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El territorio amazónico perdió más de 3.800 hectáreas boscosas entre julio y septiembre, con parches pelados y calcinados de hasta 50 hectáreas, de acuerdo con el tercer informe de Alertas Tempranas por Deforestación emitido por el Ideam. Meta, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cauca y Chocó también registraron serios impactos.

En lo corrido de este año, la deforestación en Colombia no se concentró en un solo territorio, municipio o departamento: la motosierra se paseó por gran parte del territorio nacional.

Los bosques de La Macarena (Meta), en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tinigüa, fueron su primera víctima a comienzos de 2018, con cerca de 5.000 hectáreas calcinadas para la ganadería o para el acaparamiento de tierras. Luego, entre abril y junio, se trasladó a las húmedas selvas del Pacífico, periodo en el que, por causas asociadas la minería ilegal, los 15 municipios más afectados en el país fueron de esta región.

Ahora, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre Alertas Tempranas por Deforestación en el tercer trimestre del año, los bosques del Guaviare fueron los más carcomidos y mordisqueados por la motosierra.

Entre julio y septiembre, el departamento amazónico perdió 3.874 hectáreas de bosque y albergó 431 parches pelados y calcinados, en su mayoría con áreaa entre las 10 y 20 hectáreas. De este total, seis superaron las 50 hectáreas. Además, reunió 17,3 por ciento de las alertas nacionales, el porcentaje más alto en el país.

Sumado a esto, el Guaviare albergó el punto más crítico y rasguñado por la deforestación, de los ocho identificados por el Ideam. El deshonroso título fue para la carretera Marginal de la Selva, en el municipio de Calamar, en el occidente del departamento y en cercanías al río Guayabero.

El Ideam indicó que las principales causas de deforestación en este punto fueron la expansión de praderas para apropiación de tierras y ganadería, actividades que suelen tener su financiamiento por actores externos, quienes ven en la posesión de tierra y cambio de uso, una expectativa de valorización a costa de los bosques.

La entidad también identificó una expansión de la infraestructura vial, y extracción ilegal de madera y cultivos ilícitos fomentados por actores armados ya establecidos en la zona. El municipio con mayor concentración de alertas tempranas por deforestación en Colombia fue Calamar, uno de los cuatro territorios del Guaviare.

Los otros amazónicos

En el sur del Meta, en áreas cercanas al Parque Tinigüa (La Macarena), estuvo el segundo núcleo más relevante por pérdida de bosque en el tercer trimestre, punto ya afectado a comienzos del año. La mayor cantidad de alertas tuvo lugar por el paso del río Guayabero.

El Instituto alertó que en Tinigüa convergen múltiples causas de deforestación, en su mayoría impulsadas por grupos al margen de la ley o personas externas que financian el cambio del uso del suelo. Agricultura, coca, ganadería, acaparamiento de tierras, incendios forestales y extracción ilegal de especies maderables, son sus verdugos.

“Por tener suelos pobres, los productores agrícolas buscan nuevas áreas para establecer la actividad. Entre tanto, en bordes del bosque proliferan cultivos ilícitos propiciados por la alta rentabilidad y facilidad de comercialización de la hoja de coca y sus derivados”, dijo el Ideam.

Los incendios forestales son utilizados para dar paso a la ganadería y acaparamiento en enormes extensiones de tierra para la siembra de pastos. La extracción de madera de especies de valor comercial es informal, de manera previa a la tala o quema de los terrenos.

Tinigüa fue el Parque Nacional Natural con mayor cantidad de alertas, lo que pone en riesgo su alta importancia ecológica: sirve como corredor para especies amazónicas y andinas.

Meta fue el segundo departamento más perjudicado por la pérdida de bosque, con cerca de 2.177 hectáreas deforestadas en su parte sur, distribuidas en 340 polígonos de hasta 50 hectáreas de extensión. Concentró 16,3 por ciento de las alertas tempranas, mientras que La Macarena fue el tercer municipio con mayores grados de afectación a nivel nacional.

Más hacia el sur, en zonas de Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón en Putumayo, las imágenes satelitales hallaron un punto crítico de deforestación, en límites con Caquetá y por terrenos aledaños a los ríos Mecaya y Putumayo.

La praderización con fines ganaderos y de acaparamiento fueron sus principales causas de transformación de bosque. El Ideam precisó que aunque hay ganadería por parte de productores locales, el mayor impacto está en las escalas extensivas, con densidades muy bajas de ganado y financiada por los grupos armados.

En San José del Fragua (Caquetá) y Mapiripán (Meta) también hubo presencia de eventos de deforestación, pero en menor proporción, al igual que una persistencia en San Vicente del Caguán.

Deforestación al norte

Tibú y Sardinata, en la zona del Catatumbo (Norte de Santander), albergaron el único gran foco de deforestación en la región Andina, en bosques aledaños a los ríos San Miguel, Nuevo Presidente y Tibú. El cultivo de coca propiciado por los actores armados ilegales es su principal motor de depredación, además de la minería de socavón, ganadería y demanda de madera para uso productivo.

Los bosques del Caribe perdieron terreno en Tierralta, al sur de Córdoba y dentro del Parque Nacional Natural Paramillo, la segunda área protegida con más alertas. La ganadería abunda, en especial la de tipo extensivo, fundamentada en las expectativas de titulación.

El Ideam también observó un crecimiento en los cultivos de coca, un sustento de las familias locales que no tienen más alternativas productivas rentables. “Hay presencia de extracción de madera ilegal y mecanizada, ganancias destinadas para compensar los gastos que demanda la ganadería”.

Un punto nuevo, por lo menos en lo corrido de este año, es Montes de María, entre Bolívar y el norte de Sucre, con afectación en los bosques de San Jacinto, Carmen de Bolívar y Ovejas.

“La principal amenaza es la actividad agropecuaria, representada en agricultura de pequeña escala, cultivos agroindustriales como palma de aceite y ganadería sobre suelos deteriorados. La zona tiene un proceso de reocupación por los habitantes que previamente fueron desplazados por la violencia y hay extracción de madera para uso local y como material de construcción y combustible”, indicó la entidad.

Minería, el cáncer del Pacífico

Mientras que el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva reinan en términos de deforestación en otros sitios del país, en el Pacífico su accionar está relacionado principalmente con la minería de oro. En el tercer trimestre, la región albergó dos puntos críticos en Chocó y Cauca.

En Chocó, el informe indica que persisten las alertas en Alto Baudó, con afectaciones por la explotación minera en las márgenes de los ríos Baudó, Nauca y sus afluentes, impactando los recursos naturales y la salud de los pobladores. También hay agricultura de pequeña escala e itinerante, extracción selectiva de madera y cultivos ilícitos motivados por la facilidad de comercialización y la presión de los actores armados ilegales.

En Cauca el núcleo fue en Timbiquí, con focos a lo largo del cauce de los ríos Saija y Patía. La presencia de minería a cielo abierto para la extracción de oro en estos cuerpos de agua es la actividad más perjudicial para los bosques, además de los cultivos de coca.

Aunque con menor impacto que los dos sitios anteriores, el Ideam llamó la atención en el extremo oriental de Chocó por deforestación en Bagadó, cerca al límite con Risaralda.

Mauricio Cabrera Leal, coordinador de política en temas mineros de la WWF Colombia, dijo que la minería, tala por explotación ilegal de madera, potrerización y cultivos ilícitos, han estado presentes en el Pacífico durante los últimos años.

Sin embargo, indicó que el aumento de las operaciones de control en los ríos Quito y Atrato puede haber incidido en la movilización del fenómeno hacia otras áreas del departamento. Resaltó que varias zonas degradadas por minería han sido recuperadas a través de un proyecto de conservación de biodiversidad en paisajes impactados por esta actividad.

Por su parte, Germán Darío Álvarez, experto en el tema forestal y ex subdirector de agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mencionó que la riqueza inaccesible del Pacífico es aprovechada para la proliferación de cultivos y el asentamiento de la minería ilegal, actividades que han abierto grandes parches sin cobertura boscosa para extraer elementos como el oro.
“Además, la madera extraída de los bosques del Pacífico sale cruda hacia los sitios de acopio del país o el extranjero, en donde es transformada en otros productos que sí generan un valor agregado. Es necesario reconocer los servicios que presta el bosque, como la producción de semillas o la fabricación sostenible de artesanías”, puntualizó.

Gran Alianza Contra la Deforestación en Colombia

Tras más de dos meses de paro y 16 reuniones de negociación, este viernes los líderes universitarios y el Gobierno nacional llegaron a un acuerdo que permitirá levantar el cese de actividades académicas en las universidades públicas.

Las partes arreglaron que durante el cuatrenio del presidente Iván Duque se aumentará el presupuesto de la educación superior pública en $4,5 billones. De estos recursos, $1,34 billones serán destinados a las instituciones públicas de educación superior.

Fuente consultada / COLPRENSA - elheraldo.co

Policía en Leticia captura un hombre que hurtó a mujer en silla de ruedas

Aprovechó de la discapacidad de la afectada, pero metros más adelante fue capturado

Leticia, Amazonas. En desarrollo del Plan “Navidad Segura” Más Cerca del Ciudadano, la Policía Nacional en el Amazonas, capturó en Leticia a un hombre que hurtó el celular de una mujer que se encontraba en silla de ruedas, sin conmoverse por su estado de discapacidad, este se aprovechó de su condición y huyó del lugar, pero más adelante fue alcanzado por la patrulla de policía.

Los hechos se dieron sobre la Calle 8 en el barrio Victoria de Regia, donde siempre se ubica la señora Iris Mozombite Cuellar, de 49 años de edad, a ofrecer el servicio informal de llamadas a celular. A este lugar llega un señor solicitando “minutos” y valiéndose de la confianza de la señora y de su estado de discapacidad física, huye del lugar con el equipo celular de baja gama, por lo cual la afectada solicita auxilio y su llamado es atendido por la patrulla del cuadrante; los policías llegan a una casa donde este se escondía, logrando recuperar el equipo móvil y dando con la captura en flagrancia de este sujeto.

El capturado fue identificado como Jhon Aimer Zumaeta Tejada, de 24 años de edad, natural y residente en el corregimiento de Puerto Santander, pero habría llegado a Leticia, donde pretendía desarrollar prácticas delincuenciales que afectan la tranquilidad del municipio.

En el procedimiento se pudo recuperar el celular de marca GRUN, de color negro avaluado en la suma de $ 80.000 pesos. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de Hurto.

Cumplir con el Acuerdo de París no salvaría a los bosques colombianos

Lo mismo le ocurriría en Brasil, Indonesia, Perú, República Democrática del Congo y Myanmar (Birmania). Según Rainforest Foundation Norway, ninguno de los compromisos de estos países en el Acuerdo de París está en consonancia con los actuales objetivos internacionales para detener la deforestación en 2030.

En diciembre de 2015, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), el planeta adoptó el Acuerdo de París, un instrumento que busca hacerle frente al cambio climático y que pretende mantener por debajo de los 2 grados centígrados la temperatura promedio de la Tierra.

Los 197 países que hacen parte de este Acuerdo cuentan con objetivos puntuales que evitarían que la Tierra continúe calentándose y perdiendo su biodiversidad. Colombia, que a mediados del año pasado ratificó su compromiso, tiene la tarea de reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20 por ciento en 2030.

Sin embargo, en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), donde cerca de 30.000 personas están reunidas hasta el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Katowice (Polonia), un estudio de Rainforest Foundation Norway, con el apoyo de la Asociación Ambiente y Sociedad y otras organizaciones, ya dejó perplejos a los invitados.

El reporte “Aproximándonos al punto de no retorno” contiene un análisis del papel de los bosques con los compromisos del Acuerdo de París, denominados Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), en seis de los países con mayor presencia de bosques y selvas tropicales: Brasil, Indonesia, Perú, Colombia, República Democrática del Congo y Myanmar (Birmania).

La conclusión fue contundente: así cumplan con los compromisos del Acuerdo de París, la deforestación de los bosques de estos países continuaría, y en algunos la tasa de pérdida boscosa incrementaría. La razón fue que ninguno de los compromisos de estas naciones en acuerdo está en consonancia con los actuales objetivos internacionales de detener la deforestación al menos para 2030.

En Colombia, el análisis indica que su compromiso de reducir 20 por la base de emisiones para 2030, no tiene un objetivo específico para el sector forestal o para lo que los expertos llaman LULUCF (uso de la tierra, vocación y silvicultura). Además, no proporciona suficientes detalles para evaluar las emisiones esperadas de los bosques.

“El objetivo de reducción en las emisiones de Colombia no está desagregado en diferentes sectores, por lo cual no proporciona información sobre las emisiones de uso de la tierra, vocación y silvicultura esperadas en 2030. Tampoco hace referencia al nivel objetivo de deforestación y degradación de los bosques, ni a sus compromisos internacionales de restauración”, cita el reporte.

Rainforest Foundation Norway recalca que en la meta colombiana no hay nada que indique que el país detendrá la deforestación. Pero asegura que ya tiene el compromiso de aclarar sus objetivos de emisiones forestales antes de 2020, lo que podría representar una mejora en su contribución al Acuerdo si incluye objetivos para frenar la erradicación del bosque.

Otro balde de agua para el territorio nacional es que no hace referencia a los derechos humanos ni a los pueblos indígenas o las comunidades locales en su compromiso del Acuerdo de París, tanto para la planificación o implementación.

Apuntes de expertos

La Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia precisó en un comunicado de prensa que que el compromiso colombiano en el Acuerdo de París cubre 100 por ciento de las emisiones nacionales, es decir los seis Gases Efecto Invernadero del Protocolo de Kyoto y los sectores de emisiones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Pero advierte que el país no proporciona suficientes detalles en sus contribuciones para evaluar las emisiones esperadas de los bosques.

Milena Bernal, coordinadora de cambio climático de la Asociación, informó que los bosques sólo reciben tres por ciento de la financiación disponible para la mitigación del cambio climático. “Hacemos un llamado a los países más ricos para que contribuyan con el financiamiento climático a los bosques tropicales y aumenten la transparencia para mejorar la confianza entre donantes y receptores”.

Por su parte, Torbjørn Gjefsen, asesor de política climática de Rainforest Foundation Norway, puntualizó que aunque la protección de los bosques tropicales es esencial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, las promesas actuales en virtud de este “salvavidas” no están a la altura de los esfuerzos necesarios para salvar la selva tropical. “Algunos países aumentarán la destrucción de los bosques, incluso cuando cumplan sus promesas”.

Patricia Zuppi, asesora indígena de Brasil, complementó que los pueblos indígenas son los mejores custodios de la selva tropical. “Proteger y aumentar sus derechos sobre la tierra tiene que estar en la estrategia de todos los países con selvas tropicales para reducir las emisiones de los bosques”.

Los otros países

El análisis presentado en la COP24 muestra que Brasil no especifica una ambición de mitigación para los bosques, pero sí una reducción del 72 y 90 por ciento de las emisiones de deforestación para 2025 y 2030, con 2005 como punto de partida. Pero como la pérdida de bosque ese año fue muy alta, los expertos consideran que el objetivo no significa una reducción sustancial.

Perú estima un aumento del 70 por ciento en las emisiones por deforestación de 2010 a 2030, y cuenta con una meta de bajar todas las emisiones entre un 20 y 30 por ciento. Por eso, las emisiones de bosques y uso de la tierra podrían subir un 21 por ciento.

La República Democrática del Congo busca reducir 17 por ciento sus emisiones en 2030. Aunque lo alcance, por no tener acciones separadas para reducir la deforestación, el reporte afirma que las de uso de la tierra y silvicultura serán un 50 por ciento más altas que en 2010.

Myanmar (Birmania), ubicado en el sudeste asiático, no proporciona mayores detalles para evaluar las emisiones esperadas de los bosques. El reporte precisa que el país presenta presenta planes y medidas, pero no un objetivo cuantitativo.

Indonesia fue el único que especifica que la deforestación reducirá sus niveles actuales. Dice que el sector forestal pasará de 217 millones de toneladas de CO2 a 64 millones. Aunque precisa una mejora en los índices de pérdida de bosque, el reporte indica que 3,25 millones de hectáreas de bosque serán deforestadas en 2030, un área del tamaño de Bélgica.

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública, en la que la acusa de defraudar 14,5 millones de euros (16,4 millones de dólares) simulando no residir en España entre 2012 y 2014.

La cantante colombiana habría ocultado su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014, según la querella, presentada el viernes en los juzgados de Esplugas de Llobregat (Barcelona).

El Ministerio Público pide que se cite a la cantante como investigada y se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más un tercio -19,4 millones de euros (algo más de 22 millones de dólares)- o se le embarguen bienes hasta alcanzar esa cantidad.

Fuente consultada / bluradio.com-EFE

El debate creció en las últimas semanas en los medios de comunicación y en las redes sociales

El 77,6% de los quiteños está en desacuerdo con que vuelvan las corridas de toros que impliquen la muerte del animal, así lo demuestra uno de los resultados de 1200 encuestas llevadas a cabo en Quito por parte de Opinión Pública.

Emili Utreras, vocera de Opinión Pública, explicó que las encuestas se llevaron adelante en 42 parroquias comprendidas en 29 urbanas y 13 rurales con un margen de error del +-3%.

Fuente consultada / noticiasambientales.com.ar