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Recientemente, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural -CNPC avaló la postulación de los bailes tradicionales de los pueblos indígenas Uitoto Mɨnɨka, Bora, Okaina, Muinane de La Chorrera, Amazonas como Patrimonio de la Nación. Esta postulación da vía libre para que la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera -Azicatch, junto a las comunidades y con el acompañamiento técnico del Ministerio de Cultura y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, inicien el proceso de reconocimiento como patrimonio inmaterial de los colombianos.

“Desde el Ministerio de Cultura continuaremos apoyando la postulación de los bailes tradicionales de los pueblos indígenas de La Chorrera como patrimonio de la Nación y en especial a sus portadores en la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia. Es fundamental garantizar la trasmisión, práctica y permanencia en el tiempo de esta manifestación cultural, fundamental para la pervivencia de estas comunidades”, afirmó la ministra de Cultura, Angélica Mayolo.

Y agregó que “es invaluable el liderazgo y el trabajo realizado por la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera para avanzar en la postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, así como por fortalecer sus acciones para promover la salvaguardia de esta manifestación”.

Por su parte Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, afirmó “la sociedad colombiana aprende del valor de estas prácticas y su transmisión se sigue llevando a cabo, estamos dando un gran paso en la pervivencia cultural de estos pueblos, manteniendo sus culturas, la selva, y logrando la tolerancia y unión de los distintos saberes enmarcados en el respeto y la diferencia que cada una tiene”.

El proyecto se ha desarrollado de manera participativa, con la ayuda de líderes y dinamizadores, para brindar a los pueblos indígenas Uitoto Mɨnɨka, Bora, Okaina y Muinane información sobre la importancia de la postulación, así como conceptos sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y procesos de salvaguardia, para avanzar de manera conjunta.

El siguiente paso será la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia -PES, para que se presente ante el Consejo Nacional de Patrimonio, con el objetivo de buscar la inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.

Sobre los bailes tradicionales de los pueblos indígenas de La Chorrera

De acuerdo con las comunidades, para hacer los bailes es necesario conocer los orígenes de la naturaleza y se celebran por diferentes razones: para traer abundancia, inaugurar una maloca, entregar el mando, hacer cambio de nombre entre una etapa y otra de la vida de las personas, hacer alianzas o finalizar conflictos con otros pueblos, y prevenir y curar enfermedades.

Para Juan Felipe Guhl, y su grupo de investigación Dinámicas Socioambientales que trabajó en esta postulación con la comunidad, “para realizar un baile es necesario conocer el territorio, las plantas, animales, ríos y montañas, además de saber cultivar y tener recursos y alimentos necesarios para llevar el ritual a cabo. Durante la preparación y festejo se enseñan oraciones, cantos y danzas de los mayores a los más jóvenes, es un proceso práctico de enseñanza y mantenimiento cultural de sus cosmologías y cosmogonías.”Los bailes también sirven, según las comunidades, para abrir y limpiar el camino de los procesos y proyectos que realizan de manera intercultural con las instituciones, para que tengan buenos resultados y no generen conflictos.

De igual manera, los bailes son un espacio para la transmisión de conocimientos, pues desde su etapa de preparación se narran y cantan los mitos de origen de los pueblos y de los alimentos. Asimismo, en estos espacios se enseña y recuerda la importancia de trabajar unidos y las dietas alimentarias y de comportamiento.

Oficina de Comunicaciones – Instituto SINCHI

Se trata de Intec de la Costa SAS, integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, encargado de construir un puente militar en el departamento de Sucre, un proyecto que ha resultado fallido por los incumplimientos de este contratista.

El Consorcio Puente San Jorge 2019 recibió un anticipo de $1.253 millones de parte del municipio de Caimito, o sea el 50% del valor total del contrato de obra que debía ejecutar ($2.507 millones).

Con la imposibilidad de terminar la obra contratada, se ha generado la pérdida del anticipo pagado a este consorcio del que hace parte Intec de la Costa SAS.

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato están vencidas y no se constituyeron correctamente.

Adicionalmente, la Alcaldía de Caimito denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación del Consorcio Puente San Jorge 2019.

El proceso fiscal se abrió por el traslado de un hallazgo detectado en una auditoría surgida de una denuncia sobre el tema que recibió la CGR.

Bogotá, 23 noviembre de 2021.- La Contraloría General de la República vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).

En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación.

Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.

Precisamente una denuncia que recibió la CGR originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre.

El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.

Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.

En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar.

Pólizas vencidas y otros líos

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

El organismo de control encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.

Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal.

Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.

Causa del daño patrimonial

En el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría en este caso, el supuesto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito (Sucre) con el Consorcio Puente San Jorge 2019.

A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019, que según la Contraloría claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019.

Por otra parte, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

La CGR vinculó a este proceso, como presuntos responsables fiscales, a:

-VÍCTOR MIGUEL RICARDO VEGA, en calidad alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados.

-KEVIN RICARDO CALY, en calidad de secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.

-INTEC DE LA COSTA S.A.S, como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública, Esta vinculación opera con relación a la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por el CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 como anticipo.

-DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S., como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 -con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.

-WALTER DAVID SÁNCHEZ URZOLA, por su actuar como representante legal del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.

-COVILCO LTDA., integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría

-JAVIER JOSÉ PEREIRA AREIZA, integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría.

El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.337.790.621,50), correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.

Lupa a contratos de socios de Centros Poblados

Vale recordar que la Contraloría ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido desde 2014 las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada al proceso de responsabilidad fiscal abierto por la pérdida de más $70 mil millones que recibió en calidad de anticipo por la ejecución de un contrato que suscribió con el MinTIC para llevar internet a colegios públicos rurales del país.

Aparte de Intec de la Costa SAS, son socios de la UT Centros Poblados otras tres empresas: Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación (FUNTICS, ahora Novotic).