Social Tabatinga Leticia Iquitos - TALEOI.COM

De jueves a viernes, la Unidad para las Víctimas desarrollará jornadas de atención a sobrevivientes del conflicto armado residentes en el departamento Amazonas, con el fin de acercar el acceso a servicios institucionales que faciliten el restablecimiento de sus derechos legales.

Por: Oficina Asesora de Comunicaciones / Unidad para las Víctimas

Leticia, 25 de septiembre de 2018.

El objetivo de esta jornada de atención es llevar a cabo procesos de asistencia, reparación y actualización de datos de los sobrevivientes del conflicto armado que residen en este departamento. La jornada se realizará del 27 al 28 de setiembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura localizada en zona urbana del municipio, en horario de 8:00 A.M. a 12: 00 p.m., y de 2:00 p.m. a 4:00 pm.

Carlos Pardo Alezones, director territorial para Meta y Llanos orientales de la Unidad para las Víctimas, manifestó que: “en estas jornadas las víctimas recibirán servicios en toma de novedades, actualización de datos, conocimiento sobre el estado de sus solicitudes de ayuda humanitaria, asesorías sobre su derecho a la reparación, y la realización de la entrevista única, la cual permite identificar las necesidades y capacidades actuales de las víctimas con el fin de facilitar el acceso a las medidas de asistencia y reparación a las que tienen derecho”.

El funcionario resalta que: “pueden asistir todas las personas que estén incluidas en el Registro Único de Víctimas por hechos acontecidos en el marco de la violencia en cualquier territorio del país, siempre y cuando su lugar de residencia actual sea en el Amazonas. Esta convocatoria se hace para población perteneciente a grupos étnicos y no étnicos”.

Con esta estrategia, la Unidad busca acercar sus servicios a las 2.584 víctimas del conflicto armado asentadas en este departamento.

ICBF restableció los derechos de 976 niños, niñas y adolescentes en situación de calle durante el último año

Bogotá, 25 de septiembre de 2018.- La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, presentó ante el Congreso de la República el informe anual de la política pública de habitante de calle, en el que destacó que durante 2017 se abrieron 976 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) a niños, niñas y adolescentes que se encontraban en esta situación o que tenían una alta permanencia en zonas públicas.

En la Comisión Séptima del Senado, la Directora General del Instituto reveló que la mayoría de niños y adolescentes a los que el ICBF les abrió un PARD, está entre los 12 y 17 años (667 casos). Le siguen los niños entre los 6 y 11 años con 277 casos y niños menores de cinco años de edad con 21 casos. Del total de menores de edad atendidos, 599 eran de sexo masculino y 377 de sexo femenino.

Bolívar es el departamento del país que más reporta PARD por situación en calle de menores de edad con 137 casos, le siguen Bogotá 122, Antioquia 106, La Guajira 91, Risaralda 77, Nariño 68, Valle del Cauca 66, Caldas 50, Cesar 33, Norte de Santander 27, Atlántico 24, Boyacá 24, Cauca 21, Tolima 19, Cundinamarca 17, Magdalena 14, Arauca 11, Meta 11, Huila 8, Santander 8, Casanare 7, Putumayo 7, Córdoba 7, Guaviare 6, Chocó 5, Quindío 4, Caquetá 2, Sucre 2, San Andrés 1 y Vichada 1.

“Como sociedad tenemos un gran reto: acabar con la situación de vida y alta permanencia en calle de niños, niños y adolescentes. Sabemos que en las calles los niños son más vulnerables y pueden terminar siendo víctimas de cualquier forma de violencia, desde el trabajo infantil o la violencia sexual hasta el reclutamiento por grupos al margen de la ley”, señaló la Directora General.

Durante 2017 el Instituto invirtió un poco más de 11.000 millones de pesos para la atención de niños, niñas y adolescentes, y abrió 1.254 cupos en las 12 regiones del país que presentan mayores riesgos para que los menores de edad permanezcan en las calles sin el control de sus padres o cuidadores.

Durante la presentación de su informe al Congreso, la Directora General del ICBF aseguró que acompaña la propuesta del Ministerio de Salud de realizar en octubre una consulta pública de la Política de Habitante de Calle, para culminar el proceso participativo de construcción y concertación territorial, para la posterior expedición de los actos administrativos que permitan su implementación.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) aseguró que el número de colombianos que se había estimado basado en el censo de 2005 no es el que se creía, por lo que la población del país estaría sobre los 40 millones de personas.

Según el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, el modelo lleva más de 13 años de vigencia y los datos que había arrojado estaban basados en una proyección por lo que la información no es exacta. Cabe anotar que los datos estadísticos del DANE se usan para formular políticas públicas que impacten a sectores específicos de la sociedad.

"Al 15 de septiembre de 2018, los más de 31.000 censistas que han participado en esta operación estadística han visitado 12.634.836 viviendas particulares, han censado 13.315.508 hogares y a 40.874.197 personas en todo el territorio nacional. Se han censado 467.325 manzanas urbanas y áreas de trabajo rurales y se avanza en otras 27.303, lo que representa el 95,6% del total”, dijo el DANE.

La entidad destaca que se ha hecho el cierre de la recolección de información en 975 municipios de los 1,101 con los que cuenta el país “y continuamos avanzando en los 147 restantes para culminar la operación estadística más grande de Colombia”, destacó la entidad a través de un comunicado.

El Dane afirma que en las próximas semanas concentrará sus esfuerzos en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, donde hay mayor densidad poblacional y en la zona del Pacífico colombiano, Buenaventura y Tumaco.

El DANE hace un llamado a los ciudadanos, “en el caso que no hayan podido cumplir con el deber de participar en el censo, pueden acercarse a la oficina local del DANE más cercana, allí un funcionario le ayudará para que quede censado”.

Por : Agencia RedMedios

Ofensiva contra la minería ilegal en el sur del país

Por: OFICINA DE PRENSA COMANDO ARMADA NACIONAL

En una operación conjunta y coordinada entre la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Seccional de la Policía Judicial - Sijin, fueron destruidas tres dragas utilizadas para la extracción ilegal de minerales en el sur colombiano.

El trabajo coordinado de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales dedicadas a la explotación ilegal de los recursos naturales, dio como resultado la ubicación y destrucción de las dragas usadas para la extracción ilegal de minerales, en la vereda Quebradonia, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

En el momento de inspeccionar las estructuras flotantes, fueron hallados ocho motores. El material incautado que al parecer pertenecía al Grupo Armado Organizado Residual del Frente 62, de las Farc, fue destruido de forma controlada en el lugar del hallazgo.

El impacto ambiental obtenido con esta incautación es significativo, teniendo en cuenta que el mercurio que las dragas arrojan sobre las aguas de los ríos, produce una afectación directa al medio ambiente y a la salud de los pobladores y comunidades indígenas de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, quienes se alimentan y sostienen por parte de las actividades económicas, de las aguas de los ríos, del sur del país.

La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones ofensivas con el fin de combatir la minería ilegal y contrarrestar los delitos medio ambientales, velando por la preservación de los recursos naturales, en esta zona del país.

Cuatro funcionarios de la judicatura fueron capturados en Cali por adelantar trámites ilegales en procesos de herencias en la capital del Valle del Cauca.

El hecho lo dio a conocer una notaria al Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez Neira, el pasado 31 de agosto de 2017 cuando el funcionario hacía su recorrido nacional en la jornada ‘Bolsillos de Cristal’ contra la corrupción.

Ante esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción dio inicio a la investigación que permitió la captura de cinco personas, entre las que figuran un juez de familia, un secretario de despacho, dos funcionarios del centro de servicios judiciales y un particular.

Fuente consultada / Redacción Digital BLU Radio