Orlando Rayo y Karina Bocanegra, nuevos Representantes a la Cámara
LETICIA, AMAZONAS – Tras una intensa jornada democrática este domingo 8 de marzo, el departamento del Amazonas ha elegido a quienes llevarán la representación de la región ante la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

Con la consolidación de los resultados oficiales, se confirma que las dos curules asignadas a nuestra circunscripción territorial serán ocupadas por:

Orlando Rayo Acosta

Karina Bocanegra Pantoja

Ambos líderes asumen el reto de legislar en favor de las necesidades estructurales de nuestro territorio, desde la conectividad y la salud hasta la protección de nuestro ecosistema único.

Este domingo, miles de colombianos se acercarán a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Congreso 2026, en una jornada que marcará el inicio de un año electoral que culminará con las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Estas jornadas democráticas mantienen en expectativa a todos, entre ciudadanos, políticos y observadores, quienes estarán pendientes de cada detalle del proceso electoral.

Sin embargo, mientras la mayoría de votantes se concentra en ejercer su derecho, un delito grave sigue siendo una preocupación constante: la compra y venta de votos. La Fiscalía General de la Nación ha mantenido vigilancia durante años sobre estas prácticas ilegales, que no solo comprometen la transparencia de la democracia, sino que pueden acarrear penas máximas para quienes las cometan.

¿Qué dice la ley sobre comprar y vender votos en Colombia?
La conducta de comprar o vender votos está tipificada como delito electoral dentro del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) y fue reforzada por la Ley 1864 de 2017, con el objetivo de proteger la democracia y garantizar la libertad del sufragio.

El Artículo 390, conocido como “Corrupción de sufragante”, sanciona tanto a quienes ofrecen dinero, dádivas o beneficios para influir en el voto, como a quienes aceptan estos incentivos a cambio de su decisión en las urnas, estableciendo penas que incluyen prisión de 4 a 8 años y multas entre 200 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), aplicándose de igual manera tanto a quien vende su voto como a quien intenta comprarlo.

Por su parte, el Artículo 390A, que regula el “Tráfico de votos”, sanciona a quienes coordinan la venta de votos de varias personas, como la conformación de “equipos” de votantes a cambio de dinero o beneficios. Las penas establecidas son aún más severas, incluyendo prisión de 4 a 9 años y multas de 400 a 1.200 SMLMV.

En un operativo contundente contra las redes de microtráfico, las autoridades de Medellín lograron desarticular un importante centro de acopio de la estructura delincuencial “Los del Alto”. Durante el procedimiento, se incautaron más de 500 kilogramos de marihuana que estaban listos para ser distribuidos en diferentes comunas de la ciudad.

Detalles del operativo:
El Hallazgo: El cargamento fue localizado gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar la vivienda utilizada por esta banda para el almacenamiento de estupefacientes.

Impacto Criminal: Con esta incautación, las autoridades estiman un golpe financiero superior a los 500 millones de pesos, afectando directamente la capacidad logística de este grupo criminal.

Seguridad Ciudadana: La Policía Metropolitana reafirmó su compromiso de recuperar los entornos escolares y parques que estaban siendo afectados por el accionar de esta estructura.

Fuente: Gemini

RIOHACHA, marzo de 2026. Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía ha resultado en la incautación de una millonaria suma de dinero en efectivo y material logístico que, según las investigaciones preliminares, estaría destinado a la compra de votos y la financiación irregular de campañas en la región.

Los detalles del operativo:
El hallazgo: El material fue interceptado en un puesto de control en la vía que comunica a Maicao con Riohacha. Se encontraron fajos de billetes ocultos en compartimentos de doble fondo en un vehículo de alta gama.

Material incautado: Además del dinero, las autoridades hallaron listas con censos electorales, bases de datos de votantes y publicidad política de candidatos locales.

Capturas: Dos personas que se desplazaban en el vehículo fueron capturadas en flagrancia y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos contra el sufragio.

Impacto en las votaciones:
Este golpe cambia el panorama previo a las elecciones de 2026, ya que confirma las denuncias de organismos de observación electoral sobre el flujo de dinero ilícito en el departamento. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha solicitado un refuerzo especial de seguridad en los municipios fronterizos para garantizar la transparencia del voto.

Reacciones:
El comando de la Policía en La Guajira aseguró que estos operativos continuarán de manera intensiva: "No permitiremos que la voluntad de los guajiros sea comprada por mafias locales", indicaron en un comunicado oficial enviado esta mañana.

EMPRESA CUESTIONADA POR FRAUDE SIGUE VINCULADA A ELECCIONES
Una investigación de la Revista RAYA revela que el Grupo ASD, empresa señalada por un presunto fraude electoral en Honduras, mantiene una conexión clave con los comicios de 2026 en Colombia. A pesar de las alertas y de su reciente renuncia a ciertos contratos de preconteo tras las denuncias del presidente Gustavo Petro, la compañía no se habría desvinculado del todo.

Los hallazgos principales:
Vínculo persistente: Documentos y contratos obtenidos por RAYA indican que ASD sigue formando parte de la Unión Temporal liderada por Thomas Greg & Sons, encargada de la logística y el suministro del software que contabilizará los votos.

El antecedente de Honduras: La empresa fue denunciada por el excandidato hondureño Salvador Nasralla, quien asegura que ASD recibió millones de dólares para manipular resultados en favor del Partido Nacional.

Simulacros y operación: Registros de simulacros recientes confirman que la infraestructura técnica de la empresa sigue activa en los procesos preparatorios para las elecciones de Congreso y Presidencia.

La permanencia de esta firma en la arquitectura electoral colombiana ha generado una fuerte alarma entre magistrados del CNE y diversos sectores políticos, quienes exigen auditorías independientes para evitar que las irregularidades denunciadas en Centroamérica se repitan en territorio nacional.