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Lary a sus 19 años estudia Administración Industrial en Senati Yurimagua, gracias a su dedicación reconocida por Pronabec, y hoy está comprometido con el cuidado y protección de las especies maderables del Alto Amazonas contra la tala ilegal y deforestación.

Larry Anderson Pizango Reátegui ama la naturaleza y es un ciudadano comprometido en cuidar y preservar el medio ambiente, el paisaje que la vida le ha regalado. El joven de 19 años, con el apoyo de diversas entidades y sus paisanos, ha logrado difundir su interés por cuidar e inventariar los árboles maderables del Centro América, en el Alto Amazonas, para protegerlos de la tala ilegal y deforestación.

“El calentamiento global es un gran problema que ya está afectando a todos los países, en especial al nuestro por la gran megadiversidad que posee y una de las zonas más devastada es la Amazonía, que es mi hogar, el de mi familia y el de mi comunidad”, cuenta Larry, natural del distrito de Balsapuerto, provincia del Alto Amazonas, en la región Loreto.

REDACCIÓN PERÚ21

Actualizado el 22/11/2021 01:42 p.m.
Larry Anderson

Fuente consultada peru21.pe/

Se trata de Intec de la Costa SAS, integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, encargado de construir un puente militar en el departamento de Sucre, un proyecto que ha resultado fallido por los incumplimientos de este contratista.

El Consorcio Puente San Jorge 2019 recibió un anticipo de $1.253 millones de parte del municipio de Caimito, o sea el 50% del valor total del contrato de obra que debía ejecutar ($2.507 millones).

Con la imposibilidad de terminar la obra contratada, se ha generado la pérdida del anticipo pagado a este consorcio del que hace parte Intec de la Costa SAS.

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato están vencidas y no se constituyeron correctamente.

Adicionalmente, la Alcaldía de Caimito denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación del Consorcio Puente San Jorge 2019.

El proceso fiscal se abrió por el traslado de un hallazgo detectado en una auditoría surgida de una denuncia sobre el tema que recibió la CGR.

Bogotá, 23 noviembre de 2021.- La Contraloría General de la República vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).

En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación.

Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.

Precisamente una denuncia que recibió la CGR originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre.

El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.

Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.

En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar.

Pólizas vencidas y otros líos

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

El organismo de control encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.

Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal.

Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.

Causa del daño patrimonial

En el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría en este caso, el supuesto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito (Sucre) con el Consorcio Puente San Jorge 2019.

A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019, que según la Contraloría claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019.

Por otra parte, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

La CGR vinculó a este proceso, como presuntos responsables fiscales, a:

-VÍCTOR MIGUEL RICARDO VEGA, en calidad alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados.

-KEVIN RICARDO CALY, en calidad de secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.

-INTEC DE LA COSTA S.A.S, como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública, Esta vinculación opera con relación a la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por el CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 como anticipo.

-DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S., como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 -con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.

-WALTER DAVID SÁNCHEZ URZOLA, por su actuar como representante legal del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.

-COVILCO LTDA., integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría

-JAVIER JOSÉ PEREIRA AREIZA, integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría.

El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.337.790.621,50), correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.

Lupa a contratos de socios de Centros Poblados

Vale recordar que la Contraloría ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido desde 2014 las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada al proceso de responsabilidad fiscal abierto por la pérdida de más $70 mil millones que recibió en calidad de anticipo por la ejecución de un contrato que suscribió con el MinTIC para llevar internet a colegios públicos rurales del país.

Aparte de Intec de la Costa SAS, son socios de la UT Centros Poblados otras tres empresas: Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación (FUNTICS, ahora Novotic).

A pesar de que la inauguración de los Juegos Panamericanos está prevista para el próximo 25 de noviembre, desde este martes las competencias inician con la disciplina de balonmano, donde Colombia enfrenta a Chile desde las 9.30 a.m

Según el calendario, el Coliseo Mundialista, Iván Vassilev Todorov recibirá la actividad del grupo A y B en la rama femenina.

Qué le espera a Jennifer Arias luego del caso de plagio en su tesis de magister?

Después de que la Universidad Externado de Colombia confirmara que la presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, había cometido plagio en su tesis con la que se graduó de magister en Gobierno y Políticas Públicas, la congresista se enfrenta a diferentes consecuencias académicas, políticas y hasta penales.

Primero que nada, el Externado solicitará al Consejo de Estado que anule el título de magíster de Arias, al igual que el de su compañera, Leidy Largo Alvarado, con quien envió una versión de la tesis impresa que no correspondía a la copia original que presentó el profesor que las asesoró.

Pero la polémica no se detiene ahí, dado que la Universidad Externado también remitirá el caso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Si la Corte encuentra culpable a Arias, esta sería removida de su cargo, pero si ella decide renunciar, entonces será la Fiscalía la encargada de abrirle una indagatoria.

Aunque todavía no hay imputación de cargos ni mucho menos una apertura de investigación formal, la presidente de la Cámara y su compañera de tesis pueden enfrentar los delitos de violación a los derechos morales del autor y violación de derechos patrimoniales, o sencillamente solo uno de estos.

Por otro lado, varias figuras de la política han solicitado la renuncia de Arias, como los precandidatos Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo. El primero aseguró que "esto no es una cuestión de partidos sino de simple ética. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, debe renunciar hoy mismo ante la confirmación de que en su tesis de maestría hubo plagio".

Fuente consultada elpais.com.co/