La opción de un cambio de contratistas de construcción y de interventoría de Hidroituango, a un 15% de terminar la megaobra y que contempla seriamente la administración de EPM, no solo tiene en ascuas al sector energético del país, sino también al político.

Luego del fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones, dictado en primera instancia por la Contraloría General, y que llevó a que Conconcreto y Coninsa, que hacen parte del consorcio constructor CCC, quieran acogerse a la Ley 1116, ya que se declararon en insolvencia, prácticamente tiene a EPM con la decisión tomada de hacer el cambio.

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Más si se tiene en cuenta que, la tercera empresa que hace parte de conglomerado constructor, Camargo Correa, también sería aceptada en reorganización empresarial por la Superintendencia de Sociedades.

Así quedaría en firme el llamado ‘Plan B’ que vienen preparando el conglomerado antioqueño y la Alcaldía de Medellín, para entrar a remplazar inmediatamente al consorcio constructor con uno nuevo, y cuya decisión se conocería a final de año, justo cuando se presente la prórroga del contrato, al cual EPM desistiría.

Vea: La cadena de problemas que está afectando al Grupo EPM

Al respecto, Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, viene reiterando que están analizando si existen grupos de constructores capaces de ejecutar el remate de la megaobra, que tengan y expresen el interés y que sea en condiciones de precio favorables y que la transición sea lo más rápido posible. Y asegura que la decisión final no está tomada.

Un posible cambio pone en juego la terminación rápida del proyecto, advirtió la Cámara Colombiana de la Infraestructura, al afirmar que solo el proceso de empalme, en el mejor de los casos, podría tardar entre seis meses y un año.

(Vea: Nuevo choque por Hidroituango entre contratistas y Alcalde de Medellín).

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