La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento de Amazonas condenara a dos años de prisión y multa de 6.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Alan Benjumea, quien amenazó, a través de redes sociales, al periodista Luis Carlos Vélez.

La labor investigativa realizada de manera articulada con el Centro Cibernético Policial de la DIJIN de la Policía Nacional permitió identificar a la persona que envió los mensaje intimidatorios contra el comunicador desde Leticia (Amazonas), en julio de 2018. Ante la contundencia de la evidencia en su contra, el hoy sentenciado aceptó su responsabilidad en los hechos.

Esta es la segunda condena que se da en el país por amenazas a través de redes sociales. La primera, de 38 meses de prisión, fue proferida contra Francisco Javier Andica Acevedo, en 2018, por intimidar a una periodista y a un caricaturista.

La Fiscalía General de la Nación respeta el derecho a la libre expresión, al tiempo que reitera que las amenazas contra la vida y la integridad de las personas, emitidas desde cualquier medio o canal virtual, son conductas catalogadas como delito.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

Fuente consultada | fiscalia.gov.co

Leticia, Amazonas, 1 de septiembre de 2021. Funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, seccional Amazonas, tomaron las medidas necesarias en el paso fronterizo de Tabatinga, en el muelle internacional Victoria Regia y en la oficina local de Leticia, para prevenir el ingreso y propagación de la Peste Porcina Africana, PPA.

La PPA es una enfermedad exótica en el país, es por eso que cada una de las acciones que se adelantan desde el Instituto es con la finalidad de prevenir la llegada de este virus por Puertos, Aeropuertos o Pasos de Frontera (PAPF).

“El Amazonas tiene frontera con los países de Brasil y Perú, es fundamental prevenir, controlar y reducir los riesgos sanitarios biológicos y químicos para las especies animales y vegetales que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia”, explicó Yenny Infante, gerente (E) de la seccional Amazonas.

Fuente consultada ica.gov.co

Gobernador Jesús Galdino irá a juicio en la corte suprema de justicia por el PAE

𝖫a Corte Suprema de Justicia llamará a juicio al mandatario de Amazonas Jesús Galdino Cedeño, por un Contrato que suscribió en plena pandemia relacionado con la alimentación escolar y que, según La Fiscalía no era necesario adelantar, ya que existía un convenio anterior para ese mismo fin.
Fuentes judiciales indicaron que la Corte acaba de fijar la fecha del Juicio para el día 9 de septiembre de 2021.

Según el Ente Acusador, el gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño habría cometido el delito al firmar un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un convenio pactado en plena contingencia del COVID-19. El documento de 37 páginas que fue radicado el pasado 14 de mayo de 2021 por el fiscal Julio Ospino ante la Secretaría de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde se adelantará su juicio.

El 7 de abril pasado, la Fiscalía le imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, Galdino no los aceptó y se salvó de la prisión preventiva mientras su proceso avanzaba.

Galdino, médico de profesión, fue elegido en 2019 con más de 11.000 votos, pero su desgaste ante la ciudadanía creció de manera creciente ante sus reiteradas ausencias al despacho, y la evidente falta de conocimiento para ejercer a cabalidad sus funciones, lo que propició que algunos contratistas del interior del país, se metieran a tomar las decisiones más importantes de su gobierno.

Las autoridades recibieron denuncias sobre irregularidades en esos convenios, entre ellos uno suscrito por el gobernador Galdino el 6 de abril de 2020, que tenía como fin “el suministro de alimentos para el programa PAE en el marco de la emergencia económica, social y ecológica del COVID-19” por un valor de $429 millones. Según la Fiscalía, su trámite y celebración violaron principios de la contratación estatal “como la transparencia, economía y responsabilidad”, entre otros. El ente investigador dice que Galdino suspendió, a finales de abril de 2020, un contrato de esa misma naturaleza suscrito en diciembre de 2019 por la gobernación anterior por más de $4.000 millones y que se iba ejecutar durante el año escolar de 2020.

Lo que le cuestiona la Fiscalía es que se “desconociera sin justificación” la existencia de un contrato previo para alimentar a los menores de edad del departamento durante 2020 y no llegar a un acuerdo con el contratista que había ganado ese convenio.

“El gobernador, a través de su secretario de Educación Victor Mora, no aceptó las diferentes solicitudes que realizó el gerente de la firma contratista Consorcio Alimentación Infantil 2020, dirigidas a la realización de unas mesas de trabajo que permitieran establecer nuevos lineamientos, derivados de la contingencia sanitaria y de esta forma proseguir con su ejecución como lo venía ejecutando de manera adecuada”, señaló la Fiscalía. Además, también dice que la cabeza de dicho consorcio fue excluida del nuevo contrato sin justificación. Incluso, en septiembre de 2020, la Fiscalía dice que la Gobernación logró ajustar el contrato con el consorcio con el fin de que entregara las raciones de comida en casa, hecho que demostraría la irregularidad del contrato firmado en abril.

Según el Ente Acusador “El gobernador Jesús Galdino Cedeño era consciente de que el trámite contractual aludido se adelantaba y prosiguió de forma irregular (...) sabía que el adelantamiento del proceso contractual sin el cumplimiento de sus requisitos legales no garantizaba la correcta realización de actuación contractual; era de su exclusivo resorte y responsabilidad la suspensión, vigilancia y control de esa actividad por ser el ordenador del gasto y representante legal del departamento (...) ese nuevo contrato condujo a realizar una erogación más cuando ya existía uno previamente y con el mismo objeto”, concluye el escrito de acusación contra Galdino.

El.abogado del mandatario amazonense, el penalista Álvaro Rolando Pérez, afirmó que se cumplió con todo lo contemplado y que incluso el Gobierno aportó el 80 % del dinero del contrato ahora cuestionado. “Se cambió el contratista que venía prestando el servicio porque el objeto del contrato cambió.

La falta de experiencia en la administración pública y las malas decisiones del mandatario, violando la ley, podría resultar en una nueva convocatoria a elecciones en caso que la Corte falle en contra del gobernador Jesús Galdino Cedeño, en el Juicio programado para empezar el próximo 9 de septiembre en la Sala Penal