“Presidencia debe formular una política de Estado para proteger la Amazonia”: Procuraduría

El ente de control recomienda realizar varias acciones para desactivar los motores de la deforestación en la Amazonia. Pone tareas concretas a más de 30 instituciones y da como plazo el 2019 para que las alcaldías actualicen sus Planes de Ordenamiento Territorial.

Los bosques amazónicos colombianos están en cuidados intensivos. La debacle presentada en 2017, cuando la región perdió cerca de 144.000 hectáreas de estos ecosistemas, podría haberse incrementado a 200.000 hectáreas el año pasado, según estimaciones de varios ambientalistas. Esta nueva cifra significaría la muerte de 2.800 millones de árboles y millones de animales y plantas.

El reporte de los últimos tres meses de 2018 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), indicó que la Amazonia concentró 75,5 por ciento de la deforestación total del país. Entre octubre y diciembre, la motosierra estuvo encarnizada en Caquetá, Guaviare y Meta, departamentos donde arrasó con 52.000 hectáreas de bosque en ese último trimestre.

Esta hecatombe ambiental, impulsada principalmente por terratenientes que han aprovechado la ausencia del estado para adueñarse de las tierras amazónicas antes ocupadas por la guerrilla de las FARC, indicaría a simple vista que la región carece de marcos normativos para defender sus bosques. Pero no es así.

El gobierno nacional cuenta con varios instrumentos para contrarrestar la deforestación en la zona, como la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le dio un carácter de sujeto de derechos a la selva amazónica; la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques; la Política Nacional para la Gestión Integrada de la Biodiversidad; la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones y Deforestación; y el Conpes de crecimiento verde, entre otros.

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Hay dientes para la defensa del verde amazónico, pero según la Procuraduría General de la República no hay continuidad en la implementación de dichas políticas, ni una proporcionalidad entre la magnitud del problema y la adopción de medidas inmediatas para contrarrestarlo. “La ejecución de los programas e instrumentos ha sido poco efectiva y muy lenta”, dice el ente de control.

Para darle un vuelco al nefasto panorama que hoy hace sucumbir a los bosques de la Amazonia, la Procuraduría acaba de emitir una nueva directiva en la que le hace un llamado de urgencia al gobierno del Presidente Iván Duque: le pide intervenir de una manera eficaz y efectivamente en la desactivación de los motores de la deforestación en la Amazonia, y le pide a más de 30 entidades que cumplan con acciones puntuales que salvaguardan los ecosistemas que surten de agua y aire a todo el país.

Presidencia a la cabeza

En su nueva directiva, la 004 del 5 de abril de 2019, la Procuraduría insta a la Presidencia de la República a formular e implementar una política de estado en la Amazonia, la cual incluya los aspectos sociales, económicos y ambientales para proteger la región y que tenga continuidad.

“La protección de la Amazonia requiere de una política estatal que trascienda las iniciativas, planes y programas adelantados en los períodos institucionales de los respectivos gobiernos nacionales, departamentales y locales. Esta debe proyectar la incorporación del territorio amazónico a la nación”, aseguró la entidad.

Recomienda que una oficina del orden presidencial maneje los temas relacionados con la deforestación en la región, la cual deberá coordinar y articular la toma de decisiones que vinculen a todos los sectores del gobierno, realizar el seguimiento a las órdenes emanadas de las directivas presidenciales y disponer de los correctivos pertinentes.

Sumado a esto, la Procuraduría le recalca a la Presidencia que está en la obligación de intensificar la presencia del estado por medio de las fuerzas militares y de policía. “La gestión y control de la zona demanda un trabajo coordinado, articulado y permanente. La deforestación es tal vez el principal y más importante problema ambiental del país, frente al cual todas las instituciones del Estado deben priorizar y robustecer sus esfuerzos para evitar que siga incrementándose”.

Jalón de orejas a entes regionales

La entidad de control le hace un fuerte jalón de orejas a las alcaldías y gobernaciones de los territorios amazónicos. Las llama a intensificar el control y seguimiento a las actividades deforestadoras y les encarga varios compromisos para proteger los bosques.

A las alcaldías de los municipios de la Amazonia, la Procuraduría les da solo este año para actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial, una tarea ya consignada en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le dio derechos a la región. “Los alcaldes deben incluir en las determinantes ambientales de sus POT el plan de acción de reducción cero deforestación y acciones de mitigación del cambio climático. Además, es su responsabilidad imponer medidas preventivas y enviárselas a la autoridad ambiental competente en un tiempo máximo de cinco días, para que inicie los procedimientos administrativos sancionatorios”.

Las gobernaciones del Amazonas, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Vaupés y Guainía deberán formular planes de adaptación y mitigación al cambio climático, y exigir en las obras de infraestructura el cumplimiento de todos los requisitos ambientales.

Un trabajo de todos

Para la Procuraduría, erradicar o por lo menos controlar la deforestación, requiere de una estrategia articulada de diferentes carteras ministeriales, no solo de las entidades ambientales, que deben alinearse y coordinarse bajo la política de Estado que fije el gobierno en la Amazonia.

Al Ministerio de Ambiente le encarga crear una nueva política nacional integral de los bosques, plantaciones forestales y control de la deforestación, además de una definición prioritaria de la frontera agrícola y el establecimiento de sistemas productivos sostenibles compatibles con el pago por servicios ambientales.

Otras tareas sugeridas al Ministro Ricardo Lozano son ajustar las burbujas ambientales para que arrojen resultados concretos; determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo por tala y quema de bosque; y coordinar la implementación de la Ley de Cambio Climático en los departamentos y municipios amazónicos.

El ministerio de Defensa queda con la responsabilidad de una estrategia de operativos e intervenciones en las zonas más críticas por deforestación y tráfico de recursos naturales; mientras que una política de proyectos productivos para frenar la frontera agrícola, ganadería extensiva y minería ilegal, recae en hombros del Ministerio de Agricultura. “Este último debe establecer la asignación y entrega de subsidios e incentivos a las actividades agropecuarias que no causen deforestación”, cita la directiva.

A MinTransporte, la Procuraduría le pide establecer altos parámetros frente a la construcción de vías y obras de infraestructura en la Amazonia, al igual que patrones verdes de construcción, estudios de impacto ambiental estrictos y criterios de evaluación ambiental.

Por su parte, a MinJusticia le encarga adoptar medidas correctivas para superar las falencias en los procesos de judicialización de los presuntos responsables de la deforestación y las declaratorias de ilegalidad de las capturas; y al Ministerio de Minas identificar los procesos de restauración en los ecosistemas afectados por la minería ilegal, privilegiar proyectos de generación de energías alternativas y que haga prevalecer la reducción y eliminación de mercurio.

“El ministerio de Hacienda tiene que considerar la necesidad de incluir en los presupuestos de las entidades y autoridades, los rubros para ejecutar acciones que lleven la deforestación a cero. Por su parte, el Ministerio del Interior requiere implementar espacios de diálogo intercultural con la población indígena, fortalecer acciones comunitarias para evitar la ilegalidad, la restitución material de los resguardos indígenas y áreas protegidas e instar a los entidades territoriales a revisar y actualizar los instrumentos de planificación y ordenación del territorio”.

Baldíos y catastro

La ausencia de un catastro rural y la cantidad de baldíos de la Nación en la Amazonia colombiana, son los escenarios perfectos para las fechorías de los terratenientes y acaparadores de tierra, los principales motores de la deforestación en la región.

Por eso, la Procuraduría insta a varias agencias e institutos a que tomen medidas de carácter urgente. Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) lo llama a actualizar el catastro de la región y hacer un mayor seguimiento y control a las tierras, tenencia de predios y usos del suelo.

“Es de suma importancia que la Agencia Nacional de Tierras adelante procesos de reversión de baldíos por infracción a las normas ambientales un seguimiento a las actividades del Plan de Manejo Ambiental de Sustracción, y garantizar que en la adjudicación y titulación de tierras baldías, el beneficiario cumpla con toda la legislación ambiental. Esta titulación debe obligar al beneficiario a proteger y conservar el medio ambiente”, dice el ente de control.

Las demás entidades

Fiscalía: proseguir con las investigaciones de conductas punibles relacionadas con delitos ambientales.

Contraloría General: intensificar la vigilancia de la gestión fiscal sobre los recursos y bienes de la Nación destinados a los planes, programas y proyectos relacionados a la deforestación.

Defensoría del Pueblo: verificar si hay violación de los derechos colectivos de las comunidades, en especial las indígenas.

Rama Judicial: a la Sala de casación civil de la Corte Suprema, determinar un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas sobre las órdenes de la Sentencia de protección de la Amazonia.

Ideam: divulgar permanentemente los boletines de alertas tempranas por deforestación, y no trimestralmente. Suministrar los datos que arroja el Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono a las autoridades competentes.

Agencia Nacional de Licencias Ambientales: verificar el cumplimiento de los requisitos para la concesión de permisos, autorizaciones y licencias ambientales, con mayor rigor en las áreas protegidas del país.
Instituto Sinchi: intensificar el seguimiento al estado de los recursos naturales en la Amazonia y suministrar las bases técnicas para el ordenamiento ambiental del territorio.

Parques Nacionales Naturales: fortalecer la presencia de sus funcionarios en la región, con acompañamiento del Ministerio de Defensa, y proponer planes y proyectos sostenibles en las zonas de las áreas protegidas.

Corporaciones Autónomas Regionales: hacer un inventario de los bosques públicos y privados; seguimiento exhaustivo a las actividades extractivas y de deforestación que no tienen permiso; mayor control al tráfico de madera; y conformar una red de autoridades ambientales para realizar operativos y judicializar.

Ministerio de Relaciones Exteriores: fortalecer la institucionalidad del gobierno y las entidades territoriales; promover la cooperación internacional; y articularse para tener control sobre los productos, mercancías, ganado, maderas, fauna y flora de la zona de frontera.

Ministerio de Comercio: fomentar la demanda de productos amazónicos; establecer canales de comercialización local y de exportación; promover el ecoturismo; y apoyar los sistemas productivos alternativos con fuentes accesibles de financiación e incentivos financieros.

Ministerio de Educación: fortalecer programas de educación ambiental en los centros educativos de la Amazonia y los proyectos ambientales de la sociedad civil.

Ministerio de Vivienda: establecer lineamientos para que los prestadores de servicios públicos de acueducto participen en la operación de proyectos de Pagos por Servicios Ambientales y hagan parte de los fondos locales para conservación.

Superintendencia de Notariado y Registro: tener especial atención en la escrituración de los predios que hagan parte de áreas protegidas o de sustracción, en el contexto del Plan de formalización de la propiedad.

Agencia de Desarrollo Rural: incluir proyectos de los planes de manejo ambiental en caso de sustracciones forestales, con esquemas que permitan incorporar proyectos productivos sostenibles y asistencia técnica.

Agencia de Renovación del Territorio: concertar los planes de manejo ambiental respecto a los proyectos productivos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y Planes para la Transformación Regional.

Departamento Nacional de Planeación: priorizar mecanismos para el cumplimiento de las políticas de inversión pública e instrumentos de planeación financiera, los cuales deberán focalizarse a los planes, programas y proyectos que reduzcan la deforestación en la Amazonia.

ICBF: participar en la elaboración del pacto intergeneracional, que incluirá a los jóvenes y nuevas generaciones en este proceso de erradicar la deforestación.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.