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El ambicioso proyecto que pudo prevenir la crisis actual del río Amazonas en Leticia fue ignorado en los gobiernos de Uribe

La próxima Cumbre de Presidentes Amazónicos en Bogotá, fijada para el 22 de agosto, podría representar una oportunidad clave para priorizar la agenda de gestión del río y la protección de la ciudad

La reciente polémica entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla de Santa Rosa, surgida tras la aprobación de una ley en el Congreso peruano para declararla distrito de su país, ha puesto bajo los reflectores el impacto de la dinámica del río Amazonas y sus efectos en la conectividad de Leticia.

Sobre esta situación, científicos que han investigado durante décadas el comportamiento del río Amazonas en Colombia, alertan sobre las consecuencias de no haber intervenido oportunamente su cauce.

La disputa se produce en un contexto en el que el Amazonas ha reducido significativamente su caudal en territorio colombiano. Investigadores como Santiago Duque, de la Universidad Nacional de Colombia, han advertido durante años que el río, por procesos naturales y su geomorfología, está modificando su trayecto y alejándose de Leticia.

Esto se traduce en una disminución paulatina en el volumen de agua que circula por los brazos colombianos. Datos de un estudio de 1993 realizado por Duque señalaban que el 70% del agua del Amazonas se dirigía por el brazo peruano, mientras que apenas un 30% transitaba por canales colombianos; la situación hoy es más extrema.

Juan Gabriel León, profesor de la misma universidad en la sede Palmira, en declaraciones a El Espectador, constató mediante mediciones recientes que menos del 19,5% del agua del estrecho de Nazareth sigue rumbo a Leticia y las islas de Ronda y Rondiña, ambas ubicadas antes de Santa Rosa.

Las cifras muestran que casi el 80% del caudal está siendo captado por el brazo peruano. León sostuvo para El Espectador: “Para ir al río Amazonas habrá que caminar hasta la isla de Santa Rosa” si no se realiza ninguna intervención.

Los proyectos realizados y los que quedaron en “veremos”
Frente a la problemática, los científicos recordaron que entre Ronda, aún territorio colombiano, y Rondiña, en zona peruana, en 2002, al inicio del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se propuso una excavación para remover rocas y sedimentos y mejorar así el flujo de agua en los canales nacionales.

Esta propuesta fue liderada por Lilian Posada, entonces docente de la Universidad Nacional sede Medellín, que en 2002 firmó un contrato con el Instituto Nacional de Vías (Invías) para diseñar un proyecto para rehabilitar el muelle Victoria Regia de Leticia.

“Propusimos alargar una parte del muelle flotante para llevarlo de nuevo hasta las aguas del río. Lo volvimos a poner en funcionamiento”, indicó la especialista, y recordó que advirtió a la entidad que el muelle volvería a secarse si no se realizaban obras complementarias; por ello, propuso realizar un dragado del río y la construcción de espolones destinados a redirigir el caudal.

Posada relató a El Espectador que el dragado habría facilitado que la fuerza natural del río movilizara los sedimentos y mantuviera abierto el canal hacia Colombia, evitando la acumulación de islas que obstaculizan el paso del agua. “Eso se pudo haber evitado”, sostuvo la profesora al recordar que el muelle Victoria Regia operó nuevamente tras la intervención, pero desde entonces el avance del río sobre territorio colombiano continuó sin que se concretaran las obras sugeridad.

Al diseño de espolones –estructuras sumergidas estratégicamente en el río para canalizar el caudal–, también se sumaron advertencias sobre la necesidad de acuerdos bilaterales con Perú para las obras. De acuerdo con Posada, el proyecto presentado al Invías en 2006 no avanzó por falta de consensos y de políticas de desarrollo concretas para la región. “Colombia les ha dado la espalda a los ríos”, dijo la científica al mencionado medio de comunicación.

El retroceso del Amazonas ha tenido repercusiones concretas para los residentes de Leticia y Santa Rosa. Comerciantes y estudiantes tuvieron que cruzar varios kilómetros a pie por el fondo reseco del río durante 2024. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre abril y septiembre de 2024 el caudal en su estación de Nazareth descendió un 82% respecto a sus niveles tradicionales, estableciéndose un récord mínimo.

Según un modelo de la Armada Nacional citado por El Espectador, si las condiciones actuales permanecen sin intervención, en una década el Amazonas sólo podrá abastecer de agua a Leticia durante breves temporadas de crecida. El resto del año, los canales colombianos quedarían intransitables y Leticia perdería su acceso fluvial directo al río.

Científicos de la Universidad Nacional insisten en las consecuencias de esta dinámica geomorfológica. Silvia López, bióloga experta en ecosistemas acuáticos, explicó al medio citado que los ríos depositan materiales en sus tramos lentos, permitiendo la formación de bancos de arena e islas, como la propia Santa Rosa, que comenzó a consolidarse hacia 1970. El crecimiento de vegetación en los bancos de sedimentos ha fortalecido el proceso de aislamiento fluvial de Leticia.

Desde la academia, Posada sostiene que aún existe la posibilidad de evitar la desconexión total mediante un dragado durante la temporada seca de septiembre, cuando la inversión sería más eficiente. “Todavía se puede evitar que Leticia pierda el río Amazonas”, declaró en la entrevista.

Ajustar los estudios y ejecutar las obras recomendadas son, para los expertos, los pasos inmediatos para mitigar las consecuencias del desplazamiento del río.

Los investigadores estiman que la próxima Cumbre de Presidentes Amazónicos en Bogotá, fijada para el 22 de agosto, podría representar una oportunidad clave para priorizar la agenda de gestión del río y la protección de la ciudad.

La problemática adquiere un nuevo matiz en la medida en que el gobierno estudia la posibilidad de construir un malecón turístico en Leticia, iniciativa que para los profesores no atiende la raíz del fenómeno. “¿Para qué esa obra, si el río se está secando?”, plantearon en diálogo con el diario.

Por : Paula Naranjo - Infobae

La disputa entre Perú y Colombia por la isla Santa Rosa, en el río Amazonas, ha pasado de ser un asunto geográfico a convertirse en un foco de desinformación y tensiones diplomáticas que, si no se manejan con cuidado, podrían escalar a asuntos más serios. Más allá de las declaraciones imprecisas de ambos Gobiernos, el caso revela la ausencia de una verdadera política de fronteras y la persistencia de enfoques anacrónicos que obstaculizan la integración regional.

Carlos G. Zárate Botía | magíster en Estudios Amazónicos de Flacso Ecuador, Ph. D. en Historia Comparada de América Latina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), profesor adjunto de la UNAL Sede Amazonia, integrante del Grupo de Estudios Transfronterizos (GET) de la UNAL, director del Centro de Pensamiento en Fronteras (CPF) de la UNAL

No tardaron en conocerse las diferencias entre Perú y Colombia sobre la pertenencia de la isla Santa Rosa, para que unos hechos de relativamente tranquilo discernimiento y negociación quedaran sepultados bajo una avalancha de desinformación y malas interpretaciones que buscan no solo sacar provecho político, sino, lo más grave, echar leña a una controversia que, si no se maneja adecuadamente, puede desembocar en una confrontación armada.

Esto queda cada vez más palpable por la dificultad de diferenciar los pocos reportes mesurados –en la prensa y los medios de comunicación nacionales e internacionales– sobre la irresponsable, inexacta y superficial algarabía relativa, entre otras cosas, a que Perú intentará recuperar a Leticia, a que Colombia no cuenta con los aviones y medios de defensa de su territorio, o a que los Gobiernos tanto de Perú como de Colombia están intentando desviar la atención sobre sus problemas internos. Desafortunadamente, algunas ligeras e inexactas declaraciones de los gobernantes de los dos países no han ayudado a impedir, o por lo menos disipar, la absurda idea de un eventual conflicto armado.

Habría que empezar por restablecer las causas y el origen de esa controversia, que se pueden resumir en unos pocos puntos:

1. Previo el acuerdo acerca de la definición y ubicación del canal central del río Amazonas, o talweg, la pertenencia de las islas del río Amazonas quedó establecida en el Acta n.° 4 del 11 de noviembre de 1929, sobre el arreglo de límites, así:

pertenecen a Colombia: la isla Zancudo número 2, las islas Loreto, las islas Santa Sofía, las islas Arara, la isla Ronda y la isla Leticia; y pertenecen al Perú: la isla Tigre, las islas Coto, la isla Zancudo, la isla Cacao, la isla Serra, la isla Yahuma y la isla Chinería. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1929, p.28)

Según esto, y con la información relativa a la isla Santa Rosa, hacia la década de 1940 (Bevier y Moreno, 1934; Zárate, 2019) esta aun no existía, por lo que difícilmente pudo ser materia del referido acuerdo, aunque en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 se acordó la resolución conjunta de los eventuales desacuerdos relacionados con las islas.

2. La isla Santa Rosa se empezó a formar hacia la década de 1950, y una década más tarde se empezó a poblar de manera permanente por habitantes mayoritariamente peruanos, y más adelante se establecieron autoridades estatales (puesto de policía, migración, aduana) dentro del territorio peruano marcado por el talweg convertido en línea divisoria trazada desde 1929, es decir en la banda sur del canal central del río Amazonas.

3. En las últimas décadas el antiguo canal central se comenzó a sedimentar desplazándose hacia la parte de atrás de la isla de Santa Rosa, acercando la isla a la parte continental donde está ubicada Leticia, dificultando la navegación y el embarque y desembarque de pasajeros y mercancías procedentes principalmente de los asentamientos ribereños de la orilla colombiana, ubicados entre las poblaciones de Leticia y Puerto Nariño.

4. En el marco de su proceso de ordenamiento territorial en la Amazonia peruana de las últimas décadas, el 12 de junio de 2025 el Congreso peruano determinó la creación del Distrito de Santa Rosa, en la isla del mismo nombre, como parte de la Provincia de Ramón Castilla, la cual existía incluso antes de la demarcación del trapecio Amazónico en 1929.

Sobre estos hechos, que en principio parecen incontrovertibles, los Gobiernos y las cancillerías han procedido a emitir sus comunicaciones y, sin parecer advertirlo, sus errores, inexactitudes y falencias. El canciller peruano, sin mayor fundamentación y sin desmentir creíblemente la inexistencia de Santa Rosa, se apresuró a sugerir su origen en una división de la isla Chinería, asunto que, además de no estar adecuadamente documentado, no deja de ser totalmente secundario y desvía el tema principal, a saber: el cambio y desplazamiento del canal central del Amazonas que marca la línea fronteriza.

Esto le evita considerar la necesidad de actualizar y acordar con Colombia la pertenencia o el dominio de la isla, con lo que se evidenciaría la unilateralidad del acto de creación del Distrito de Santa Rosa, desconociendo eso sí la letra y el espíritu de los acuerdos de límites de 1929 y 1934 relacionados con la solución de controversias sobre los cambios en las islas fluviales del Amazonas.

Por su parte, el presidente colombiano se equivoca al sugerir la invasión por parte del Perú de una isla que “forma parte” del territorio colombiano, o la “violación del tratado de límites” por parte de Perú. Ni lo primero ni lo segundo son exactos ni se cumplen, si nos atenemos a las conclusiones de los 4 postulados enunciados arriba. No obstante, más que increpar al presidente colombiano por sus imprecisiones, esto nos invita a reflexionar sobre el alcance y las consecuencias de sus respuestas, pero muy particularmente sobre la actual y reciente política de fronteras del Estado colombiano.

La obsolescencia de la actual política de fronteras

El asunto no solo es que estas declaraciones y acciones de lado y lado generan, y en cierta medida legitiman, toda una serie de actos de animadversión y provocación, ya de por sí potencialmente peligrosos como los que hemos visto en estos últimos días. El problema de fondo es que los dos Gobiernos han caído atrapados en la contestataria y pugnaz retórica de un nacionalismo estrecho, el mismo que continúa marcando la fosilizada tradición diplomática de ambos países, y que además apuntala, por lo menos en el caso de Colombia, la ausencia de una política de fronteras seria, lo que reiteradamente nos recuerda que la Ley 191 de 1995 (Ley de Fronteras), al igual que la misma Constitución de 1991 –que le dio sustento en materia de fronteras– o que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, continúan durmiendo el sueño de los justos.

En el caso colombiano, el énfasis en la defensa de la soberanía y en los aspectos confrontacionales deja ver, por defecto, la ausencia de las orientaciones constitucionales y de cooperación fronterizas existentes para regular las relaciones con nuestros vecinos. Parece olvidarse de que, en el mismo preámbulo de la Constitución de 1991, existe el mandato de impulsar la integración latinoamericana, así como el de promover la acción conjunta entre las entidades territoriales ubicadas en las zonas fronterizas, además de la posibilidad de crear entidades territoriales fronterizas en la Ley de Fronteras de 1995. Igualmente ha sucedido con las pocas líneas dedicadas a las fronteras en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

Este olvido, así como el casi nulo avance en estas materias, aunado a la persistencia de una visión y una práctica anacrónicas en las relaciones exteriores, nos permiten afirmar una y otra vez que Colombia sigue careciendo de una verdadera política de fronteras.

Mientras no se corrijan los serios problemas de concepción, definición e implementación de la Ley de Fronteras, y no se avance decididamente en el reconocimiento de las regiones fronterizas como entidades territoriales, o de las regiones transfronterizas donde se encuentran más de dos países, Colombia, y también el Perú, además de los otros países compañeros de viaje fronterizo, seguirán careciendo de instrumentos y propuestas serias para afrontar conflictos como el que se ha presentado recientemente.

La movilidad transfronteriza, los flujos comerciales y las redes de parentesco, así como la constitución de complejos urbanos y conurbaciones, entre muchas otras manifestaciones de las regiones transfronterizas de Colombia (Zárate, Aponte y Victorino, 2017), no se pueden seguir manejando con el estrecho nacionalismo metodológico y político que sigue orientando los reducidos y parcialmente obsoletos enfoques de la soberanía nacional aun predominantes.

Colombia tiene hoy ante sí el espejo de cómo el equivocado y malévolo manejo de un conflicto territorial fronterizo de la magnitud del que enfrenta, el llamado Occidente con Eurasia, en Ucrania, ha podido poner al mundo al borde de una guerra nuclear. Aquí seguramente no se pone tanto en juego, aunque sí se puede perder la oportunidad de tramitar amigablemente el actual diferendo fronterizo con Perú, y de que Colombia construya una verdadera geopolítica de fronteras que permita avanzar firmemente en la integración de la Amazonia y de toda la región latinoamericana.

Referencias
George G, Gast A, y Moreno I. (1934). Estudio de las condiciones sanitarias de Leticia: Intendencia del Amazonas. Bogotá: Imprenta Nacional.

Ministerio de Relaciones Exteriores. (1929). División de Fronteras. Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República del Perú.

Zárate C. (2019). Amazonia 1900-1940: El conflicto, la guerra y la invención de la frontera. Leticia: Universidad Nacional de Colombia: Instituto IMANI: Grupo de Estudios Transfronterizos.

Zárate C, Aponte J, y Victorino N. (2017). Perfil de una región transfronteriza en la Amazonia: La posible integración de las políticas de frontera de Brasil, Colombia y Perú. Leticia: Editorial de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente consultada periodico.unal.edu.co

Un Juzgado Penal del Circuito de Leticia dictó una sentencia condenatoria en el caso de varios imputados vinculados a delitos de corrupción. Entre los condenados figuran Aliirio de Jesús Vasquez y Gérardo García Carihuasa, además de otros tres coacusados, a quienes se les impuso una pena principal de 68 meses de prisión y multas asociadas. Se impuso, asimismo, una pena accesoria de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 80 meses. Se negó el traslado a la Comunidad y la prisión domiciliaria, ordenándose el cumplimiento íntegro de la pena. La ejecución de la sentencia quedó provisionalmente suspendida hasta que el Tribunal Superior de Cundinamarca resuelva el recurso de apelación presentado por las defensas.

Personal del grupo de Protección de la Policía Nacional de Leticia Amazonas, adelanta actividades de vigilancia y control en establecimientos abiertos al público, con el fin de prevenir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a lugares destinados al consumo de bebidas embriagantes, garantizando así su protección y bienestar.