídica

Para el control automático e integral de legalidad de los Fallos de Responsabilidad Fiscal, se establecen salas especiales conformadas por el Consejo de Estado cuando las decisiones sean adoptadas por la Auditoría General de la República y por la CGR o por los Tribunales Administrativos cuando provengan de las contralorías territoriales.

“Como podemos ver, el código reformado y el modelo de control fiscal armonizan perfectamente en los nuevos escenarios que abren para la defensa del interés público en nuestro país”, destacó el Contralor General al hablar en un evento virtual sobre el tema convocado por la Auditoría General de la República.

“Hoy el control fiscal se ha despojado de una parte de su autonomía para que el control automático por parte de un juez diga efectivamente si tiene o no razón el ente de control, y tenga mayor garantía la persona procesada. En ese sentido, con esas garantías, podamos tener mayor seguridad jurídica y ayudar que a que no piensen que ni este Contralor, ni ningún auditor, ni ningún contralor territorial, podrá tomar la entidad para perseguir a nadie”, sostuvo el Contralor Felipe Córdoba.

Las reformas al Código Administrativo y de lo Contencioso administrativo (CPACA) han contribuido, desde la perspectiva de la Contraloría, a darle mayor seguridad jurídica a sus procesos de control fiscal, aseguró.

Seguimiento en tiempo real permite pillar sobrecostos

Los cambios al Código incorporan el control de legalidad automático a los fallos de responsabilidad fiscal, pero fijan unos términos razonables para su resolución y eso es un aliciente para seguir trabajando con el mismo ímpetu que nos ha dado el nuevo modelo de control fiscal, agregó.

Para el Contralor, “En este nuevo ambiente de agilidad en los procesos y sus controles, podrán sobresalir las bondades del modelo en materia de protección de los recursos públicos y de sanciones oportunas a aquellos que le producen graves detrimentos al patrimonio de los colombianos.

En este sentido, Córdoba enfatizó en la capacidad que tiene ahora la CGR para hacer seguimiento a la ejecución del recurso público en tiempo real, generando alertas en casos de posibles riesgos de pérdida del recurso, o insumos para los ejercicios del control fiscal, nos ha dado resultados como estos:

“Hasta el momento hemos obtenido beneficios por fiscales casi $6 billones de pesos, una cifra que, apelando a las comparaciones, equivale a un poco menos del doble de lo que el Gobierno Nacional ha destinado a la ejecución del Plan Nacional de Vacunación”, resaltó.

Además, gracias al control preventivo, la Contraloría General de la República ha producido cerca de 500 alertas que han servido para renegociar contratos en los que estaban en riesgos millonarios recursos.

“Con la tecnología en tiempo real hemos revisado cada contrato que vaya llegando, se comparan los precios del contrato con inteligencia artificial y con los precios de Construdata, el DANE, Colombia Compra Eficiente, se pueden revisar si esos son o no los precios o si hay presuntos sobrecostos y solo con esas alertas ya empiezan a renegociar las personas, porque los vamos pillando”, anotó.

“Nuestra presencia activa ha sido decisiva para el cierre de proyectos como Túnel de la Línea, Ruta del Sol III, megacolegios y para lanzar una cruzada sin precedentes en el país contra las obras públicas inconclusas o los elefantes blancos”, concluyó.