Resultados históricos muestra la nueva
Contraloría, en balance del control en
tiempo real y con tecnología de punta

Anuncios importantes de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Contralor Felipe Córdoba y su equipo directivo.
Efecto económico de la pandemia: mirando todo el sector público, la deuda ha subido de $607 billones a $741 billones. En términos del PIB, esto significa que subió del 57% a alrededor del 73.4%.
Y el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central pasa de $493 billones de pesos en diciembre de 2019 a $598 billones actualmente (de 46% a 59% del PIB).
Gigantesco hueco en el manejo de los recursos de regalías: en lo corrido de la administración del Contralor Felipe Córdoba, se completan 1.041 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $2.5 billones.
En relación con el manejo de los recursos públicos destinados a atender la emergencia decretada por el Covid-19, la CGR inició 150 indagaciones preliminares en cuantía de $20.563 millones y 57 procesos de responsabilidad fiscal por $55.391 millones.
La Contraloría adelanta un gran total de 5.848 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía que suma más de $33 billones (5.632 ordinarios por $27,06 billones y 216 verbales por $6,3 billones).
La Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha levantado más de 1.022 alertas a la contratación pública, algo inédito en la historia del control fiscal en el país.
Una Actuación Especial de Fiscalización sobre el Banco de Oferentes del ICBF, dio como resultado 21 hallazgos administrativos, 17 con incidencia disciplinaria, 8 fiscales por $372 millones y la apertura de una indagación preliminar por una cifra estimada de $1.000 millones.
En 2021, Contraloría actualizará su estudio de 2019 sobre el fracking.
El organismo de control recomienda incorporar otro tipo de insumos para el fracturamiento que se va realizar el próximo año en los tres proyectos piloto.
Avanzan acciones fiscales por detrimento de $759 millones a raíz de inconsistencias del Programa Ingreso Solidario.
A principios de 2021 se conocerán los resultados del proceso fiscal en el caso Reficar, anuncia el Contralor General.
En Control Excepcional adelantado a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- CORABASTOS, se obtuvieron 3 hallazgos y una indagación preliminar para determinar el costo de la posible afectación de las losas por los lixiviados, que puede ir entre $1.900 millones y algo más de $2.000 millones.
“Los dijimos y lo hicimos”, resalta el Contralor Felipe Córdoba en Audiencia Pública Virtual de Rendición de Resultados 2020.
El Contralor General mostró hoy los resultados del trabajo de la nueva Contraloría, soportada en la más moderna tecnología y el acompañamiento de la ciudadanía.
Por alertas de la DIARI: se redujeron en $41 mil millones los presuntos sobrecostos de la contratación para atender la emergencia.
En el primer semestre de 2020, la Contraloría detectó en el Sector Salud 81 hallazgos fiscales por más de $22.000 millones.
La Contraloría le puso la lupa a los recursos que manejan las 28 EPS que funcionan en el país. Son objeto de Auditorías de Cumplimiento.
Para que los ciudadanos sean participes del control fiscal y denuncien casos de corrupción, se lanzó este año la aplicación ControlApp.
El ciudadano que quiera puede tomar una foto, grabar un video desde su celular, por ejemplo, sobre obras inconclusas, y entregar tales pruebas para que la Contraloría realice las respectivas investigaciones.
Ciudadanía, tecnología y un control preventivo que permite llegar a tiempo y no cuando la plata se ha perdido, factores claves para los resultados que muestra la CGR en el año de estreno de sus nuevas facultades de control fiscal.
“Hoy tenemos una Contraloría en acción que, en tiempo real, cuida cada centavo de los colombianos”, destaca el Contralor Felipe Córdoba.

Bogotá, 21 de diciembre de 2020.- El Contralor Felipe Córdoba mostró hoy los resultados del trabajo de la que llamó “la nueva Contraloría”, basado en moderna tecnología y el acompañamiento de la ciudadanía, en un año donde el organismo de control enfrentó el reto de aplicar el control fiscal preventivo y concomitante en medio de la emergencia sanitaria declarada por el virus del Covid-19.

“Estamos frente a una Contraloría moderna, de avanzada, capaz de generar alertas en tiempo real para cuidar los recursos públicos. Una Contraloría General con herramientas tecnológicas y que, gracias a sus nuevas facultades, está logrando enfrentar a tiempo los fenómenos de corrupción en el país”, resaltó.

Acompañado de su equipo directivo, el Contralor hizo la “Rendición de Resultados 2020”, en una Audiencia Virtual transmitida por las redes sociales de la entidad.

Resultado del control preventivo y la
tecnología de punta usada por la DIARI

Con la creación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), se logró que la Contraloría pudiera acceder a más de 1.800 fuentes de información, con respecto a más de 260 entidades.

La DIARI, motor del control fiscal preventivo, ha levantado más de 1.022 alertas a la contratación pública, algo inédito en la historia del control fiscal en el país.

De estas 1.022 alertas, 460 corresponden a los presuntos sobrecostos identificados en los contratos relacionados con el Covid.

Gracias a la tecnología, a los algorismos, a la inteligencia artificial y al desarrollo de modelos analíticos, se revisaron más de 140.000 contratos, que equivalen a más de $11 billones de pesos.

Las alertas de la DIARI permitieron reducir en $41 mil millones los presuntos sobrecostos de la contratación para atender la emergencia.

La Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI ha recibido más de 112 alertas, donde ya se han finalizado 90 actuaciones especiales.

Desde marzo a la fecha, la Unidad de Reacción Inmediata ha recibido 457 alertas de contratos para atender la pandemia con presuntos sobrecostos.

Dentro de esos contratos Covid-19, la Unidad de Reacción Inmediata ha levantado 112 Actuaciones Especiales de Fiscalización, obteniendo más de $7.000 millones en beneficios de control fiscal por contratos que se han tenido que renegociar, donde se han tenido que firmar otrosíes o entregar más productos o raciones de lo inicialmente pactado.

Lupa a la infraestructura, al PAE y canastas nutricionales

La DIARI revisa y vigila el billonario presupuesto destinado para la infraestructura nacional.

Para este efecto, se creó un modelo analítico donde se pueden visualizar, minuto a minuto, los avances de las obras y la ejecución presupuestal de estos recursos.

De esta manera, la CGR ha puesto su lupa, en tiempo real, sobre la infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria, hospitalaria y educativa.

La DIARI ha levantado más de 330 alertas de entidades como el Fondo Adaptación, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), el INVÍAS, la ANI y la Unidad de Gestión del Riesgo.

También está haciendo un minucioso seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), para lo cual se creó un modelo donde se puede visualizar los proyectos que están para entrar a los OCAD, los que fueron aprobados y los que están en ejecución.

Este modelo de analítica a los recursos de regalías ha permitido levantar 118 alertas, por más de $2.2 billones.

La DIARI vigila igualmente, con otro modelo, en tiempo real, los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE), la contratación y la entrega a los niños, para lo cual se tienen mapeadas todas las instituciones educativas del país.

En este caso, se han levantado más de 70 alertas en el país.

También se creó un modelo para el Programa de Canastas Nutricionales del ICBF, revisando las entregas y la ejecución presupuestal y de estos contratos de los operadores, Se han levantado más de 69 alertas y se han identificado 15 mil beneficiarios, receptores de las canastas para los niños, que aparecen reportados como fallecidos.

Adicionalmente, se han identificado beneficiarios recibiendo más de 100 canastas y se han evidenciado suplantaciones y duplicidad de documentos. Además, se han encontrado que algunos operadores del ICBF tienen una pésima ejecución y en algunos casos han pasado meses sin entregarle una sola ración a los niños.

Este trabajo de seguimiento de la DIARI sobre el Programa de Canastas Nutricionales ha contado con el acompañamiento de la Contraloría Delegada para el Sector de Inclusión Social y la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Resultado de Auditoría a Banco de Oferentes del ICBF

En relación con el tema anterior, es de resaltar que la Contraloría Delegada para el Sector de Inclusión Social realizó una Actuación Especial de Fiscalización con el objeto de revisar el Banco de Oferentes del ICBF, que dio como resultado 21 hallazgos administrativos, 17 con incidencia disciplinaria, 8 fiscales por $372 millones y la apertura de una indagación preliminar por una cifra estimada de $1.000 millones. Se ratificó, además, que hay debilidades en los controles que realiza el ICBF.

Resultados en materia de vigilancia a las regalías

En el año 2020, la CGR ha auditado $6 billones de recursos de regalías y se han detectado hallazgos fiscales por más de $1 billón de pesos. En lo corrido de la administración del Contralor Felipe Córdoba, se ha llegado a $1.8 billones en hallazgos fiscales, habiéndose auditado más de $12.5 billones.

Lo más destacable es que durante su gestión se han abierto 1.041 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $2.5 billones, donde se han aprobado medidas cautelares, embargando cuentas para que la plata de regalías que se ha perdido retorne al erario y cumpla con el objetivo de beneficiar a los colombianos.

Vigilancia en el Sector Salud

Desde el primer día que se decretó la emergencia por el Covid-19, la Contraloría Delegada para el Sector Salud inició un plan para establecer de forma efectiva cómo se estaban cumpliendo las normas que para ese momento expidió el Gobierno Nacional.

Se inició con visitas a los Aeropuertos, Terminales de Transporte, Secretarías de Salud y un seguimiento permanente a los laboratorios que procesan pruebas para Covid-19.

Como resultado se encontró que el 93% de los Aeropuertos presentaba deficiencias en controles por el coronavirus.

En las Terminales de Transporte se verificó que el 63% no hacía registro de los pasajeros que llegaban a cada ciudad y el 50% no contaba con zonas de aislamiento en caso de detectar un caso Covid.

En las Secretarías de Salud se encontró que el proceso logístico para la entrega de las pruebas para Covid-19 no se estaba realizando correctamente,

Por último, se encontró que, de 107 laboratorios, 18.548 pruebas no habían podido ser procesadas dado que llegaban mal embaladas y no identificadas y venían de forma incorrecta en su toma.

La CGR también realizó también visitas a hospitales y clínicas, en ciudades como Cartagena y Quibdó, sobre los cuales se habían recibido varias denuncias, y sostuvo reuniones con gobernadores, alcaldes y secretarios de salud.

La Contraloría Delegada para el Sector Salud recibió de la DIARI alertas por un valor de $54.000 millones, las cuales fueron verificadas y objeto de vigilancia.

Esta delegada vigiló recursos por $114 billones, de toda la vigencia 2020.

En el primer semestre de 2020, la CGR realizó en el sector salud 23 auditorías (21 de Cumplimiento y 2 Financieras), encontrando 81 hallazgos fiscales por más de $22.000 millones.

Hoy día, se tienen Auditorías de Cumplimiento en las 28 EPS que operan en el país.

Se evaluaron los 10 hospitales más críticos y se incluyeron en el Plan de Vigilancia de la Delegada para del Sector Salud, al igual que 6 Actuaciones Especiales producto de Intervenciones Funcionales.

Vigilancia al Presupuesto de Sector Defensa y Seguridad

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad adelantó 23 auditorías, donde determinó alrededor de 224 hallazgos administrativos, de los cuales 13 tuvieron connotación fiscal por $13.000 millones.

Se detectó, por ejemplo, un importante hallazgo fiscal, por un presunto detrimento patrimonial de más de $15 mil millones, que tiene que ver con una planta de combustibles en Tolemaida, que no opera a pesar de que han pasado más de tres contratos.

Otro hallazgo está relacionado con la pérdida de combustible por más de $1.100 millones en la Fuerza Aérea.

También se presentaron hallazgos con partidas importantes tanto en la Policía Nacional como en Cotecmar (Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial), entre otras entidades del sector.

La Delegada de Defensa y Seguridad ha atendido también denuncias ciudadanas, como la relacionada con el Buque ARC Caribe, que presentó fallas en su sistema de propulsión y no está operando, por lo que se determinó un hallazgo con presunta fiscal por alrededor de 13 millones de dólares.

También son relevantes los presuntos hallazgos fiscales detectados en relación a unos helicópteros que adquirió la Armada Nacional, uno por más 6 millones de dólares y otro por 600 mil dólares.

Para destacar, igualmente, un estudio sectorial que realizó la Contraloría sobre la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea -ACOFA, entidad adscrita al Ministerio de Defensa con sede en Fort Lauderdale (EE.UU.), cuyos resultados le va a servir a la FAC para tomar medidas que mejoren estos procesos de contratación.

Vigilancia en el Sector Agropecuario

En uso de las nuevas facultades de control en tiempo real de que dispone la CGR, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario realizó un seguimiento al recurso público de la línea especial de crédito (LEC) Colombia Agro Produce, a cargo de Finagro, determinado que no existían controles para verificar que efectivamente se concedieran los créditos a las personas que más lo necesitaban, hubo una concentración importante en grandes productores y en regiones capitales del país, lo cual implicó un gran riesgo fiscal.

Gracias a la oportuna intervención de la contraloría, se logró que se devolvieran más de $90 mil millones de grandes productores para ser colocados en quienes más lo necesitan y, además, se afinaron los controles en los créditos subsidiados para el agro.

Por otra parte, esta delegada realizó una Auditoría de Desempeño al Programa “Coseche y Venda a la Fija”, estrategia que impulsa el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para solucionar la problemática de comercialización de los productos agrícolas.

Fue así como se detectaron 19 hallazgos y se encontró que esta política pública no fue diseñada de una forma acertada y faltan muchos esfuerzos para que el Ministerio logre la meta cualitativa de 300 mil contratos directos con los productores y se beneficien finalmente, y en mayor medida, los campesinos.

Y en un Control Excepcional adelantado a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. -CORABASTOS-, se obtuvieron 3 hallazgos y una indagación preliminar para determinar el costo de la posible afectación de las losas por los lixiviados, que puede ir entre $1.900 millones y algo más de $2.000 millones.

Control fiscal de la mano de la Ciudadanía

Una de las estrategias más importantes de la Contraloría General de la República es “Compromiso Colombia”, con el cual se ha logrado que se ejecuten obras que corrían el riesgo de convertirse en elefantes blancos: colegios, acueductos, alcantarillados, viviendas. Se trata de proyectos que se han destrabado y han salido a flote.

A través de esta estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia, se impulsa el seguimiento, reactivación y culminación de proyectos de distinto tipo.

Se destaca el acompañamiento que hace la Contraloría al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE en muchas regiones visitando colegios que no se habían podido reactivar y dialogando con los contratistas, interventores, entidades territoriales y autoridades involucradas, para terminar las obras pendientes.

En 2020 se ha consolidado también la construcción del diagnóstico de proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos, con el liderazgo de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

En total, se han identificado cerca de 1.400 proyectos, por un valor cercano a los $25 billones.

A través de “Compromiso Colombia, se impulsa el seguimiento, reactivación y culminación de varios de estos proyectos.

El diagnóstico de obras inconclusas y elefantes blancos permitirá también tener un panorama claro para efectos de los ejercicios de vigilancia y el establecimiento de la respectiva responsabilidad fiscal.

Los ciudadanos del común y las veedurías especializadas han ayudado a construir este diagnóstico y ha habido un trabajo articulado de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

La DIARI hace un seguimiento georeferenciado de todas estas obras que presentan dificultad. Esta dependencia tiene asignada la función de llevar el Registro Nacional de Obras Inconclusas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 2020 del 17 de julio de 2020.

Vigilancia sobre el Medio Ambiente

La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente priorizó su gestión en 4 temas:

*La evaluación y seguimiento al manejo del recurso hídrico del país, tanto en los humedales interiores como en las principales cuencas hidrográficas (Magdalena, Atrato y Río Bogotá).

*La deforestación en la Amazonía y otras zonas del país.

*El seguimiento a la gestión integral de residuos sólidos.

*Y el aporte técnico a las mesas de seguimiento de sentencias judiciales en el tema ambiental.

Las auditorías realizadas por la CGR han permitido identificar un sinnúmero de actividades relacionadas con la deforestación, como desordenamiento del territorio, actividades ilícitas y contaminación de acuíferos.

*En el tema de fracking, el estudio que realizó el año pasado la Contraloría, mirando la experiencia de otros países, indicó que el Gobierno debe tener en cuenta una serie de variables para poder llevar a cabo un buen fracturamiento.

Y en reciente pronunciamiento ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la CGR manifestó la persistente necesidad de poder incorporar otro tipo de insumos para el fracturamiento que se va realizar en los tres proyectos piloto el próximo año.

Considera la Contraloría que es necesario tener un estudio completo, sobre todo en las zonas donde se van adelantar los proyectos piloto de yacimientos no convencionales, frente al trazado de las aguas subterráneas y los efectos geológicos que se pueden presentar.

También se ve la necesidad articular todo lo que tiene que ver con licenciamiento para estos pilotos, entre la ANLA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En la vigencia 2021, la Contraloría va a elaborar la segunda fase del estudio que hizo en 2019, ampliando el alcance sobre las buenas prácticas de yacimientos no convencionales que debe seguir el país si decide implementar esta línea de exploración y explotación de hidrocarburos, que permitan complementar y al mismo tiempo hacer sostenible la matriz energética del país en los próximos años.

Impacto económico de la pandemia en la deuda

Los recursos invertidos y presupuestados por el Gobierno Nacional para la pandemia han sido significativos y la deuda ha tenido que subir sustancialmente, para poder cumplir con estas obligaciones.

De acuerdo al seguimiento realizado por la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, al mirar el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central se observa que:

Se pasa de tener una deuda de $493 billones de pesos en diciembre de 2019 a tener actualmente una por el orden de $598 billones.

Esto quiere decir que la deuda ha pasado de 46% del PIB en 2019 a cerca del 59% del PIB este año.

Mirando todo el sector público, la deuda ha subido de $607 billones a $741 billones. En términos del PIB, esto significa que subió del 57% a alrededor del 73.4%.

Actuaciones de la CGR frente a las
inconsistencias del Programa Ingreso Solidario

La Contraloría Delegada para el Sector de Gestión Pública e Instituciones Financieras realizó un seguimiento estricto al Programa Ingreso Solidario, creado mediante el Decreto 518 de 2020 y dirigido a las personas con hogares en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, que no debían estar en los demás programas sociales del Gobierno, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. Tampoco cobijó a los beneficiarios de la devolución del IVA.

El seguimiento de la Contraloría determinó deficiencias en las bases de datos administradas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pues allí se encontraron cédulas inexistentes, personas que figuraban en otros programas sociales del Gobierno y también cédulas correspondientes a personas fallecidas.

El DNP depuró sus datos y la Contraloría siguió haciendo este seguimiento y al final se determinó que se giraron recursos por $759 millones a personas en las condiciones antes señaladas.

Este detrimento patrimonial fue debidamente trasladado y se iniciaron las acciones fiscales correspondientes.

Control en el Sector de Minas y Energía

La CGR hizo una evaluación al Plan Sectorial del Ministerio de Minas y Energía para verificar cuál había sido el cumplimiento en la meta que tenía de erradicar 200 toneladas de mercurio que se utilizan al año en el proceso de beneficio del oro, lo que trae unas enormes afectaciones a la salud de los mineros y graves impactos ambientales.

El resultado de esta evaluación no fue el mejor: solo se pudieron erradicar 90 toneladas de mercurio, gastando todos los recursos dispuestos, y la recomendación de la Contraloría para el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, es que se replanteen estos objetivos y se refuercen las tareas correspondientes.

Presencia de la CGR en los temas de posconflicto

Con el liderazgo de la Contraloría Delegada para el Posconflicto, la CGR ha estado en 105 municipios que tienen Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, haciendo un trabajo de participación ciudadana y el seguimiento del monitoreo a la implantación de cada una de las políticas fijadas en el Acuerdo Final de Paz (cumplimiento del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, Reforma Rural Integral y también la Ley de Víctimas).

Control fiscal en el tema de Población Fiscalizada

El mayor logro de la CGR frente a los grupos poblacionales sujetos de enfoque diferencial es haber tenido la oportunidad de realizar intercambios con las 32 entidades territoriales para verificar la existencia o no de políticas públicas dirigidas a satisfacer sus derechos individuales y colectivos.

Esta labor está a cargo de la Contraloría Delegada para la Población Focalizada, que ha acercado estos grupos poblacionales al control fiscal.

Fuente / CGR Comunicaciones (CGR)