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Gobierno desarrolla mesas de socialización y concertación para la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina

Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se trazó el desarrollo de un plan piloto, la donación empresarial de 100 viviendas y la construcción de más de 1.000, para concertar con la comunidad. Foto: Sharon Durán (MVCT)

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lunes 30 de noviembre de 2020 (MVCT). Este martes, primero de diciembre, el Ministerio de Vivienda iniciará una mesa institucional con la Gobernación de San Andrés, la Alcaldía de Providencia, la Personería, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, líderes de la comunidad y autoridades raizales.

Esta mesa tiene como objetivo conversar con las autoridades y líderes sobre el plan de reconstrucción de las viviendas de Providencia y Santa Catalina. "La reconstrucción de nuestras islas es un compromiso y esfuerzo conjunto. Aquí gobiernos, raizales y comunidad debemos unirnos para que los damnificados recuperen sus hogares", manifestó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Gobierno Nacional ha trazado un plan piloto, la donación de 100 casas por parte de empresarios y la construcción de más de 1.000 con inversión del Gobierno Nacional. El plan piloto consiste en desarrollar seis viviendas prototipos para validar en terreno el tipo de materiales, tiempos de construcción e identificar las características propias de la arquitectura isleña que deben incluirse para la adaptación de estos modelos.

Paralelamente, se realizarán los talleres y mesas con las autoridades locales, raizales y comunitarias para concertar la tipología definitiva de la vivienda isleña.

Al respecto, el Ministro añadió: "Nuestro equipo en campo junto a la alcaldía de Providencia ha identificado los primeros hogares beneficiarios del plan piloto. De esta manera, ellos y toda la comunidad podrá conocer los diferentes materiales, sus calidades y luego escoger en la concertación cuáles les parecen más apropiados".

Una vez consensuada la tipología isleña, se espera iniciar la construcción de 100 viviendas donadas por los empresarios y progresivamente realizar las más 1.000 que financiará el Gobierno.

En cuanto a los mejoramientos de las viviendas que sufrieron daños parciales, se espera el resultado del censo de la UNGRD para identificar el tipo de intervenciones. Este plan de trabajo se espera ejecutar en aproximadamente seis meses.

Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Alianza entre CGR y Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional –USAID–, para fortalecer control fiscal ambiental

Contralor General y director de la Misión USAID Colombia firmaron Memorando de Entendimiento.
Con esta alianza, se fortalecerá el proceso de auditoría en lo referente a deforestación, reforestación y recuperación ambiental.

Bogotá, 30 noviembre de 2020.- La Contraloría General de la República y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- suscribieron un Memorando de Entendimiento que le permitirá al organismo de control tener acceso a tecnología, información satelital, bases de datos y consultoría, y robustecer así el ejercicio de sus funciones de vigilancia fiscal en los temas de medio ambiente, inicialmente en las auditorías sobre deforestación.

La alianza estratégica entre las dos entidades fue convenida de manera virtual por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el director de la Misión USAID Colombia, Lawrence Sacks.

En palabras del Contralor, “este convenio tiene gran potencial, al generar capacidades que le permitirán a la Contraloría General de la República tener mayor impacto en los pronunciamientos sobre las fallas y vacíos de los sujetos de control en la gestión de los recursos estratégicos para la sostenibilidad del país, como los bosques y las selvas; esto se verá reflejado en el mejoramiento de la institucionalidad para su adecuado uso y protección”.

Por su parte, el director de la Misión USAID Colombia celebró la formalización de la alianza con la CGR, para fortalecer el proceso de auditoría en lo referente a la deforestación, reforestación y recuperación ambiental.

La Contralora Delegada para Medio Ambiente, Walfa Constanza Téllez, recalcó la importancia de este Memorando de Entendimiento, por las modernas herramientas con que podrá contar la Contraloría en sus tareas de control fiscal ambiental.

“Con la alianza, se fortalecerá este control, iniciando con una agenda en deforestación, que se aspira ampliar a otros temas que son cruciales en el manejo del medio ambiente y la sostenibilidad en el país”, destacó.

La CGR y la USAID comparten su interés en la lucha contra problemáticas medioambientales relevantes en el país como la deforestación, flagelo al que el organismo de control le tiene puesta la lupa, para identificar los responsables y contribuir con elementos para la toma de decisiones encaminadas a detener dicho problema.

Encuentro y convenio virtual

En el evento de firma de esta alianza estratégica estuvieron presentes, de manera virtual, varios directivos de la Contraloría, como el Vicecontralor General, Julián Mauricio Ruiz, el Contralor Delegado de Economía y Finanzas Pública, Carlos David Castillo, el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, y el Contralor Delegado del Sector Agropecuario, Gabriel Romero Sundheim, entre otros.

Por parte de la USAID, se conectaron la Directora de la Oficina de Medio Ambiente, Jessica Rosen, la Subdirectora de esta misma dependencia, Danielle Tedesco, la Asesora en Biodiversidad, Ximena García, el Director del Programa Riqueza Natural, Ricardo Sánchez, el Coordinador Estratégico- Acción Contra La Deforestación – Programa Riqueza Natural, José Félix Montoya y la Coordinadora Técnica- Acción Contra La Deforestación – Programa Riqueza Natural, Erika Benitez.

La USAID y su Programa Riqueza Natural

La USAID, es una Agencia Federal Independiente que recibe lineamientos de política exterior del Secretario de Estado de los Estados Unidos y su labor es apoyar el desarrollo internacional y avanzar con los objetivos de política exterior de los Estados Unidos financiando desarrollo económico, seguridad alimentaria, salud mundial, democracia, gobernabilidad y, atendiendo temas de cambio climático global y ambiental, así como también facilitando asistencia humanitaria en África Sub-sahariana, Asia, el Medio Oriente, América Latina, El Caribe, Europa, y Eurasia.

A través de su Programa Riqueza Natural, la USAID, ayuda con la conservación de los recursos naturales y biodiversidad de Colombia mediante la protección y manejo adecuado de los recursos naturales en el Bosque Seco Tropical de la región Caribe y las sabanas inundables de Casanare, así como en la lucha contra la deforestación, especialmente en la región de la Amazonía, lo que el Gobierno prioriza como parte del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022).

CGR y lucha contra la deforestación

Desde la CGR, se ha venido reconociendo la labor de la USAID en estudiar y apoyar el conocimiento de la deforestación en Colombia. Desde el mes de julio del presente año se han consolidado relaciones mutuamente beneficiosas y, tras la invitación realizada por USAID de participar en el Curso “Responsabilidad Penal por las Actividades Generadoras de Deforestación en Colombia”, se pudieron intercambiar experiencias de cada una de las partes.

La Contraloría Delegada para el Medio el Ambiente compartió los productos relacionados con la deforestación, particularmente la auditoría adelantada, en el primer semestre de este año, en la región de la Amazonia, en la cual se evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Cormacarena, CDA y Corpoamazonia, con importantes resultados.

Dada la voluntad de trabajar conjuntamente, se vislumbró la firma de este Memorando de Entendimiento, fundamental en el fortalecimiento de la capacidad institucional de la CGR, relacionada con el control y vigilancia en materia de medio ambiente y lucha contra la deforestación, mediante asistencia técnica y apoyo profesional, instrumentos tecnológicos y acceso a la información.

Con el apoyo de profesionales especializados, se realizarán investigaciones y análisis para determinar y aproximar el concepto de daño ambiental, que se evidencia en las evaluaciones que adelanta la CGR, con los elementos de la responsabilidad fiscal.

Se busca avanzar hacia el objetivo de instrumentalizar la responsabilidad fiscal ambiental; para lo cual, el escenario de la deforestación brinda un excelente marco de análisis, para el diseño y validación de un procedimiento con este fin.

CGR Comunicaciones (CGR) - Email

La tradicional celebración de la alborada, con la que en Medellín y varias ciudades del país se recibe el mes de diciembre, desató críticas nuevamente en redes sociales.

A través de Twitter, se compartieron videos en los que se criticaron los excesos. Una de las críticas que retumbó fue la del fotógrafo Jesús Abad Colorado.

“La ciudad de la eterna polvareda. Y no aprendemos”, trinó el artista gráfico.

Previo a la jornada, Corantioquia hizo un llamado a la mesura, por el daño que causan los estallidos a especies como búhos y murciélagos.

Fuente consultada / Por: Redacción BLU Radio

Al referirse a la información divulgada en la medios de comunicación sobre los resultados de un informe elaborado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General sobre presuntas entregas de canastas nutricionales por parte de algunos operadores a usuarios fallecidos, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, sostuvo que desde el primer momento en que se flexibilizaron los servicios a raíz de la pandemia, el instituto le solicitó acompañamiento al organismo de control.
De igual manera, señaló que el ICBF no ha recibido oficialmente el informe de la Contraloría General a quien de manera particular solicitó apoyo en el proceso de supervisión y verificación a los operadores de primera infancia que están encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias.

"Desde el primer día el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios", recalcó la Directora del ICBF.

Además, dijo que desde el ICBF se ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que los operadores se lucren de los recuersos destinados a la niñez como la aplicación BienestarApp y Betto, los cuales son vehículos de transparencia para que la contratación que adelanta el instituto, orientada a la atención de los niños de Colombia se cimente en la trazabilidad y escrutinio integral de los recursos.

"Betto incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, señaló la Directora del ICBF.

De igual forma, advirtió que al interior de la institución se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer las responsabilidades de los contratistas, para que estas trasciendan al ámbito penal.

“Para prevenir el trabajo infantil el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha fortalecido las estrategias dirigidas a la niñez y adolescencia, con las cuales se ha incrementado la atención en Amazonas y Putumayo departamentos limítrofes con Perú, donde pasamos de atender a 1.950 menores de edad el año pasado a 4.850 en el transcurso del 2020”.

El balance fue realizado por la Subdirectora General del ICBF, Liliana Pulido, durante el Foro “El trabajo infantil en el marco del COVID-19: contexto, apuestas y desafíos en Colombia y Perú, zona de frontera del Putumayo, donde presentó las estrategias que, desde la entidad y en el marco de la prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes, se llevan a cabo para prevenir el trabajo infantil.

“Desde el ICBF contamos con programas como Generaciones 2.0 o Sacúdete y la Estrategia de Riesgos Específicos (EPRE), las cuales se implementan teniendo en cuenta los distintos momentos del curso de vida y los enfoques diferenciales. Con estos programas buscamos reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y resignificar los imaginarios culturales que normalizan el trabajo infantil”, sostuvo la Subdirectora del ICBF.

También resaltó que desde estos programas se brindan herramientas a los padres, madres y comunidades para garantizar el desarrollo integral y promover estrategias que buscan desarrollar los talentos de la niñez lo cual permitirá el fortalecimiento de sus proyectos de vida, generando escenarios libres de violencias.

Así mismo, la Subdirectora del ICBF sostuvo que en el año 2019 el ICBF restableció derechos a 3.300 menores de edad por trabajo infantil y que a octubre de 2020 han sido 713 las niñas, niños y adolescentes que han ingresado a los procesos de protección por esta vulneración, de los cuales en Amazonas y Putumayo no se registran procesos de restablecimiento por esta causa.

Según cifras del DANE, en el último trimestre del 2019 se identificó que en Colombia habían trabajado 587 mil niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años, donde el 52% de estos viven en centros poblados.

"El Gobierno Nacional coordina y suma las acciones de distintas entidades en la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescentes Trabajador, la cual busca promover dos temas fundamentales que son, que todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en una familia con entornos protectores que los aleje de esta vulneración y que los adolescentes trabajadores ejerzan sus derechos en el marco de un trabajo protegido”, dijo Liliana Pulido.

El Foro fue realizado entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, el Ministerio del Trabajo de Colombia, el ICBF y la participación de representantes de Putumayo y Amazonas.

Corrupción e inconstitucionalidad, las denuncias contra el nuevo código electoral

Más de 160 artículos están siendo discutidos en el Congreso de la República y muchos han estado rodeados de cuestionamientos.

Crece la polémica por el código electoral que tramita el Congreso, pues hay voces que aseguran que la iniciativa le abre la puerta al fraude.

En su más reciente columna, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras denunció más de 150 nombramientos en medio del trámite de la reforma.

Más de 160 artículos están siendo discutidos en el Congreso de la República y muchos han estado rodeados de cuestionamientos, entre ellos el del exvicepresidente Vargas Lleras en su columna del diario El Tiempo este fin de semana, en la que denuncia graves riesgos de corrupción.

"Lo que es cierto, y muy grave, es que el trámite de esta reforma se ha aceitado ya con más de 150 nombramientos de registradores y delegados e innumerables contratos. ¿O lo van ahora a negar? ¿por qué no nos informan con qué criterios se hicieron estos nombramientos?", denunció Vargas Lleras.

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Para el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, el nuevo código anula las facultades de la entidad porque quienes hayan sido inhabilitados por sanciones podrían recuperar sus derechos políticos.

"Esto si sale como está, no va a beneficiar sino al fraude electoral para decirlo con toda claridad, y eso me preocupa de sobremanera", aseveró Carrillo.

Las acusaciones son aún más graves. El nuevo código electoral encarnaría graves riesgos de inconstitucionalidad en artículos relacionados con el voto en blanco o los movimientos significativos de ciudadanos, como lo pone en evidencia en su más reciente columna el director de Noticias RCN Juan Lozano.

"Nadie niega la necesidad de modernizar algunas instituciones y prácticas de nuestro sistema electoral, pero en la política como en la medicina hay que evitar aquellos remedios que resultan peores que la enfermedad", dijo Lozano.

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"Aquí no se le niega de plano el efecto político al voto en blanco, pero se trata a los votantes en blanco como votantes de segunda (...) el voto en blanco es un voto triste, pero es un derecho. Es un voto en el que un votante que ama a su país y cree en la democracia se encuentra solo ante un tarjetón donde ninguno de los candidatos lo representa ni lo interpreta", agregó el director de Noticias RCN en su columna.

El presidente Iván Duque le salió el paso a la controversia y habló de la necesidad de hacer cambios en esa materia, además, dijo que el Congreso es el escenario natural para hacer la discusión.

Varios sectores han manifestado temores por el crecimiento burocrático en la Registraduría Nacional y el riesgo de millonarias comisiones derivadas de la contratación que implica la implementación del nuevo código electoral.

Fuente consultada / NoticiasRCN.com