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Con 156 hallazgos fiscales por $16.776 millones, concluyó Actuación Especial de la CGR sobre destinación de recursos de la Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas

638 hallazgos disciplinarios y 45 de carácter penal, dan cuenta también de la gravedad del problema que significa el manejo de los recursos del SGP destinados a los Resguardos Indígenas.
Conclusiones preocupantes arroja la Actuación Especial de Fiscalización que ordenó el año pasado el Contralor Carlos Felipe Córdoba sobre la utilización de recursos del SGP por más de $1,04 billones, destinados a los Resguardos Indígenas en las últimas cinco vigencias (2015 a junio de 2019).
Se corrobora lo que anticipó el Contralor: no se ve el resultado e impacto de estos recursos.
Solo el 25% de las de 200 entidades territoriales objeto de esta Actuación manejaron adecuadamente estos recursos. El 62% presentó fallas no tan graves y el 11% deficiencias generalizadas.
En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.
Buena parte de los recursos destinados a los Resguardos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades indígenas.
Es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo.
Del presupuesto auditado en las cinco vigencias ($1,04 billones), se ejecutaron $662.702 millones aproximadamente (el 63.69%).
Listado de municipios que no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas y de municipios que dejaron de ejecutar recursos.
Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales.
Por falta de supervisión de los contratos y convenios, se dan situaciones como la falta de entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos.

Bogotá, 19 de octubre de 2020-. Un total de 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por $16.776 millones de pesos, estableció la Contraloría General de la República al concluir una Actuación Especial de Fiscalización a los más de $1,04 billones de pesos del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas del país, durante las vigencias 2015 a 30 de junio de 2019.

Se determinaron 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen posible connotación disciplinaria y 45 presunto carácter penal.

Otros 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de Indagación Preliminar, 7 a Procesos Administrativos Sancionatorios, 22 tienen otras incidencias y 41 representaron beneficios de auditoría por $2.235 millones.

Los conceptos emitidos para cada uno de las entidades territoriales que manejaron recursos de la llamada Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas y que fueron objeto de esta Actuación, permiten concluir que solo el 25.22% (57) manejaron adecuadamente estos recursos.

Mientras tanto, el 61.95% (145 entidades territoriales) presentan deficiencias, que si bien no son generalizadas si impactan el cumplimiento de los objetos contractuales y las metas de los proyectos formulados por las comunidades indígenas, siendo más grave aún, lo evidenciado en el 10.62% de las entidades (24), cuyas deficiencias son materiales y generalizadas.

En general, de acuerdo con la revisión efectuada a los contratos de ejecución de estos recursos, se encontró que la estructuración de los proyectos de inversión, por parte de los resguardos indígenas, presenta debilidades, ya que no surte la metodología dispuesta para ello según la normatividad aplicable, no hay una determinación de la población beneficiaria de los bienes y servicios contratados y no presentan un cronograma de ejecución del proyecto, aunado a la falta de asistencia técnica por parte de las Oficinas de Planeación Municipal y Departamental.

Adicionalmente, la gran mayoría de los recursos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad indígena.

No se ejecutan todos los recursos disponibles

La Contraloría verificó que es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo, por lo que en cada vigencia se deben incorporar recursos del balance en cantidades importantes de la vigencia o vigencias anteriores, como consecuencia de la baja ejecución de los recursos.

A partir de los documentos aportados por las entidades territoriales, se determinó un presupuesto definitivo auditado, en las cinco vigencias, de $1.040.465.959.949, el cual incluye lo girado por el Ministerio de Hacienda, los rendimientos financieros y recursos del balance incorporados en 2015, correspondientes a recursos disponibles de vigencias anteriores.

Del presupuesto señalado se ejecutaron $662.702.203.040, que representan el 63.69% de los recursos disponibles ($592.829.177.303 ejecutados por entes territoriales y $69.873.025.737 por Resguardos Indígenas Certificados).

Para adelantar esta ejecución, las entidades territoriales suscribieron previamente 3.111 contratos de administración de recursos, por $916.976.492.528, suma que representa el 88.13% del total de recursos.

En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.
Inoportuna incorporación de recursos

Hay también inoportunidad en la incorporación de los recursos de la Asignación Especial y falta de gestión de los entes territoriales para garantizar que las entidades financieras reconocieran adecuadamente los rendimientos financieros.

Y se da igualmente inoportunidad en la incorporación de los intereses recibidos y los recursos del balance.

Entre las razones para no celebrar oportunamente los contratos, se tienen debilidades en la gestión de los entes territoriales y/o demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión, lo que dificulta la ejecución de los planes de inversión.

Las deficiencias en los controles que deben ejercer los entes territoriales en la ejecución de los recursos, permiten el incumplimiento de los objetos contractuales, esto conlleva a que se hagan pagos o desembolsos sin los soportes requeridos.

Se evidencian deficiencias por la no elaboración de proyectos de inversión, o formulación inadecuada (sin cumplimiento de todos los requisitos), además de la inoportunidad de los mismos, afectando la ejecución del presupuesto (se ejecuta sin tener claras las necesidades de la comunidad indígena).

Algunos casos de deficiencias en los contratos de administración

Dentro de las principales deficiencias, relacionadas con los contratos de administración, se evidenciaron situaciones como las siguientes.

*Los municipios de El Bagre, Cáceres (Antioquia), Guapi (Cauca), Chía (Cundinamarca), Unguía y Acandí (Chocó), Calamar (Guaviare), Rivera (Huila), Albania (La Guajira) y Prado (Tolima), no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas, es decir, no ejecutaron los recursos que les fueron asignados y girados para realizar proyectos de inversión en beneficio de las comunidades indígenas.

Estos 10 municipios dejaron de ejecutar $6.521.503.357 en las 5 vigencias.

*El municipio de Arauca, no obstante haber suscrito los contratos de administración con los 5 resguardos de su jurisdicción por $449.566.819, no ejecutó los recursos en las vigencias 2016 y 2017, por tanto, no se realizó ningún proyecto de inversión que beneficiara a la comunidad indígena.

*Arauquita, en el departamento de Arauca, suscribió contratos con los Resguardos Indígenas Bayoneros por $9.905.140; El Vigía por $69.700.000 y Cajaros por $5.801.396, en la vigencia 2017. Sin embargo, no hubo ejecución del contrato de administración, como consecuencia tampoco los proyectos de inversión se llevaron a cabo.

*En el departamento Caldas, los municipios de Belalcázar, Riosucio, Risaralda y San José suscribieron los contratos de administración en las vigencias auditadas, pero no incorporaron los proyectos de inversión a ejecutar ni las actas de priorización de los mismos por las asambleas de las comunidades indígenas.

*Albania en el Caquetá, para su resguardo solo suscribió contrato de administración en la vigencia 2018; igual que La Montañita, en el mismo departamento, que para su resguardo solo suscribió en el 2016, dejando de ejecutar $238.390.349 y $144.284.732, respectivamente, en las 5 vigencias.

*El Consejo de Autoridades Indígenas del Resguardo Indígena de San José del Ariporo, en el municipio de Paz de Ariporo, por voluntad propia dejó de ejecutar los recursos en las vigencias auditadas, que sumaron $368.079.848.

*El municipio de Timbiquí en el Cauca, no suscribió contratos de administración para sus 4 resguardos indígenas, en las vigencias 2015 y 2017. (Total presupuesto sin ejecutar: $1.284.630.718).

*Para las vigencias 2017, 2018 y 2019, el municipio de Villagarzón – Huila, no celebró contratos de administración de recursos para los 11 resguardos del municipio.

No se identifican las necesidades de las comunidades indígenas

Se evidenció que, pese a la existencia de actas de asamblea de los resguardos indígenas, existe en la mayoría de ellos, desconocimiento respecto de la formulación de los proyectos de inversión, dificultad en la concertación con las comunidades ydeficiente identificación de las necesidades de la comunidad, que no conducen a mejorar las condiciones de vida de la población indígena.

Tampoco se establece la justificación de los proyectos, no se identifican los beneficiarios y qué bienes se entregarán, ni cómo, cuándo o dónde se cumplirá el objeto contractual.

La mayoría de los entes territoriales suscriben los contratos de administración de forma extemporánea, es decir, después del 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, lo que trae como consecuencia el envío tardío al Ministerio del Interior, incumpliendo la normatividad que señala la entrega del contrato de administración, junto con los proyectos de inversión debidamente formulados, a más tardar el 20 de enero de la vigencia en la cual se van a ejecutar dichos recursos.

Situaciones que se dan por falta de
supervisión de contratos y convenios

Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales, presentando falencias respecto del seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, lo que genera:

*Incumplimiento de los objetos contractuales.

*Falta de entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos; e inexistencia de registros de entrega de bienes.

*Las actas de supervisión no detallan la labor ejecutada en cumplimiento del objeto contractual.

*Extremos como en la Alcaldía de Solano - Caquetá, en donde el contratista termina haciendo entrega de dinero en efectivo a los beneficiarios, porque los materiales y/o equipos que les compraba la entidad territorial no les eran necesarios y no estaban contemplados dentro del contrato de administración.

*Diferencias entre lo pactado, suscrito y ejecutado.

*En algunos casos, el visto bueno de la supervisión, está fundado en la información suministrada por el mismo contratista.

*Adquisición de bienes muebles (vehículos, lanchas etc.) sin el título de propiedad a nombre del resguardo (Orocué-Casanare, Buenos Aires-Cauca, San José del Guaviare y Cumbal-Nariño).

*Falta de legalización de los predios adquiridos por los resguardos y cuyo título de propiedad no está a favor del resguardo (Ipiales-Nariño, Dibulla-Guajira y San Agustín-Huila).

*Maquinaria entregada por el ente territorial pero que no se encuentra en uso por el resguardo.

*Obras inconclusas, fallas de calidad de obra, bienes sin utilizar o deteriorados, obras terminadas sin prestar servicio alguno (Aldana, Córdoba, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Potosí y Santacruz (Nariño), Puerto Leguízamo (Putumayo).

*La no entrega de los elementos solicitados en donde se cambian por otros de uso exclusivo del representante legal del resguardo.

*Venta de los elementos entregados por el ente territorial, por parte de algunos miembros de la comunidad indígena, por lo que la adquisición de los mismos es repetitiva durante varias vigencias. Por su vida útil, se considera que no debían ser adquiridos cada año.

*Contratación de alimentación para 95 pacientes, los cuales -según cruce con las ESE- no fueron atendidos en los tiempos en que se realizó la contratación (Cubará y Güicán, en el departamento de Boyacá).

*Pago de incentivos que no se encuentran dentro de los fines de los recursos utilizados.

*En el departamento de Guainía se realizó el pago de subsidios estudiantiles que no corresponden a un proyecto de inversión autorizado, por $246.282.543. Y mientras tanto se declararon como inviables, cultivos de yuca dulce, reparación de viviendas y conucos afectados por la ola invernal del 2018.

*Pago de manipuladoras las cuales debieron ser garantizadas por el operador del PAE, contratado por la Gobernación del Amazonas.

*Mayores valores pagados en la compra de combustible.

*Adquisición de bienes que no están en funcionamiento y se encuentran desarmados y en mal estado. Construcción de baterías sanitarias, las cuales no han prestado servicio porque el sistema séptico es deficiente y no se conectaron a la red.

Esta Actuación Especial de Fiscalización de la CGR se adelantó respecto de 820 asignaciones especiales de SGP para resguardos, de las 892 que contaron con recursos presupuestales, durante las vigencias auditadas, 2015 a 30 de junio de 2019, lo cual equivale al 91,93%, correspondientes a resguardos ubicados en 29 departamentos del país, dentro de los que se incluyen 8 resguardos certificados, que administran autónomamente sus recursos.

Fuente : CGR Comunicaciones (CGR)

CAPTURADO SUJETO POR AGREDIR FÍSICA Y PSICOLÓGICAMENTE A LOS INTEGRANTES DE SU NÚCLEO FAMILIAR

Leticia – Amazonas. – En el marco de la campaña Policía Nacional “Somos Uno Somos Todos”, el Departamento de Policía Amazonas, a través del Grupo de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en coordinación de la Fiscalía 03 Local y la comisaria de familia de familia de Leticia, efectuaron la captura por orden judicial de una persona de sexo masculino de 34 años de edad, por el presunto delito de violencia intrafamiliar.

Los hechos acontecieron en el barrio centro de la ciudad de Leticia - Amazonas, momentos en que esta persona se encontraba realizando diligencias personales en la comisaria de familia de Leticia, cuando fue interceptado por funcionarios de la Policía Nacional, quienes le hicieron saber la orden judicial que había en su contra, efectuando la captura por el delito de violencia intrafamiliar, lo cual está tipificado en el Artículo 229 del Código Penal y sanciona con pena privativa de la libertad de entre (4) cuatro a (8) ocho años de prisión.

Según información de los investigadores del Grupo de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el capturado habría lesionado a sus hijos con elementos contundentes, y a su conyugue le habría ocasionado quemaduras con aceite hirviente en contra de su voluntad.

El Departamento de Policía Amazonas, extiende la invitación a la comunidad en general, a denunciar los hechos ilícitos que afecten la convivencia y tranquilidad de los ciudadanos, y a tener a la mano las líneas de atención inmediata, que pueden marcar gratuitamente desde cualquier teléfono fijo o celular las 24 horas del día, así: Línea 155 orientación a mujeres víctimas de violencia, Línea 122 Fiscalía General de la Nación y Línea de atención y emergencias 123, estos son los canales de comunicación directos para denunciar cualquier acto de violencia de género que se presente en su hogar.

Policía Nacional. Somos Uno, Somos Todos.

CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Por orden de LA DEFENSORA DE FAMILIA NO. 02 CENTRO ZONAL LETICIA Doctora MARGARITA ROSA ACOSTA URIBE

CITA Y EMPLAZA a la Señora DORIS GRACIELA AHUANARI BATISTA, Progenitora; familiares y demás personas interesadas, para que en el término de cinco (05) días hábiles se presenten en la Defensoría de Familia No. 02 del Centro Zonal Leticia, ubicado en la carrera 11 No. 3 – 90 barrio San Antonio, con el fin de NOTIFICARLA del Auto de la Apertura de la Investigación del 14 de octubre del 2020 dictado dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos adelantados a favor de la adolescente ESTER ESTEFANY AHUAIARI BATISTA.

De no asistir se entenderá surtida la notificación y la citación.

Artículo 102 código e infancia ya adolescencia y artículo 318 Código de Procedimiento Civil.

Margarita Rosa Acosta Uribe
Defensora de Familia
Centro Zonal Leticia
ICBF Regional Amazonas
Carrera 11 No. 3-90 Barrio San Antonio

Desde el 16 de octubre está disponible, de manera gradual, la transferencia monetaria correspondiente al cuarto pago de Compensación del IVA para 300 mil beneficiarios de Colombia Mayor.

Los incentivos del cuarto giro de Compensación del IVA para los beneficiarios de Familias en Acción y Adulto Mayor superan los 000 millones de pesos.
Bogotá. D.C. 16 de octubre de 2020. Desde el 16 de octubre 300 mil adultos mayores priorizados del programa Colombia Mayor recibirán el cuarto pago de la Compensación del IVA por un valor de 75.000 por cada titular. Los pagos se harán de manera gradual para evitar aglomeraciones.

La transferencia monetaria estará disponible hasta el 16 de noviembre y tendrá como novedad la posibilidad de realizar los cobros de las anteriores remesas para aquellos beneficiarios que por motivos de la Emergencia Sanitaria no pudieron realizar los cobros anteriores. Prosperidad Social habilitó esta opción como medida para mitigar el impacto económico ocasionado por las restricciones de movilidad durante emergencia del Covid-19.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto a su celular confirmando la habilitación del cobro. Solo en este momento los beneficiarios deberán dirigirse a los puntos autorizados de Efecty.

“ Desde el 21 de septiembre iniciamos la cuarta entrega de la Compensación del IVA a las 700 mil Familias que hacen parte del programa Familias en Acción, y el próximo 16 octubre iniciaremos la dispersión de recursos a los 300 mil adultos mayores, para llegar así nuestra meta de 1 millón de beneficiarios con una inversión en incentivos de $75.000 millones” puntualizó Susana Correa, directora general de Prosperidad Social.

Los 300 mil beneficiarios de Colombia Mayor podrán retirar este subsidio de manera gradual en los puntos Efecty del país y recibirán la confirmación del giro a través de un mensaje de texto al celular inscrito en el programa. Para más información ingrese a https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/.

Para el proceso de cobro de la nómina de subsidios, los beneficiarios deben asistir al punto de pago con tapabocas personal y no retirarlo bajo ninguna circunstancia. En el sitio de pago es conveniente tener distanciamiento social ante las posibles filas de espera. En caso de existir salas de espera con sillas, siempre se debe dejar un puesto de por medio entre las personas que esperan turnos para ser atendidas.

En caso de que un tercero realice el cobro a nombre de un beneficiario, debe llevar los siguientes documentos:
Cédula de ciudadanía original del beneficiario.
Cédula de ciudadanía original del autorizado por el beneficiario.
Documento firmado por el beneficiario mediante el cual autoriza el retiro de los recursos al autorizado.

Fuente / Prosperidad Social

LAS CAPTURAS SE EFECTUARON EN LAS BODEGAS DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL VÁSQUEZ COBO.

Leticia – Amazonas. – En el marco de la campaña Policía Nacional “Somos Uno, Somos Todos”, personal del Grupo de Guías Caninos, adscritos al Departamento de Policía Amazonas, efectuaron la captura en flagrancia de dos personas, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el Articulo 376 del Código Penal.

Los hechos acontecieron cuando el binomio canino efectuaba actividad de registro y control a las bodegas de carga del Aeropuerto Internacional Vásquez Cobo, cuando los uniformados fueron alertados por el canino al dar la señal (sentado) positiva de estupefaciente a la mercancía que llevaba consigo una pareja, inmediatamente proceden a realizar la respectiva revisión, hallando en el interior de una caja de icopor y perfectamente camuflada entre productos cárnicos, (10) diez elementos rectangulares de color rosado, que al ser sometido a reacción química para la identificación de la sustancia, arrojo positivo para estupefaciente tipo marihuana creepy con un peso neto de 9.600 kilogramos.

Los implicados deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes – Articulo 376 C.P., lo cual sanciona con pena privativa de la libertad en centro carcelario.

El Comando del Departamento de Policía Amazonas, invita a la comunidad en general, a denunciar los hechos que afecten la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio.

Policía Nacional. Somos uno, somos todos.