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La Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exgobernador de Amazonas Jesús Galindo Cedeño (2020-2023) y cuatro exfuncionarios del departamento.

Lo anterior, se presentó por presuntas irregularidades en la aprobación de una conciliación de $354 millones de pesos con la Unión Temporal Aseguramiento Amazonas.

Lo anterior, se presentó por presuntas irregularidades en la aprobación de una conciliación de $354 millones de pesos

Ante esto, como no se obtuvieron comprobantes de lo realizado ni el avance de la obra, se empezaron a detectar irregularidades por la realización de dicho pago.

Involucrados en el caso
Además del exgobernador, fueron vinculados la exjefe de la Oficina Jurídica, Marledys María Navarro Mercado (2020-2021), y los exsecretarios de Planeación y Desarrollo Territorial, John Jairo Acuña Marín (2020-2022); Hacienda, María del Pilar Chuña Rivera (2020-2021), y Desarrollo Institucional, María Lilia Cardona Augusto (2020-2021).

Dichos funcionarios, eran quienes integraban el Comité de Conciliación Departamental en el territorio.

Según información suministrada por la Procuraduría, los implicados aprobaron el pago sin exigir condiciones ni verificar los soportes documentales, lo que impidió conocer el estado financiero real del contrato.

Esto teniendo en cuenta que se supone que dichos ingresos soportarían el valor total de la obra y garantizarían la realización de la misma.

El ente de control concluyó que los exfuncionarios pudieron vulnerar los deberes de los servidores públicos al adoptar una decisión sin contar con información suficiente para evaluar su impacto en el patrimonio del departamento.

Por su parte, el Ministerio Público explicó que la responsabilidad de los investigados como miembros del Comité de Conciliación les exigía evaluar de manera técnica y eficiente las propuestas antes de aprobarlas.

No había viabilidad de la obra
Pues frente a la realización del pago y la negativa de la obra, no se obtuvieron garantías. Lo que representó una gran pérdida monetaria en el departamento.

Además, señaló que la oferta conciliatoria estaba “mal formulada” y carecía de documentos que justificaran su viabilidad.

Ahora bien, en dicho caso, el proceder adecuado, según el Ministerio, era suspender el acuerdo y plantear nuevas alternativas que sí contaran con las garantías suficientes.

Por lo anterior, la Procuraduría calificó la conducta de los exfuncionarios como una falta grave.

En este sentido, se señaló que el acto también fue cometido con culpa grave, al considerar que afectaron los principios de responsabilidad, eficacia y economía de la función administrativa.

Finalmente, hasta el momento no se conocen declaraciones por parte de los acusados. Sin embargo, en el ámbito legal iniciarán el proceso disciplinario en el que fueron implicados.

Con información de Colprensa

Fuente :elpais.com.co/judicial

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