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Al referirse a la información divulgada en la medios de comunicación sobre los resultados de un informe elaborado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General sobre presuntas entregas de canastas nutricionales por parte de algunos operadores a usuarios fallecidos, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, sostuvo que desde el primer momento en que se flexibilizaron los servicios a raíz de la pandemia, el instituto le solicitó acompañamiento al organismo de control.
De igual manera, señaló que el ICBF no ha recibido oficialmente el informe de la Contraloría General a quien de manera particular solicitó apoyo en el proceso de supervisión y verificación a los operadores de primera infancia que están encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias.

"Desde el primer día el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios", recalcó la Directora del ICBF.

Además, dijo que desde el ICBF se ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que los operadores se lucren de los recuersos destinados a la niñez como la aplicación BienestarApp y Betto, los cuales son vehículos de transparencia para que la contratación que adelanta el instituto, orientada a la atención de los niños de Colombia se cimente en la trazabilidad y escrutinio integral de los recursos.

"Betto incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, señaló la Directora del ICBF.

De igual forma, advirtió que al interior de la institución se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer las responsabilidades de los contratistas, para que estas trasciendan al ámbito penal.

Alianza entre CGR y Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional –USAID–, para fortalecer control fiscal ambiental

Contralor General y director de la Misión USAID Colombia firmaron Memorando de Entendimiento.
Con esta alianza, se fortalecerá el proceso de auditoría en lo referente a deforestación, reforestación y recuperación ambiental.

Bogotá, 30 noviembre de 2020.- La Contraloría General de la República y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- suscribieron un Memorando de Entendimiento que le permitirá al organismo de control tener acceso a tecnología, información satelital, bases de datos y consultoría, y robustecer así el ejercicio de sus funciones de vigilancia fiscal en los temas de medio ambiente, inicialmente en las auditorías sobre deforestación.

La alianza estratégica entre las dos entidades fue convenida de manera virtual por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el director de la Misión USAID Colombia, Lawrence Sacks.

En palabras del Contralor, “este convenio tiene gran potencial, al generar capacidades que le permitirán a la Contraloría General de la República tener mayor impacto en los pronunciamientos sobre las fallas y vacíos de los sujetos de control en la gestión de los recursos estratégicos para la sostenibilidad del país, como los bosques y las selvas; esto se verá reflejado en el mejoramiento de la institucionalidad para su adecuado uso y protección”.

Por su parte, el director de la Misión USAID Colombia celebró la formalización de la alianza con la CGR, para fortalecer el proceso de auditoría en lo referente a la deforestación, reforestación y recuperación ambiental.

La Contralora Delegada para Medio Ambiente, Walfa Constanza Téllez, recalcó la importancia de este Memorando de Entendimiento, por las modernas herramientas con que podrá contar la Contraloría en sus tareas de control fiscal ambiental.

“Con la alianza, se fortalecerá este control, iniciando con una agenda en deforestación, que se aspira ampliar a otros temas que son cruciales en el manejo del medio ambiente y la sostenibilidad en el país”, destacó.

La CGR y la USAID comparten su interés en la lucha contra problemáticas medioambientales relevantes en el país como la deforestación, flagelo al que el organismo de control le tiene puesta la lupa, para identificar los responsables y contribuir con elementos para la toma de decisiones encaminadas a detener dicho problema.

Encuentro y convenio virtual

En el evento de firma de esta alianza estratégica estuvieron presentes, de manera virtual, varios directivos de la Contraloría, como el Vicecontralor General, Julián Mauricio Ruiz, el Contralor Delegado de Economía y Finanzas Pública, Carlos David Castillo, el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, y el Contralor Delegado del Sector Agropecuario, Gabriel Romero Sundheim, entre otros.

Por parte de la USAID, se conectaron la Directora de la Oficina de Medio Ambiente, Jessica Rosen, la Subdirectora de esta misma dependencia, Danielle Tedesco, la Asesora en Biodiversidad, Ximena García, el Director del Programa Riqueza Natural, Ricardo Sánchez, el Coordinador Estratégico- Acción Contra La Deforestación – Programa Riqueza Natural, José Félix Montoya y la Coordinadora Técnica- Acción Contra La Deforestación – Programa Riqueza Natural, Erika Benitez.

La USAID y su Programa Riqueza Natural

La USAID, es una Agencia Federal Independiente que recibe lineamientos de política exterior del Secretario de Estado de los Estados Unidos y su labor es apoyar el desarrollo internacional y avanzar con los objetivos de política exterior de los Estados Unidos financiando desarrollo económico, seguridad alimentaria, salud mundial, democracia, gobernabilidad y, atendiendo temas de cambio climático global y ambiental, así como también facilitando asistencia humanitaria en África Sub-sahariana, Asia, el Medio Oriente, América Latina, El Caribe, Europa, y Eurasia.

A través de su Programa Riqueza Natural, la USAID, ayuda con la conservación de los recursos naturales y biodiversidad de Colombia mediante la protección y manejo adecuado de los recursos naturales en el Bosque Seco Tropical de la región Caribe y las sabanas inundables de Casanare, así como en la lucha contra la deforestación, especialmente en la región de la Amazonía, lo que el Gobierno prioriza como parte del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022).

CGR y lucha contra la deforestación

Desde la CGR, se ha venido reconociendo la labor de la USAID en estudiar y apoyar el conocimiento de la deforestación en Colombia. Desde el mes de julio del presente año se han consolidado relaciones mutuamente beneficiosas y, tras la invitación realizada por USAID de participar en el Curso “Responsabilidad Penal por las Actividades Generadoras de Deforestación en Colombia”, se pudieron intercambiar experiencias de cada una de las partes.

La Contraloría Delegada para el Medio el Ambiente compartió los productos relacionados con la deforestación, particularmente la auditoría adelantada, en el primer semestre de este año, en la región de la Amazonia, en la cual se evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Cormacarena, CDA y Corpoamazonia, con importantes resultados.

Dada la voluntad de trabajar conjuntamente, se vislumbró la firma de este Memorando de Entendimiento, fundamental en el fortalecimiento de la capacidad institucional de la CGR, relacionada con el control y vigilancia en materia de medio ambiente y lucha contra la deforestación, mediante asistencia técnica y apoyo profesional, instrumentos tecnológicos y acceso a la información.

Con el apoyo de profesionales especializados, se realizarán investigaciones y análisis para determinar y aproximar el concepto de daño ambiental, que se evidencia en las evaluaciones que adelanta la CGR, con los elementos de la responsabilidad fiscal.

Se busca avanzar hacia el objetivo de instrumentalizar la responsabilidad fiscal ambiental; para lo cual, el escenario de la deforestación brinda un excelente marco de análisis, para el diseño y validación de un procedimiento con este fin.

CGR Comunicaciones (CGR) - Email

El evento se desarrolló entre el 24 y el 27 de noviembre, y tuvo como tema principal la innovación y el desarrollo sostenible.

Viernes 27 de noviembre de 2020. En representación de Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil participó en el XXV Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública, realizado en Lisboa (Portugal), entre el 24 y 27 de noviembre del presente año.

En esta ocasión las ponencias fueron presentadas de manera virtual, a través de una conexión por la plataforma zoom, a la cual podían acceder los inscritos al Congreso.

Este año el tema principal del evento fue "innovación y desarrollo sostenible". Por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil de Colombia, el Comisionado Jorge Alirio Ortega Cerón, en compañía del Director de Carrera Administrativa, Wilson Monroy Mora y el jefe de la Oficina Asesora de Informática, Gustavo Vélez Achury, desarrollaron un panel denominado “Transformación institucional y uso de tecnologías emergentes en la gestión de carrera administrativa en Colombia”.

En éste, hablaron de cómo la institucionalidad dada por la Constitución Política de 1991 para la gestión del servicio civil en Colombia enfrenta diversos retos. De una parte, la generación de confianza respecto de la provisión de los empleos públicos a través de mecanismos meritocráticos; y de otra, atender las demandas ciudadanas respecto del tipo de funcionario que requiere los Estados nacionales para enfrentar los retos propios de su proceso de modernización.

En este contexto, dieron a conocer el proceso de transformación institucional que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil implementando el uso de tecnologías emergentes, con impactos en el modelo de operación y la gestión del conocimiento.

De otro lado, Rafael Ricardo Acosta Rodríguez, asesor de la Comisión Nacional del Servicio Civil, participó en el evento con su ponencia acerca de los sistemas de información como una herramienta ideal para la transparencia e innovación en la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos de carrera administrativa en Colombia y Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, profesional de la CNSC, habló sobre los acuerdos de convocatoria como un acto administrativo que materializa los principios constitucionales de transparencia y confianza legítima en el proceso de acceso a la carrera administrativa en el país.

Las presentaciones de los integrantes de la CNSC, se llevaron a cabo el pasado 25 de noviembre, de manera virtual.

El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente, que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.

Comunicaciones CNSC

En el marco del proyecto productivo con la Fundación Amazonas Sin Límites, su Fuerza Aérea Colombiana en un avión Hércules C-130 realizó el transporte de 1100 kilogramos de material de pos consumo.

Esta iniciativa ambiental, esta dirigida a promover una buena disposición final de los residuos posconsumo, con el fin de evitar que sean depositados en los ecosistemas biodiversos del Amazonas.

Con este proyecto, se busca que materiales como latas, aluminio y plásticos contaminen las fuentes hídricas y los bosques preservando así la riqueza en fauna y flora del considerado pulmón del mundo.

De esta forma, su Fuerza Aérea Colombiana, seguirá poniendo a disposición sus aeronaves con el objetivo de minimizar la contaminación que este tipo de materiales pueden causar en la Amazonia colombiana.

Así se va a las Estrellas.

Corrupción e inconstitucionalidad, las denuncias contra el nuevo código electoral

Más de 160 artículos están siendo discutidos en el Congreso de la República y muchos han estado rodeados de cuestionamientos.

Crece la polémica por el código electoral que tramita el Congreso, pues hay voces que aseguran que la iniciativa le abre la puerta al fraude.

En su más reciente columna, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras denunció más de 150 nombramientos en medio del trámite de la reforma.

Más de 160 artículos están siendo discutidos en el Congreso de la República y muchos han estado rodeados de cuestionamientos, entre ellos el del exvicepresidente Vargas Lleras en su columna del diario El Tiempo este fin de semana, en la que denuncia graves riesgos de corrupción.

"Lo que es cierto, y muy grave, es que el trámite de esta reforma se ha aceitado ya con más de 150 nombramientos de registradores y delegados e innumerables contratos. ¿O lo van ahora a negar? ¿por qué no nos informan con qué criterios se hicieron estos nombramientos?", denunció Vargas Lleras.

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Para el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, el nuevo código anula las facultades de la entidad porque quienes hayan sido inhabilitados por sanciones podrían recuperar sus derechos políticos.

"Esto si sale como está, no va a beneficiar sino al fraude electoral para decirlo con toda claridad, y eso me preocupa de sobremanera", aseveró Carrillo.

Las acusaciones son aún más graves. El nuevo código electoral encarnaría graves riesgos de inconstitucionalidad en artículos relacionados con el voto en blanco o los movimientos significativos de ciudadanos, como lo pone en evidencia en su más reciente columna el director de Noticias RCN Juan Lozano.

"Nadie niega la necesidad de modernizar algunas instituciones y prácticas de nuestro sistema electoral, pero en la política como en la medicina hay que evitar aquellos remedios que resultan peores que la enfermedad", dijo Lozano.

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"Aquí no se le niega de plano el efecto político al voto en blanco, pero se trata a los votantes en blanco como votantes de segunda (...) el voto en blanco es un voto triste, pero es un derecho. Es un voto en el que un votante que ama a su país y cree en la democracia se encuentra solo ante un tarjetón donde ninguno de los candidatos lo representa ni lo interpreta", agregó el director de Noticias RCN en su columna.

El presidente Iván Duque le salió el paso a la controversia y habló de la necesidad de hacer cambios en esa materia, además, dijo que el Congreso es el escenario natural para hacer la discusión.

Varios sectores han manifestado temores por el crecimiento burocrático en la Registraduría Nacional y el riesgo de millonarias comisiones derivadas de la contratación que implica la implementación del nuevo código electoral.

Fuente consultada / NoticiasRCN.com

“Para prevenir el trabajo infantil el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha fortalecido las estrategias dirigidas a la niñez y adolescencia, con las cuales se ha incrementado la atención en Amazonas y Putumayo departamentos limítrofes con Perú, donde pasamos de atender a 1.950 menores de edad el año pasado a 4.850 en el transcurso del 2020”.

El balance fue realizado por la Subdirectora General del ICBF, Liliana Pulido, durante el Foro “El trabajo infantil en el marco del COVID-19: contexto, apuestas y desafíos en Colombia y Perú, zona de frontera del Putumayo, donde presentó las estrategias que, desde la entidad y en el marco de la prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes, se llevan a cabo para prevenir el trabajo infantil.

“Desde el ICBF contamos con programas como Generaciones 2.0 o Sacúdete y la Estrategia de Riesgos Específicos (EPRE), las cuales se implementan teniendo en cuenta los distintos momentos del curso de vida y los enfoques diferenciales. Con estos programas buscamos reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y resignificar los imaginarios culturales que normalizan el trabajo infantil”, sostuvo la Subdirectora del ICBF.

También resaltó que desde estos programas se brindan herramientas a los padres, madres y comunidades para garantizar el desarrollo integral y promover estrategias que buscan desarrollar los talentos de la niñez lo cual permitirá el fortalecimiento de sus proyectos de vida, generando escenarios libres de violencias.

Así mismo, la Subdirectora del ICBF sostuvo que en el año 2019 el ICBF restableció derechos a 3.300 menores de edad por trabajo infantil y que a octubre de 2020 han sido 713 las niñas, niños y adolescentes que han ingresado a los procesos de protección por esta vulneración, de los cuales en Amazonas y Putumayo no se registran procesos de restablecimiento por esta causa.

Según cifras del DANE, en el último trimestre del 2019 se identificó que en Colombia habían trabajado 587 mil niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años, donde el 52% de estos viven en centros poblados.

"El Gobierno Nacional coordina y suma las acciones de distintas entidades en la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescentes Trabajador, la cual busca promover dos temas fundamentales que son, que todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en una familia con entornos protectores que los aleje de esta vulneración y que los adolescentes trabajadores ejerzan sus derechos en el marco de un trabajo protegido”, dijo Liliana Pulido.

El Foro fue realizado entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, el Ministerio del Trabajo de Colombia, el ICBF y la participación de representantes de Putumayo y Amazonas.