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El director de películas como 'El Último Tango en París', 'Los Soñadores' y 'Novocento' murió en su casa del romano barrio de Monteverde Vecchio; Bernardo Bertolucci ganó nueve premios Óscar y fue laureado con la mayor cantidad de condecoraciones que el cine internacional puede otorgar.

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El cineasta nació en Parma el 16 de marzo de 1941, e hizo películas que en su mayoría muestran las consecuencias del fascismo en Italia y la revolución de Mayo del 68 en Francia.

Una de sus obras más recordadas fue 'El Último Emperador' que relata la vida de Puyi, el último emperador de China, que subió al trono a los dos años en 1908 y fue adorado por 500 millones de personas como divinidad. La vida del emperador termina en una pequeña casa lejos de los lujos con los que comenzó su vida.

Una de sus películas, más famosas quedó manchada por la polémica cuando Maria
Schneider denunció que durante la grabación de 'El Último Tango en París' había sido abusada frente al lente de la cámara sin haber sido plenamente informada del contenido de la escena. La actriz sufrió de adicción a las drogas y depresión, en parte, como consecuencia del rodaje.

Bertolucci realizaba sus películas con enormes presupuestos pese a que era uno de los pocos cineastas que realizaban cine de autor. En la cima de su fama, años 70 y 80, era el equivalente a Francis Ford Coppola en Europa. El autor mantenía en sus películas los temas de: la lucha de clases, el inconsciente, el sexo y la estética de la ciudad.

En 2003 se dedicó al rodaje de su película Soñadores y luego sufrió una enfermedad que lo dejó postrado en silla de ruedas por un grave problema en la espalda. Su última película es Tu y yo en el 2012. En 2007 recibió el León de Oro del festival de Venecia por su carrera, y en 2011 la Palma de Oro honoraria en el festival de Cannes.

Según la directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), la región debe dejar de concebir la ganadería como la única actividad que genera riqueza y ver la conservación como una inversión para la economía nacional.

Los altos grados de deforestación en el hervidero más grande de biodiversidad del planeta tienen su raíz en el actual modelo de desarrollo de la Amazonía, según explica Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora del Sinchi, principal instituto de investigación en la región.

La Amazonia concentró en 2017 el 65,5 por ciento de la deforestación total del país. Específicamente se trató de más de 144.000 hectáreas de cobertura boscosa en municipios como San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá en Caquetá, San José del Guaviare y La Macarena en Meta.

“Tenemos metido en la cabeza que el único generador de riqueza es la ganadería y vemos a la conservación como un estorbo para el desarrollo, más un gasto que una inversión, y no como un factor dentro de la contabilidad económica del país. Hay que replantear este modelo para combatir la deforestación y darle valor al bosque en pie”, indicó Mantilla.

La directora recalcó que hay que detener la ampliación de la frontera agropecuaria con lineamientos productivos y sostenibles, problemática que ha colonizado planicies amazónicas y piedemonte de Caquetá y Putumayo, además de restaurar las conectividades de la Amazonía con los Andes y la Orinoquia y solucionar la falta de gobernanza.
“Necesitamos impulsar el concepto de ciudades sostenibles en la región. No podemos seguir con el modelo de las ciudades con más de 100.000 habitantes, ya que la mayoría de las capitales amazónicas no cuentan con esa cantidad. Hay que entender que la gente tiene que vivir con y del bosque, por lo cual son un actor fundamental para resolver la problemática”.

Mantilla afirmó que la Amazonía necesita de acciones colaborativas entre las instituciones, autoridades y los dueños de los predios, y un encadenamiento con los tomadores de decisiones para los créditos y la legalización de los terrenos, que hoy están en tenencia, pero sin legalizar.

¿Cómo lograrlo?

La Directora del Instituto propone varias acciones para consolidar un nuevo modelo en la región, el cual inicia con procesos de educación con los habitantes del bosque.

“Tenemos que socializar las acciones demostrativas y exitosas con los habitantes del bosque. Al ver que hay proyectos que sí funcionan, cambiará su pensamiento y dejarán de talar. Hoy en día cerca de 52.000 hectáreas en la Amazonía tienen acuerdos de conservación, los cuales podrían servir como ejemplo. La comunidad debe convertirse en una fuerza clave para cambiar la dinámica territorial que hoy existe”.

Sacarle el jugo al bosque de una manera sostenible y una política integral para que los campesinos tengan oportunidad de vender productos derivados de la selva, podría impulsar el crecimiento económico y salvaguardar los recursos naturales.

“El bosque es mucho más que madera. Ofrece subproductos como fibras y frutales amazónicos que generarían nuevas opciones de vida a sus habitantes. Pero para esto hay que tener una cadena de valor y un encadenamiento productivo, además de una sociedad regional con modelos agroforestales, piscícolas y de productos forestales no maderables que impulsen la economía regional”.

La funcionaria anotó que el gobierno debe incentivar más los usos agroforestales y silvopastoriles, y no la ganadería.

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“Hay que plantearle al habitante del bosque distintas alternativas económicamente rentables para que dejen de talar. Al conservar por lo menos tres hectáreas de bosque en cada finca habría una conectividad regional. Es fundamental generar una contabilidad donde todas las entidades ambientales registren las hectáreas restauradas en el país”.

Por último, la Directora del Sinchi recalcó que había que poner la lupa sobre la contaminación de la Amazonía, en especial la del mercurio, “un problema más grande que la deforestación. Necesitamos un país con un enfoque distinto como el agroambiental, basado en acuerdos de conservación”.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.

La Procuraduría General de la la Nación hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que se garantice el servicio de Salud de 3.513.551 usuarios afiliados a las EPS Coomeva, Emdisalud, Convida, Comfacundi y Dusakawi.

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La Procuraduría alerta que Coomeva cuenta con 2.217.567 usuarios y hace presencia en 217 municipios del país, que en caso de incumplimiento pueden verse afectados. Por eso, solicita a la superintendencia remover al actual revisor fiscal y nombrar un contralor que permita a la EPS superar la crisis.

Además, el ministerio Público solicita que la EPS comience a presentar informes periódicos a los entes de control y la implementación de un plan de seguimiento para controlar la integración vertical. La Procuraduría también solicita supervisar los giros directos que hace la prestadora de salud al régimen contributivo y al subsidiado.

Frente a Emdisalud, que reporta una deuda superior a los 153 mil millones de pesos y que lleva 8 años en proceso de intervención, la Procuraduría asegura que la EPS no ha presentado resultados de mejora por lo que solicita medidas contundentes, “debido a esta situación la Procuraduría solicitó a la Supersalud adoptar medidas definitivas de revocatoria de la habilitación y la intervención forzosa administrativa, para administrar, o para liquidar la EPS”, sostiene el organismo de control.

Así mismo, sostiene que los 453.524 usuarios “se encuentran en riesgo ya que la entidad tiene graves deficiencias en la función de aseguramiento y garantía de la prestación de los servicios

de salud, por no contar con los escenarios e instalaciones adecuadas para brindar la debida atención”.

Por último, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud medidas cautelares de vigilancia especial para proteger los derechos de 842.460 usuarios del sistema de salud, pertenecientes a las EPS Dusakawi (211.319), Comfacundi (111.466) y Convida (519.675), que podrían estar en riesgo.

“Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se habrían encontrado evidencias que permitirían establecer que habría incumplimiento de las condiciones financieras establecidas, límite de gastos, falta red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, alto número de tutelas y embargos y fallas en los programas preventivos”, asegura el Ministerio Público.

Así mismo, la Procuraduría solicitó la remoción de los revisores fiscales de las tres EPS y el nombramiento de contralores que vigilen directa y permanentemente la atención a los usuarios, la administración de recursos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como entidades prestadoras de salud, de acuerdo a la normatividad vigente.

Cabe anotar que el próximo 6 de diciembre, la Corte Constitucional realizará una audiencia pública sobre el sector salud, un espacio de diálogo en el que el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Procuraduría General de la Nación plantearán soluciones efectivas frente a la crisis del sistema.

Decretan el estado de "calamidad pública" en Copacabana (Antioquía-Colombia) por el desbordamiento del río Aburrá, que afectó a 632 personas, informó su alcalde, Óscar Alberto Restrepo.

"La administración municipal decretó la calamidad pública ante los recientes eventos de inundación" ocurridos por los aguaceros del domingo, expresó Restrepo en el Twitter de la Alcaldía.

Según reportes de los organismos de socorro, 197 familias perdieron todos sus enseres por la furia de las aguas del río Aburrá, aunque hasta el momento no se reportan ni muertos ni heridos.

El alcalde Restrepo hizo hoy un recorrido por los barrios más afectados y dispuso medidas adicionales para atender la emergencia que también dejó autos y motocicletas averiadas.

Un grupo de 70 militares con maquinaria, al igual que obreros y personas de la administración ayudan en la limpieza, recolección y disposición de escombros y enseres, agregó el mandatario local.

Fuente consultada /noticiasambientales.com.ar