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Un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico fue propinado por la Armada de Colombia en desarrollo de operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y coordinadas con la Policía Nacional, en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare, donde ubicaron y destruyeron 36 laboratorios empleados para el procesamiento de pasta base de coca, además de la captura de tres sujetos por los presuntos delitos de fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidio.

Al interior de estas estructuras fueron hallados 1 047 kilogramos de pasta base de coca, 2 484 kilogramos de hoja de coca macerada, 6 963 kilogramos insumos sólidos y 12 230 galones de insumos líquidos, al parecer pertenecientes a los Grupos Amados Organizados que delinquen en la región.

Durante los hallazgos fueron capturados tres sujetos, uno de ellos conocido con el alias de “Guama”, cabecilla de la Red de Apoyo de Estructuras Residuales – RAER, encargado de la comercialización de pasta base de coca del Grupo Armado Organizado Residual - Estructura “Miller Perdomo”, en el departamento del Caquetá. El hombre que llevaba cuatro años integrando esta estructura criminal, cumplía órdenes directas de alias “Cacique”, coordinador del narcotráfico de esta estructura delincuencial.

El sujeto emprendió la huida mientras se encontraba, al parecer, comprando estupefacientes en un laboratorio hallado y destruido por la Fuerza Pública en el corregimiento de Remolinos del Caguán - Caquetá. Inteligencia de la Armada de Colombia identificó al sujeto y de inmediato se inició un intenso operativo, donde fue finalmente capturado en una zona residencial de la ciudad de Florencia – Caquetá. Alias “Guama” tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidio.

Los otros dos sujetos capturados, fueron sorprendidos en flagrancia, en la vereda “El Piñalito” en el municipio del Retorno- Guaviare, cuando adelantaban actividades ilícitas de procesamiento de pasta base de coca en uno de los laboratorios hallados y destruidos por las Fuerza Pública. Los implicados fueron imputados por los presuntos delitos de fabricación y/o porte de estupefacientes.

Las estructuras, los insumos sólidos y líquidos fueron destruidos de forma controlada en el lugar de los hechos, siguiendo las normas de seguridad para este tipo de procedimientos, conservando todas las medidas para el cuidado del medio ambiente. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Sur, continuará desarrollando operaciones fluviales en el área de responsabilidad asignada de forma conjunta y coordinada con el objetivo de afectar la producción de estupefacientes y las fuentes de ingresos económicos de los Grupos Armados Organizados que delinquen en la región.

Gobernador Jesús Galdino irá a juicio en la corte suprema de justicia por el PAE

𝖫a Corte Suprema de Justicia llamará a juicio al mandatario de Amazonas Jesús Galdino Cedeño, por un Contrato que suscribió en plena pandemia relacionado con la alimentación escolar y que, según La Fiscalía no era necesario adelantar, ya que existía un convenio anterior para ese mismo fin.
Fuentes judiciales indicaron que la Corte acaba de fijar la fecha del Juicio para el día 9 de septiembre de 2021.

Según el Ente Acusador, el gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño habría cometido el delito al firmar un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un convenio pactado en plena contingencia del COVID-19. El documento de 37 páginas que fue radicado el pasado 14 de mayo de 2021 por el fiscal Julio Ospino ante la Secretaría de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde se adelantará su juicio.

El 7 de abril pasado, la Fiscalía le imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, Galdino no los aceptó y se salvó de la prisión preventiva mientras su proceso avanzaba.

Galdino, médico de profesión, fue elegido en 2019 con más de 11.000 votos, pero su desgaste ante la ciudadanía creció de manera creciente ante sus reiteradas ausencias al despacho, y la evidente falta de conocimiento para ejercer a cabalidad sus funciones, lo que propició que algunos contratistas del interior del país, se metieran a tomar las decisiones más importantes de su gobierno.

Las autoridades recibieron denuncias sobre irregularidades en esos convenios, entre ellos uno suscrito por el gobernador Galdino el 6 de abril de 2020, que tenía como fin “el suministro de alimentos para el programa PAE en el marco de la emergencia económica, social y ecológica del COVID-19” por un valor de $429 millones. Según la Fiscalía, su trámite y celebración violaron principios de la contratación estatal “como la transparencia, economía y responsabilidad”, entre otros. El ente investigador dice que Galdino suspendió, a finales de abril de 2020, un contrato de esa misma naturaleza suscrito en diciembre de 2019 por la gobernación anterior por más de $4.000 millones y que se iba ejecutar durante el año escolar de 2020.

Lo que le cuestiona la Fiscalía es que se “desconociera sin justificación” la existencia de un contrato previo para alimentar a los menores de edad del departamento durante 2020 y no llegar a un acuerdo con el contratista que había ganado ese convenio.

“El gobernador, a través de su secretario de Educación Victor Mora, no aceptó las diferentes solicitudes que realizó el gerente de la firma contratista Consorcio Alimentación Infantil 2020, dirigidas a la realización de unas mesas de trabajo que permitieran establecer nuevos lineamientos, derivados de la contingencia sanitaria y de esta forma proseguir con su ejecución como lo venía ejecutando de manera adecuada”, señaló la Fiscalía. Además, también dice que la cabeza de dicho consorcio fue excluida del nuevo contrato sin justificación. Incluso, en septiembre de 2020, la Fiscalía dice que la Gobernación logró ajustar el contrato con el consorcio con el fin de que entregara las raciones de comida en casa, hecho que demostraría la irregularidad del contrato firmado en abril.

Según el Ente Acusador “El gobernador Jesús Galdino Cedeño era consciente de que el trámite contractual aludido se adelantaba y prosiguió de forma irregular (...) sabía que el adelantamiento del proceso contractual sin el cumplimiento de sus requisitos legales no garantizaba la correcta realización de actuación contractual; era de su exclusivo resorte y responsabilidad la suspensión, vigilancia y control de esa actividad por ser el ordenador del gasto y representante legal del departamento (...) ese nuevo contrato condujo a realizar una erogación más cuando ya existía uno previamente y con el mismo objeto”, concluye el escrito de acusación contra Galdino.

El.abogado del mandatario amazonense, el penalista Álvaro Rolando Pérez, afirmó que se cumplió con todo lo contemplado y que incluso el Gobierno aportó el 80 % del dinero del contrato ahora cuestionado. “Se cambió el contratista que venía prestando el servicio porque el objeto del contrato cambió.

La falta de experiencia en la administración pública y las malas decisiones del mandatario, violando la ley, podría resultar en una nueva convocatoria a elecciones en caso que la Corte falle en contra del gobernador Jesús Galdino Cedeño, en el Juicio programado para empezar el próximo 9 de septiembre en la Sala Penal

En un trabajo mancomunado entre el Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se logró transportar a tres menores de edad en condiciones de vulnerabilidad, desde el área no municipalizada de Puerto Arica hasta la capital del Amazonas, Leticia.

La misión se llevó a cabo en atención a que presuntamente a las menores entre los 7 y 12 años de edad eran objeto de vulneración de sus derechos, por lo cual, el Grupo Aéreo del Amazonas puso a disposición una aeronave tipo Caravan C-208 para realizar el traslado de las referidas debido a que las mismas se encontraban en una zona de difícil acceso y requerían ser evacuadas.

El ICBF desplegó sus equipos con el fin de brindar ayuda psicosocial y dar inició a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Cabe agregar que, el personal profesional fue el encargado de custodiar a las menores durante el proceso de evacuación y el vuelo hasta llegar a Leticia, para allí ser recibidas por las autoridades competentes.

De este modo, su Fuerza Aérea Colombiana, a través del GAAMA, continuará apoyando las entidades públicas y privadas, en aras de dar cumplimiento a las acciones para la promoción y protección los derechos de los niños y niñas de las comunidades indígenas en el departamento del Amazonas.