Según el director del Movimiento Ambientalista Colombiano, de los 318 voluntarios vinculados a la organización, 270 son mujeres. Asegura que a Colombia le falta movilizarse contra la deforestación. Nueva entrega de la serie Escuderos de los Bosques.

En el cierre de la primera fase de la Gran Alianza contra la Deforestación, proyecto de SEMANA, el gobierno de Noruega y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las antiguas y nuevas generaciones de ambientalistas en Colombia tuvieron la oportunidad de debatir sobre el estado actual de los recursos naturales, en especial el de los bosques, además del compromiso de los ciudadanos por salvaguardarlos.

Por parte de la vieja guardia, Manuel Rodríguez, primer Ministro de Ambiente de Colombia y actual presidente del Foro Nacional Ambiental, aseguró que la política forestal global fracasó, argumentando que el planeta pierde al año más de 13 millones de hectáreas de bosque. Sin embargo, destacó que hay nuevos fenómenos de conciencia ambiental que indican un éxito por parte de los ambientalistas, como es el caso de la niña sueca de 16 años que reta a los dirigentes de su país a concretar acciones en defensa del verde.

Por su parte, Juan Pablo Ruiz, economista, ambientalista y consultor internacional, afirmó que el principal agente deforestador en Colombia es el Estado, que ha favorecido la destrucción de los bienes ecosistémicos para titular tierras. “En la Amazonia, la ausencia del gobierno podría ser una consecuencia de una política de ocupación del territorio. Además, el país sigue retrasado al seguir hablando solo de disminuir la cantidad de hectáreas deforestadas y no en aumentar la superficie de bosques”.

Ante esto, Camilo Prieto, Director del Movimiento Ambientalista Colombiano, organización que promueve la preservación y protección del ambiente desde una perspectiva territorial y de derechos desde 2013, recalcó que esa nueva ola de jóvenes con espíritu verde es producto de las semillas de esperanza y sueños sembradas por los primeros ambientalistas, como Rodríguez y Ruiz.

“Estamos construyendo sobre lo que nos han enseñado las grandes eminencias del ambientalismo. No considero que todo ese trabajo haya fracasado, ya que sí ha sembrado una motivación y un espíritu colaborativo enorme entre los jóvenes. El reto está en vencer el escepticismo y en aprender trabajar unidos”, dijo el experto.

Sin embargo, indicó que las acciones en pro de la protección de los recursos naturales en Colombia tienen como protagonistas indiscutibles a las mujeres. “El género femenino tiene una profunda vinculación con el cuidado y protección de la naturaleza. Las mujeres son mucho más evolucionadas que los hombres en esta materia y sienten un arraigo marcado hacia la defensa de la vida. Las jóvenes, indígenas, afrodescendientes y campesinas están más conectadas con los recursos naturales”.

El Movimiento Ambientalista Colombiano es un vivo ejemplo de lo anterior. A la fecha, la organización cuenta con 318 voluntarios, de los cuales 270 son mujeres (85 por ciento), personas comprometidas desde su sentir con el cuidado de la Tierra, que aportan al mejoramiento de las situaciones ambientales conflictivas y al manejo adecuado del potencial ambiental.

Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano. Foto: Guillermo Torres/Semana.

Este grupo, conformado en su mayoría por personas jóvenes, desde 2016 ha sembrado 27.523 árboles en diferentes partes del país, y participa en procesos de sensibilización sobre reforestación, cambio climático, consumo responsable, seguridad alimentaria, minería, uso del suelo, entre muchos más.

“Las nuevas generaciones han comprendido cada vez más que son herederas de un siglo que no dimensionaba lo que es la relación del sujeto con una interacción de diálogo. Antes solo se pensaba en la apropiación, toma y transformación del territorio, y no en el cuidado del ambiente. Las mujeres están liderando ese cambio”, complementó el también médico cirujano.

Unidos contra la deforestación

Para Prieto, el principal problema ambiental en Colombia no es el fracking, la minería ilegal o los hidrocarburos: es la deforestación, accionar que cada día acaba con más de 611 hectáreas de bosque en el territorio nacional. “Sin embargo, los otros temas han sido más polémicos y sí llenan auditorios. Con la deforestación, la gente aún no se ha movilizado ni levantado su voz, a pesar de ser la principal generadora de Gases Efecto Invernadero. Es hora de pasar de expresarnos sólo en las redes sociales y empezar a concretar acciones”.

Como la mayoría de ambientalistas, el director de este movimiento juvenil está en contra de la meta de deforestación planteada en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del Presidente Iván Duque, la cual pretende que la tasa no supere el 23 por ciento (220.000 hectáreas) durante los próximos cuatro años. “Es una meta de desaceleración en el vacío, una clarificación del gobierno ante las mafias de la deforestación. No podemos ceder ante eso ni claudicar en el intento”.

Le hizo un llamado directo a la Procuraduría General de la Nación para que tome medidas drásticas contra los protagonistas de la deforestación, en especial en la Amazonia y Orinoquia. “Tenemos que exigirle resultados a la Procuraduría contra los funcionarios públicos involucrados dentro de esas redes mafiosas de deforestación. El país necesita una entidad de control que no solo genere debates, sino que tome acciones concretas y haga investigaciones”.

Los voluntarios del movimiento han sentido la presión de diferentes fuerzas ilegales en las regiones. “En Colombia sí existen estímulos estatales que inciden en la deforestación. En Chocó, por ejemplo, tumban bosque para cultivar coca buscando que el Estado pague por hacer la sustitución y reconvención. Varios de nuestros voluntarios en Bahía Solano han tenido que migrar por las presiones de esas organizaciones criminales, quienes no están de acuerdo con el trabajo social y ambiental”.

Pedagogía

Además de las siembras de árboles, los 318 voluntarios de la organización ambiental participan en proyectos como la instalación de paneles solares en las rancherías de La Guajira y Puerto Carreño, campañas de educación ambiental para disminuir el consumo de plástico y mejorar la calidad del aire, restauración ecológica del bosque seco tropical y ganadería sostenible.

“En Coello (Tolima) ya iniciamos con la recuperación de un terreno que fue destinado a la ganadería extensiva, en el cual sembraremos cerca de 8.000 árboles del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados en el país. Con varias comunidades del municipio, llevamos a cabo transiciones socioecológicas para que aprendan a realizar una ganadería sostenible. El país necesita poner en marcha más procesos de pedagogía sólidos y no quedarse esperando a que el Estado resuelva todos los problemas”.

“En Coello (Tolima) ya iniciamos con la recuperación de un terreno que fue destinado a la ganadería extensiva, en el cual sembraremos cerca de 8.000 árboles del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados en el país. Con varias comunidades del municipio, llevamos a cabo transiciones socioecológicas para que aprendan a realizar una ganadería sostenible. El país necesita poner en marcha más procesos de pedagogía sólidos y no quedarse esperando a que el Estado resuelva todos los problemas”.

Los operativos fueron realizados en Tarazá, Ayapel y Sogamoso. Por su parte, la Fiscalía descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro, que hacía transacciones inexistentes con resguardos indígenas y personas fallecidas.

No cesan los esfuerzos para controlar la minería ilegal de oro, actividad que en Colombia mueve al año más de 1.200 millones de dólares y la cual es catalogada como uno de los principales motores de la deforestación.

Tres grandes operativos liderados por las Fuerzas Armadas arrojaron como resultado la captura de 35 personas en Tarazá (Antioquia), Ayapel (Córdoba) y Sogamoso (Boyacá), quienes hacía parte de esta actividad ilegal que desangra los recursos naturales por el uso de mercurio, una de las 10 sustancias químicas que más afectan la salud y la principal responsable del envenenamiento de los ríos, suelo, flora y fauna.

En la vereda de Puerto Antioquia en Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño y uno de los sitios más deforestados en el país entre julio y septiembre de 2018, el Ejército Nacional, con apoyo de la Armada, Fuerza Aérea, Policía y Fiscalía General de la Nación, capturó a 12 personas por explotación ilícita de yacimientos mineros, quienes hacían parte de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo y ayudaban a obtener recursos para las rentas criminales de este grupo armado organizado.

Según el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército Nacional, Édgar Alberto Rodríguez, los trabajos de extracción ilegal, llevados a cabo de lunes a sábado de forma ininterrumpida, generaban ganancias por 225 millones de pesos al mes. Además, la actividad causó serias afectaciones en cerca de seis hectáreas, las cuales ahora requieren de una inversión superior a los 600 millones de pesos para recuperarse.

“En la zona incautamos una retroexcavadora y ocho motobombas, logrando así una reducción del impacto ambiental. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 82 seccional de Cáceres y tendrán que responder por cargos relacionados con el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. Seguiremos realizando estas acciones para garantizar la integridad de los territorios y sus comunidades en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba”, indicó Rodríguez.

Por su parte, en la vereda El Jobo de Ayapel, municipio de Córdoba, la Brigada XI del Ejército capturó en flagrancia a 18 personas por realizar minería ilegal de oro y producir daños contra el medio ambiente, actividades que fueron identificadas previamente a través de investigaciones de inteligencia

El tercer operativo fue por minería ilegal de carbón en una vereda de Sogamoso (Boyacá). Las unidades policiales sorprendieron a cinco ciudadanos, entre los 31 y 65 años de edad, realizando un aprovechamiento en varias bocaminas que estaban suspendidas por orden de la Agencia Nacional de Minería.

“Decomisamos dos malacates (maquinaria utilizada en las minas) y cinco toneladas de carbón, elementos avaluados en más de 17 millones de pesos. Este año hemos capturado 35 personas por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero e incautado 240.71 toneladas de carbón en Boavita y Socha en Boyacá”, aseguró la Policía Nacional.

Cadena criminal de oro

Un equipo de contadores, investigadores y analistas de la Fiscalía General de la Nación, descubrió un esquema ficticio para evadir el control del Estado y legalizar en el papel 29 toneladas de oro entre 2009 y 2014. La protagonista del delito es la comercializadora CI Metales, que presuntamente recurría en diversas maniobras para hacerse del oro extraído ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional a cambio de millonarios dividendos, que superaron los 1,9 billones de pesos.

Para rastrear a esta cadena criminal, la Fiscalía estableció que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos en el bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Chocó, material que era comprado por distintos proveedores. “18 de ellos fueron identificados en los controles tributarios y, en la verificación de la razón social y las direcciones de funcionamiento, constatamos que no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas”La Fiscalía comprobó que la comercializadora CI Metales, además de reportar la adquisición de oro a estos 18 proveedores, registró transacciones por cerca de 20 millones de dólares a un resguardo indígena de Guainía, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las elevadas sumas. “Tanto así que Guainía pasó a ser un departamento productor de oro que aporta el 0,71% del metal sin ser una zona aurífera”.

Las operaciones ficticias de la comercializadora también involucran a personas fallecidas, con quienes CI Metales supuestamente hizo compras de oro por 68 mil dólares. “En el proceso hay evidencia de la presunta participación de proveedores judicializados con anterioridad, que tendrían nexos ilícitos con la comercializadora CI Metales y habrían dado apariencia de legalidad a cerca de 150 millones de dólares”, informó la Fiscalía.

Las 12 personas que estarían involucradas en este esquema delictivo, entre los que figuran los representantes de la comercializadora CI Metales, contadores, revisor fiscal y los proveedores falsos, deberán responder por cargos como lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Llamado de urgencia

“Es hora de que en Colombia, el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro. La minería ilegal se convirtió en un fenómeno criminal desbordado, que constituyó una economía ilegal cuyas rentas superan las del narcotráfico”, señaló el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien advirtió que para las organizaciones criminales resulta más rentable comercializar oro que cocaína, marihuana y otros estupefacientes.

Según la Fiscalía, hoy, un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos tiene un valor de 20 a 25 mil dólares; mientras que un kilo de oro en el mismo país asciende a 42 mil dólares. “Las estructuras económicas ilícitas, como la descubierta en la operación ‘Leyenda del Dorado– Fase I’, exportarían más que el oro producido por el país, a costa de la destrucción del medio ambiente y la afectación al sistema económico colombiano”.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla

Ardió La Macarena

Hace una semana la Amazonia colombiana concentró en dos días más de 5.000 puntos de calor por cuenta de un pico de altas temperaturas que fue aprovechado por acaparadores para incinerar, literalmente, el Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, ubicado en el departamento del Meta.

Árboles de más de 30 metros derribados a punta de motosierra, mega lotes que parecen un gigantesco cenicero, parches de antiguo bosque calcinados por el accionar del fuego y desaparición de cuerpos de agua son hoy parte del paisaje de La Macarena.

Un reciente sobrevuelo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) arrojó imágenes dantescas sobre el estado actual de La Macarena, el Parque Nacional Natural más afectado por la deforestación en Colombia, de acuerdo con el último Informe de Deforestación del Ideam 2017.

Este último recorrido se hizo justo durante los dos días que más puntos de calor se han concentrado hasta la fecha en la Amazonia colombiana por cuenta de las altas temperaturas, es decir, hace una semana, de acuerdo con los monitoreos del Ideam y del Instituto Sinchi.

La FCDS había alertado luego de sobrevuelos anteriores, realizados entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, que había madera sin quemar en los lotes talados. Por esa razón hizo un llamado para que las autoridades no reaccionen sobre los incendios sino sobre señales previas como estas.

El recorrido aéreo sobre La Macarena abarcó inicialmente el río Güejar bajando por la serranía de la Macarena. Luego fue por el caño yarumales hasta el río Guayabero y de allí, hasta la desembocadura del caño Cabra al frente de Puerto Nuevo.

Rodrigo Botero, Director de la FCDS, dijo que este Apocalipsis que padeció La Macarena por los incendios forestales, para él todos intencionados por gente que llega a la zona a adueñarse de las tierras, perjudica de manera alarmante el corredor de conectividad ecológico entre la Amazonia y Los Andes, uno de los mayores centros de biodiversidad del país.

La desaparición del bosque rompe la conectividad de estos ecosistemas y hace más difícil el flujo de la biodiversidad, dijo el experto. Y llamó la atención sobre el hecho de que en época de incendios en temporadas anteriores lo normal era ver focos alejados y distantes. “Pero hoy, los megalotes calcinados en La Macarena están conectados”.

Al segundo foro por los bosques de la Gran Alianza Contra la Deforestación asistieron más de 150 personas. Aseguraron que para erradicar la tala hay que transformar la cultura depredadora que los ha acompañado desde sus inicios. Quieren una ganadería sostenible, pero necesitan de asistencia técnica y diálogo con el Estado. Denunciaron que los terratenientes contratan a los campesinos para tumbar selva y cuidar ganado, y así burlar a las autoridades.

Jhon Barros

Un monumento de una imponente hacha sobre el ancho tronco de un árbol, fundido en hierro y concreto y ubicado justo en el centro del Parque los Fundadores, plasma el pasado y presente de San Vicente del Caguán, municipio caqueteño de más de 2,1 millones de hectáreas conocido como la zona de distensión del proceso de paz entre 1998 y 2002.

La escultura fue construida en 1977 como un homenaje a los colonos que llegaron desde el interior del país a finales de 1800 quienes, tras instalarse en la región, utilizaron hachas para abrirle paso por entre la selva a pastizales repletos de ganado. Hoy en día, el hacha es vista como un hito de identidad y un antiguo recordatorio del pasado de San Vicente del Caguán, a pesar de que el pueblo fue habitado primero por indígenas huitotos, tamas y koreguajes, todos arrasados por la intensa colonización.

Es tal el arraigo de la comunidad con este símbolo, que cuando inició la remodelación del parque central, a mediados de 2017, sus habitantes le exigieron al Alcalde que no fuera a derribarlo. Incluso el escudo municipal exhibe la misma imagen del hacha sobre el tronco aserrado de un árbol en su parte inferior, lo que ratifica que la tala ha hecho parte de su idiosincrasia.

En la actualidad pocos utilizan el hacha para tumbar selva, ya que con el paso de los años fue evolucionando hacia una herramienta mucho más efectiva y a su vez macabra. En el casco urbano, cerca de 10 establecimientos venden motosierras de diversos tamaños, precios y propósitos. En uno de ellos, llamado “El aserrador del Yarí”, la más económica cuesta 600.000 pesos, pero solo sirve para tumbar árboles pequeños. Para los de más de 20 metros, la más apetecida es la Sthil 382, con un precio de 1,8 millones de pesos.

En Centro Agro comercializan la marca Husqvarnas, con precios que oscilan entre los 595.000 y los 2 millones de pesos. Los vendedores de ambos establecimientos aseguraron que para poner a trabajar las motosierras de gran porte es necesario un permiso de la autoridad ambiental, pero eso no evita que la vendan. “Es solo para el funcionamiento. Cualquiera que tenga la plata puede comprar esas motosierras. No hay ley que prohíba su comercialización”.

Ese marcado arraigo cultural por la tala ha tenido un solo propósito: convertir la selva en sabanas para el ganado. Hoy, San Vicente del Caguán alberga 831.000 reses distribuidas en 5.800 fincas, cifra que representa 46 por ciento del inventario vacuno departamental y que lo convierte en el municipio más ganadero del Caquetá. A diario salen del pueblo cerca de 8.000 litros de leche.

La vía que lo conecta con Florencia es un vivo ejemplo de la sobrecarga pecuaria: señales de tránsito con dibujos de vacas abundan por el recorrido de más de tres horas hasta el casco urbano, un trayecto en donde el olor a boñiga, mezclado con el humo de la quema del bosque, se siente permanentemente. Cientos de camiones cargados con ganado ingresan y salen del municipio todos los días. Esto ha conllevado a que sus bosques disminuyan a un ritmo galopante, a tal nivel que en 2017 perdió más de 26.000 hectáreas boscosas, el índice más alto a nivel municipal en la nación.

A raíz de esto, muchos de sus habitantes consideran que, para combatir la desbordada deforestación, primero es necesario un arduo trabajo cultural, un cambio de chip que llegue a toda la población. Así lo manifestaron muchos de los más de 150 participantes del segundo foro por los bosques de la Gran Alianza Contra la Deforestación, iniciativa de SEMANA, el gobierno de Noruega y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizado la semana pasada en el casco urbano de San Vicente del Caguán.

Árbol como nuevo símbolo

El gran amor de Rosa María Betancur, una sanvicentuna de 55 años que trabaja como docente, son los árboles. Por eso destinó todo el solar de su casa para sembrar palmas de coco y chontaduro, frutales como guanábana, guayaba y limón y varias especies de caña. A diario ve como los pájaros llegan a su mancha de verde a comer las frutas y llevarse en sus estómagos las semillas, las cuales luego esparcen por todo el territorio.

En 2016, cuando fue contratada por la Alcaldía para visitar las escuelas rurales del municipio, decidió llevar ese mensaje de conservación y reforestación a toda la comunidad. Sin embargo, después de recorrer las 310 veredas de San Vicente del Caguán, salió con el corazón lastimado por la falta de conciencia ambiental y de amor con la naturaleza.

“Encontré muchas deficiencias en las escuelas. Vi que la gran mayoría no tenía un solo árbol en los terrenos, lo que me causó un inmenso dolor. Todo lucía como una tierra abandonada y seca. Por eso les dije que arborizaran con especies frutales, las cuales servirían como alimento para los niños de los colegios. Pero nadie me paró bolas. La cultura del pueblo es tumbar el verde para convertirlo en sabanas para las vacas”.

Rosa María vio que la situación en las fincas cercanas a las escuelas era aún más crítica, por lo cual decidió sensibilizar a los ganaderos. “Les dije que por cada árbol que tumben deberían sembrar como mínimo cinco, y así compensar la deforestación que causan. Les propuse que todos los días plantaran un árbol, algo que no necesita de mucho dinero ni tiempo. Y así, al finalizar el año, tendrían 365 especies en sus fincas. Pero nadie lo hizo”.

Para esta madre y abuela, graduada en administración pública y con especialización en docencia, esa falta de conciencia ambiental y el marcado arraigo que tiene la población hacia la tala y la depredación del bosque, son los principales detonantes de la deforestación del municipio. “No hemos comprendido que podemos tener ganado y conservar los recursos naturales al mismo tiempo. La gente tiene que aprender que no necesitamos de mucha plata ni tiempo para sembrar árboles, solo voluntad”.

Cuando inició la remodelación del parque central, Rosa María guardaba la esperanza de que quitaran el homenaje al hacha, un monumento que para ella solo transmite un mensaje de devastación. “Nos recuerda que venimos de una cultura de colonizadores que llegaron a la zona a tumbar el bosque a punta de hacha. Si todos los días vemos ese mensaje dañino es muy complicado cambiar. Pero mucha gente adora esa imagen y están acostumbrados a verla, por eso protestaron para que no la quitaran. Si estuviera en mis manos la cambiaría por un frondoso árbol, el verdadero símbolo de nuestra identidad. Necesitamos tomar conciencia y hacer un cambio de cultura”.

Por ahora, esta docente con alma de ambientalista tiene un gran aliado. Su nieto menor, que estudia ingeniería ambiental, quiere replicar el solar de su abuela en su casa. “Ya tengo 50 árboles pequeños embolsados para sembrarlos en una tierra que tiene mi nieto. En San Vicente del Caguán hay gente que sí quiere ese cambio. En varios caseríos la comunidad ha construido túneles verdes en las carreteras, sembrado árboles para dar sombra al ganado y reforestado los caños. Eso me motiva a seguir transmitiendo mi mensaje de protección”.

Tenemos que despertar

José Antonio Penagos, de 50 años, tuvo una crianza en medio de vacas, litros de leche, tala y quema de árboles. Sus padres, abuelos y bisabuelos fueron asiduos ganaderos de la región, razón por la cual continuó con la actividad familiar y hoy en día es director de la Federación de Ganaderos del municipio.

Trabaja con los pequeños y medianos productores para que aprendan a hacer una ganadería más efectiva y menos impactante con el ambiente, a través de la tecnificación, la liberación de áreas en las fincas y la disminución de la ganadería extensiva (pocas vacas en extensos terrenos). Sin embargo, considera que la historia juega en su contra.

“No tenemos la cultura de tecnificar, abonar la tierra o proteger el bosque. La ganadería hace parte de nuestro arraigo, una actividad mucho más rentable que la agricultura. Seguimos ampliando la frontera agropecuaria, abriendo más áreas de pradera y echando novillos a engordar, sin pensar que estamos acabando con el bosque. Además, como somos un híbrido de culturas paisas, tolimenses, vallunas y hasta chocoanas, no contamos con esa identidad cultural de protección hacia el territorio”.

Penagos cree que el cambio en la tradición debe iniciar con el apoyo y asesoría del Estado, “el cual tiene que cambiar su forma de diálogo y ayuda con el campesino. No es llegar a entregar insumos y recursos, la tecnificación necesita de un acompañamiento, asesoría técnica y educación permanentes. Muchos colegas que han recibido incentivos los han dejado acumulados porque no saben utilizarlos. Requerimos que un experto nos enseñe a hacer parcelación, revisión de potreros y corredores biológicos, y no tanto taller”.

Para este ganadero, los operativos de control son necesarios. “Eso nos obliga a despertar. Si seguimos dormidos continuaremos haciendo daño y atentando contra lo más sagrado en la vida: el agua. Entre menos bosque tengamos, más va a escasear el líquido vital”.

Sin embargo, aclara que los verdaderos protagonistas de la deforestación son los capitalistas y hacendados, quienes contratan a los campesinos para que talen. “Ellos compran las motosierras y le pagan a la gente más pobre para que tumben y digan que los terrenos son de ellos, y así evitar el peso de la ley. Hace un año, en una finca ya titulada, cerca de 50 familias tumbaron 3.000 hectáreas de bosque”.

Campesinos como tapaderas

Beatriz Helena Sierra llegó a la zona del Caguán hace 12 años para servirle a la comunidad como una de las misioneras Laicas de la Consolata. Primero estuvo radicada en Remolinos del Caguán, en donde participó en el proyecto de no a la coca y si al cacao y en la fábrica Chocaguán, una nueva opción de vida para los campesinos.

Desde hace seis años vive en San Vicente del Caguán. Trabaja como administradora de la Aldea de Animadores del Vicariato, una casa de acogida para los sacerdotes que van en tránsito. Allí sembró cientos de matas con flores y árboles frutales, sus únicos tesoros que defiende y cuida a capa y espada. No tiene buenas migas con las decenas de iguanas que visitan el lugar, ya que según ella acaban con todo.

Su alma de comerciante paisa la llevó a sacarle provecho al lugar de reflexión de los futuros sacerdotes, que cuenta con varios auditorios y habitaciones sencillas. “Puse a trabajar la
casa para su sostenimiento. Hacemos eventos que le generan prosperidad a la región, es decir que no es para cumpleaños y fiestas. Solo para reuniones académicas y científicas que le dejen algo al pueblo”.

En sus años como misionera en el Caguán ha conocido gente muy pobre, la cual afirma que está siendo utilizada por las mafias para tapar su actividad. “Lo constaté el año pasado, luego del operativo en el Parque Nacional Los Picachos. Allá me encontré con una señora que habíamos ayudado hace tiempo, la persona más pobre que conozco. La vi protestando porque le habían quitado 50 vacas. Me le acerqué y le dije: ¿usted de dónde sacó plata para ese ganado? Me respondió que las había comprado y actuaba como si no me conociera. Eso es difìcil de creer. Acá les pagan a los campesinos más pobres para que cuiden el ganado y digan que es de ellos. Hay mucha gente con esa mala intención”.

Doña Beatriz está a punto de cumplir 70 años, aunque no los revela. De regalo, su familia le dio un viaje al Medio Oriente, donde piensa visitar Tierra Santa y Turquía en el mes de marzo. No es muy optimista sobre el cambio cultural que necesita el municipio para dejar la tala, ya que asegura que lo llevan en su sangre. Además, culpa al Estado por su ausencia.

“La gente no quiere la tierra. Tiran plástico a los ríos y talan los árboles sin ningún remordimiento. El monumento del hacha jamás va a desaparecer, hace parte de la cultura del pueblo. Romper con esos paradigmas es casi que imposible. El Alcalde lo quería quitar y nadie dejó. Pero eso no es lo más grave, sino que el gobierno brilla por su ausencia. Nadie ha llegado a plantear nuevas opciones de vida. Acá siguen cobrando cuotas a los ganaderos, vacunas que ahora son llamadas donaciones para la paz”.

Ganadería obsoleta

Harvey Daza, un líder social y ganadero que habita en la región de El Pato de San Vicente del Caguán, piensa que la constitución del municipio arrojó un modelo de producción ganadero obsoleto que ha generado un grave impacto ambiental en la región.

“Pensamos que la ganadería extensiva es la única opción, una actividad que consiste en tumbar grandes extensiones de bosque para convertirlos en potreros ganaderos. Pocos creen que podemos hacer una transición hacia un modelo más eficiente y sostenible, que nos permita aplicar sistemas silvopastoriles, mejorar genéticamente el ganado, producir más y dignificar la vida en menos espacio, y así dejar de deforestar”.

Para este campesino de 38 años, que vive con su esposa y su hijo, el pequeño y mediano productor siente desconfianza sobre la nueva ganadería. “Dicen que la tecnificación y diversificación no funciona y muchos no consideran bueno hacer ese cambio de paradigma cultural de colonizadores. Ese cambio de chip necesita el apoyo de las instituciones, quienes deben plantear alternativas para hacer esa transición, con herramientas de formación y técnicas para materializar nuevos proyectos productivos amigables con el medio ambiente”.

En la región hay una falta de fe en el Estado, asegura Daza. “Este municipio fue creado bajo la informalidad, algo que aún predomina. No conocemos el rostro social del Estado, solo las acciones de coerción de las fuerzas militares. El gobierno está en la obligación de construir una política pública eficiente, concertada y participativa con la comunidad. Acá tenemos un dicho: el que está dentro de la casa es el único que sabe dónde cae la gotera, por eso el llamado es a que construyamos propuestas mancomunadas, pero en el territorio y no desde un escritorio”.

Desplazamiento forzado

Miguel González (*), un campesino de 44 años, fue uno de los damnificados del operativo de control en el Parque Nacional Natural Picachos, realizado a finales del año pasado por varias instituciones del gobierno.

Recuerda ese fatídico día como si fuera ayer. “Eran como las 9 de la noche. Mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo menor y yo estábamos durmiendo en la casa que construí hace 24 años en la vereda Bocanas del Chigüiro, donde tenía unos cultivos y no más de 10 vacas. De repente, el ruido de los helicópteros me despertó. Las autoridades ingresaron y me dijeron que me iban a capturar por habitar en un área protegida”.

Estuvo cinco días preso en Florencia. En el juicio, Miguel aseguró que no era uno de los ganaderos ni deforestadores, que era un campesino que tenía la responsabilidad de sostener a su familia. Recalcó que llegó a la zona a los 24 años, y que, aunque no tiene ningún título de propiedad, sí pagó por su terreno.

“No les importó y me dijeron que era una persona ilícita por tener un predio en un Parque Nacional. Me dieron libertad condicional, con la condición de abandonar el hogar que tanto trabajo me había costado levantar”.

Y así lo hizo. Se fue para el casco urbano de San Vicente del Caguán con toda la familia a vivir como un desplazado en una zona ilegal. Con la ayuda de varios amigos construyó una pequeña casa y empezó a trabajar cuidando ganado. “Soy víctima de un desplazamiento forzado por parte del Estado. No he regresado a mi finca, me da miedo que me capturen de nuevo y me metan a la cárcel. No entiendo como después de 20 años de vivir allá hasta ahora me dicen que tengo que salir. Lo perdí todo y ahora trato de reconstruir mi vida”.

Para Miguel, el gobierno debería tener un diálogo previo con las comunidades que habitan en las áreas protegidas antes de tomar medidas drásticas. “Estábamos trabajando honradamente. Deberían darnos opciones o reubicarnos para salir de esas zonas. El peso de la ley no llega a los principales deforestadores, con ellos nadie se mete. Estamos comprometidos con no talar un solo árbol y cuidar el bosque y el agua, pero necesitamos ayudas para hacerlo”.

Todos somos culpables

Israel Álvarez (*), un ganadero 59 años que tiene su finca en el sector de Campo Hermoso, afirma que todos los habitantes del municipio tienen algún grado de responsabilidad en la acelerada pérdida del bosque.

“Esa cultura de tala para el ganado nos acompaña desde la creación del municipio. Todos hemos talado alguna vez. Sin embargo, los campesinos somos una parte mínima de la cadena de deforestación. Los grandes verdugos son gente que viene de afuera a talar desmedidamente. Lo que está pasando en Chiribiquete, por los lados del río Yarí, así lo demuestra: gente del interior que llegó a tumbar 800 hectáreas en solo un año”.

Dice que los pequeños productores están dispuestos a cambiar la cultura depredadora, recuperar las zonas deforestadas y a no seguir ampliando la frontera agropecuaria, pero para eso necesitan de una inversión social. “Para disminuir la ganadería requerimos de nuevas opciones productivas. Podríamos enfocarnos en los cultivos, pero no contamos con garantías e infraestructura para impulsar una cadena de comercialización y transformación. Esa inversión la tiene que hacer el Estado”.

Según Álvarez, el aumento de la ganadería en la zona fue incentivada por el mismo gobierno. “Lo hizo el Incora, entregando créditos a los que tumbaran bosque para meter ganado. Deberían hacerlo ahora con proyectos productivos menos impactantes con el ambiente, y así nuestro sustento no dependería de la ganadería. Otro problema es que el proceso de paz está mal formulado, ya que no tuvo en cuenta la voz de los campesinos”.

Hace cuatro años, Silvestre Fierro llegó con su esposa y tres hijos a colonizar las planadas del Yarí, una zona ubicada a tres horas del casco urbano de San Vicente del Caguán. Lo hizo por necesidad y con el sueño lejano de que algún día logre la titulación de su tierra, en donde tiene pocas reses y cultivos de plátano, maíz y yuca.

En su proceso de colonización ha talado varias zonas de bosque, al igual que la mayoría de sus vecinos. “Deforestamos porque no contamos con otras herramientas. En estas áreas no ha llegado el gobierno a capacitarnos sobre el manejo silvopastoril. Cada familia no tala más de 10 hectáreas para sobrevivir, pero como todas las parcelas están pegadas aparece el gran parche en los monitoreos. Sin embargo, la ganadería a gran escala es propiciada por finqueros con títulos que tumban una mano de monte”.

Silvestre le hace un llamado al país para que cumpla con el acuerdo de paz. “Hay muchos recursos para los campesinos, pero no llegan. Queremos que nos saquen de la ley segunda para poder tener nuestros títulos y que vengan al territorio a trabajar juntos en una solución. Todos unidos podemos evitar que sigamos acabando con el medio ambiente”.

Dolly Rodríguez, habitante de San Juan de Lozada, una inspección de San Vicente del Caguán ubicada entre los Parques Naturales Tinigüa, La Macarena y Picachos, pide que el gobierno llegue a su territorio para frenar el acelerado acaparamiento de tierra.

“Entre los ríos Losada y Guayabero está la zona más ganadera del país, actividad propiciada por los terratenientes con dinero. Nadie les pone control y el Estado está empecinado en sacar de la zona solo a los pequeños campesinos. Queremos conservar los bosques, pero necesitamos propuestas y diálogos con el gobierno para vivir dignamente. Un solo terrateniente tiene hasta 10 fincas con 3.000 cabezas de ganado, donde pone a trabajar a la gente pobre para que tale enormes hectáreas de bosque. Ninguno de ellos vive acá, solo mandan mensajeros a pagarles a los campesinos por cuidar el ganado”.

Asegura que la comunidad está ante una amenaza minero energética. “Ya han hecho sísmica para sacar petróleo, una plaga que solo trae desempleo, prostitución, drogas y encarecimiento de la vida. Mi llamado es para que el gobierno haga presencia en las regiones locales, donde están las necesidades. Que no planteen las soluciones en las ciudades y en los escritorios, sino en el campo”.

Conocimiento ancestral

Alcibíades Toscón, gobernador del cabildo La Pradera, ubicado en la extensa zona rural de San Vicente del Caguán, ve con tristeza la gran debacle ambiental por la que atraviesan las selvas amazónicas por parte de los colonos, algo que cataloga como un hambre insaciable de apoderarse de más tierra para meter ganado.

“A los indígenas nos duele lo que está pasando con los bosques. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pequeños ganaderos no son los culpables de esa tragedia, ellos no cuentan con recursos ni maquinaria para tumbar más de 100 hectáreas. Los que causan eso son los finqueros con poder económico que cuando agotan todas las extensiones ganaderas van apropiándose de las riquezas naturales que son nuestras selvas nativas. Recuerdo que cuando empezaron a entregar tierras baldías, esos hacendados salieron favorecidos hasta con 3.000 hectáreas, pero siempre quieren más y seguir con el daño al territorio”.

Este indígena de 54 años manifiesta que esos grandes finqueros deben hacer parte de la solución a la problemática, además de tomar el conocimiento ancestral y la defensa del medio ambiente de los pueblos indígenas, quienes según él cuentan con una relación respetuosa hacia la naturaleza.

“A los talleres del gobierno nunca asisten esas personas con tanto poder y el Estado pareciera que no quiere ponerles freno. Ya hasta multinacionales han llegado a la zona a seguir acabando con nuestros bosques. Si los indígenas fuéramos dueños de esos territorios jamás pasaría eso, nosotros conservamos, sabemos trabajar la tierra y no matamos y desplazamos a los animalitos nativos. El conocimiento ancestral es sinónimo de conservación. Deberían aprender de nosotros, que no vemos el futuro en un potrero, sino en lo tupido del bosque”.

(*) Nombres cambiados por petición del entrevistado

Francisco Ceballos es el nuevo protagonista de la serie Héroes del bosque. En su finca, ubicada en el municipio de Versalles, creó tres corredores ecológicos en los parches afectados por la ganadería. El proceso de restauración ya suma más de 170 hectáreas de bosque. Su tapete tupido de verde es visitado por pumas, tigrillos, zainos, armadillos y cientos de aves. Lo bautizó Bongo Negro, un árbol casi extinto en la zona.

Era el año 1997. Mientras Francisco Ceballos trabajaba en Bogotá como consultor en temas agropecuarios y de ordenamiento territorial, una llamada de su papá le causó un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, como si una gota de agua helada le bajara por la espalda. Le informó que la edad le estaba pasando cuenta de cobro.

Inmediatamente fue a corroborar la mala noticia. Fue a visitarlo a La Gregoria, una finca de 150 hectáreas ubicada en la vereda La Aurora, en el corregimiento del Vergel, a dos horas del casco urbano de Versalles, municipio del norte del Valle del Cauca. Don Sigifredo vivía allí desde la década de los setenta, aislado del mundo y del desarrollo. Su única compañía eran 50 vacas y uno que otro perro que le avisaban cuando llegaba algún extraño.

Lo vio deteriorado y agobiado. No podía caminar por una severa hinchazón en sus pies, que lo obligó a postrarse en la cama. Los dolores de cabeza y la visión borrosa causadas por la hipertensión estaban desbocadas. Las pastillas ya no hacían efecto. Don Sigifredo, cercano a los 70 años, no tenía quien le ayudara a sortear los achaques de la vejez. Y lo peor de todo es que se rehusaba a irse de su hogar en las montañas de Versalles.

Francisco, nacido en Cali hace 62 años, pero con raíces en Antioquia, le propuso a su padre comprarle la finca, algo que al comienzo no le sonó. “No fue fácil convencerlo, y con toda razón. Llevaba más de 20 años con sus vacas y cultivando uchuvas, lulo y arracachas, productos que vendía en el pueblo; su corazón estaba ahí. Después de varios meses de intentos fallidos, mi papá accedió y me dijo que asumiera la deuda con el Banco Agrario. La compré para no dejar perder el trabajo de mi papá en estas tierras”.

Luego de cerrar el trato llamó a sus seis hermanos para ver cómo podían ayudar al padre de familia, divorciado hace muchos años. No podía seguir solo en la finca y aunque le propusieron contratar a alguien para que lo cuidara, el orgullo no lo dejó. “Le parecía un exabrupto que un hijo le comprara. Mi hermano menor, que vivía en el casco urbano de Versalles, lo recibió por un tiempo. Luego decidió irse a Cali, donde tenía varios amigos y familiares, y en 2012 se fue para Medellín. Nunca regresó a La Gregoria. En 2017, a los 88 años de edad, murió en mi casa en Copacabana”.

Nace Bongo Negro

Aunque La Gregoria tenía una gran cantidad de pasturas para el ganado, Francisco vio un enorme potencial en el bosque que logró sobrevivir. “Entonces mi motivación fue doble: tanto como tributo a mi papá como una posibilidad de conservar el hábitat y propiciar vida salvaje. Sin tener muchos conocimientos, ya que soy ingeniero agrónomo, estaba seguro que bajo esa mancha boscosa había un sinfín de animales y plantas”.

Los primeros recorridos por las 150 hectáreas de la finca, con alturas que oscilan entre los 1.700 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, corroboraron su teoría. “Las zonas altas y bajas del terreno estaban llenas de bosque subandino, con presencia de animales de monte”.

Decidió dejar en pie la casa de bahareque de un nivel donde vivió su padre, con pisos de madera, techo de cinc, barandales azules, tres habitaciones, una cocina y un baño. Lo hizo como un homenaje. Sacó todo el ganado, ya que tenía un proyecto en mente: convertir la antigua finca agropecuaria en un centro de investigación para la ciencia.

Francisco abandonó Bogotá para radicarse en Versalles, donde trabajó dos años en el comité de participación comunitaria. Luego vivió en la antigua casa de su progenitor y sembró granadilla, lulo y café, pero no quiso repetir esa vida de ermitaño. Se fue para Medellín a hacer consultorías, pero destinó los fines de semana para recorrer La Gregoria y gestar su proyecto: negoció predios para ampliar el área de bosque y evitar que alguien llegara a talar.

En 2007 compró dos fincas más: El Ensueño y El Pensil, que junto a La Gregoria suman 189 hectáreas. “En 2010 adquirí otras ocho hectáreas, es decir que tengo casi 200. Decidí bautizarla como Bongo Negro, árbol también llamado cedro negro, que antes abundaba en la región. Hoy, la deforestación lo tiene al borde de la extinción”.

Corredores de vida

Con Bongo Negro a su nombre, Francisco pensó cómo podría reverdecer las zonas peladas por el pisoteo del ganado. Quería conectar las partes altas y bajas de la montaña, para que el flujo de los animales no siguiera interrumpido. William Murillo, uno de los vecinos del corregimiento del Vergel, le copió la idea y le extendió su mano amiga.

“El propósito era hacer tres corredores biológicos. Pero no fue un proceso de siembra o reforestación. En 2012, William tuvo una idea fantástica de encerrar las tres zonas con cercas para evitar que alguna vaca ingresara y dejar que la naturaleza hiciera lo suyo. Me dijo que con las semillas de los árboles y la cantidad de aves y otros animales, el bosque renacería solo. Así fue, el aislamiento permitió que se revegetalizara”.

Siete años después de la instalación de las cercas, los tres corredores biológicos hoy lucen como colchones tupidos de bosque, con especies como cedros amarillo, blanco, rosado y uno que otro negro, lechoso, balso, siete cueros, cerezo, guadua, palma de cera, helecho arborescente, orquídeas, bromelias y musgos. “Es maravilloso el poder de regeneración de la naturaleza. Caminar por los recovecos del bosque es respira un aire que purifica todo el cuerpo”, dice Francisco, quien vivió varios años en Alemania en sus épocas de estudiante.

A la fecha, de las casi 200 hectáreas de Bongo Negro, 85 por ciento está cubierto por bosque subandino, es decir más de 170 hectáreas. Además, en la zona nacen ocho quebradas que surten a cuatro veredas del corregimiento. “El que recorre los tres corredores biológicos le cuesta creer que antes eran pasturas para el ganado. Esto demuestra que mantener el bosque en su estado natural y dejarlo actuar por sí solo, valió la pena.

Ruta animal

La mente de Francisco siempre maquina nuevos proyectos. Con el éxito de los corredores en Bongo Negro, ahora está interesado en constituir la finca como reserva natural de la sociedad civil, trabajo que cuenta con el apoyo de la corporación Serraniagua, organización ambiental comunitaria que trabaja en seis municipios del Valle del Cauca y Chocó que conforman la Serranía de los Paraguas.

“Desde 2017 hacemos caracterizaciones en el bosque para identificar las especies que allí habitan, y así elaborar el plan de manejo ambiental que piden para la constitución como reserva. Estoy a la espera de pagar el último crédito que tengo con el Banco Agrario para iniciar con el papeleo ante el Ministerio de Ambiente”, asegura Francisco, que hoy vive con su novia en Copacabana, que hace parte del área metropolitana de Medellín.

El proceso de caracterización lo dejó perplejo. En 2018, una estudiante de doctorado de la Universidad del Valle, que Serraniagua llevó a la futura reserva, instaló cámaras trampas en los tres corredores para captar imágenes de la fauna, que arrojaron especies de toda la cadena trófica, desde guaguas o pacas, perros de monte, zorros, armadillos, zainos, zorrillos, venados, comadrejas, osos hormigueros y hasta tigrillos y pumas.

“Hay muchos compases, un ave que transita entre el Pacífico y los Andes. Cuando visito el bosque me encuentro con huellas y caminos abiertos por los animales. Me detengo a ver las madrigueras de los armadillos y a veces captó la sombra de monos aulladores. Analizó el suelo, las hojas, las semillas. Hay una mata que por el filtrado de la luz tiene manchas rojas, que acá llaman sangre de Cristo. Todo eso me maravilla, es el aliciente definitivo para seguir conservando y sirve de ejemplo para que los colombianos cuiden la naturaleza”.

La Serranía de los Paraguas, donde está ubicada Bongo Negro, abarca 250.000 hectáreas de tres municipios del Valle del Cauca (El Cairo, Versalles y El Dovio) y tres del Chocó (San José del Palmar, Sipí y Nóvita). Permite la conexión estratégica entre dos regiones altamente biodiversas: el Chocó biogeográfico y los Andes tropicales.

Según Cesar Franco, asociado de Serraniagua, esta serranía es un territorio de suma importancia a nivel mundial, y no solo por albergar ecosistemas del bosque lluvioso de las zonas bajas del Chocó y los de montaña de los Andes, sino por ser un nicho de biodiversidad representado en muchas especies hoy amenazadas por la deforestación.

“Ante el peligro que corre esta biodiversidad, la organización apoya a las comunidades que quieren constituir sus predios con bosque en reservas de la sociedad civil, para que sirvan de conexión entre grandes refugios de bosque o de especies. Hacemos gestión por medio de convenios o alianzas científicas con universidades para conocer la diversidad ecológica en estos sitios, como fue el caso de Francisco, donde instalamos cámaras trampa”.

Cristian Cardona, facilitador de Serraniagua, lidera el proyecto de monitoreo comunitario de fauna silvestre en la Serranía de los Paraguas. “Al darle información a la comunidad sobre lo que hay en sus terrenos, les brindamos herramientas o insumos para que lo planifiquen mejor. El ideal es empoderar a la gente en torno a la biodiversidad. Cuando aparece una especie amenazada, ellos sienten que tienen una mayor responsabilidad de conservar”.

Ecoturismo a futuro

Francisco, con un acento mezclado entre paisa y valluno, quiere generar conocimiento en Bongo Negro, además de ponerla a disposición de la gente. Ya tiene contempladas tres líneas de turismo para un futuro no muy lejano.

“La primera es una línea de turismo científico, con el fin de conocer lo que hay acá. La segunda es de turismo de naturaleza, pequeños grupos de no más de cinco personas que estén comprometidos con la conservación ambiental, los cuales dormirían en la antigua casa de mi papá y en otra que pienso construir con guadua. Y la tercera un turismo de bienestar, que en este caso estará enfocada en el avistamiento de aves”.

Y quiere más. Tiene proyectada una huerta orgánica para producir mermeladas de mora, guanábana, maracuyá, uchuva y jengibre, lo que complementará con su trabajo actual en Copacabana, donde vende alimentos artesanales como cacao, café orgánico, jaleas y miel de abeja pura. “La única producción que tiene cabida en Bongo Negro son frutales para sacar las materias primas. Alimentación sana para la gente”.

En Bongo Negro no coge la señal de celular. No hay televisión, radio, ducha y mucho menos conexión a internet. La estufa es de leña. El único contacto es con la naturaleza. Las comodidades sobran, ya que basta con la algarabía de los pájaros al amanecer, los frondosos bosques y la niebla que baja entre las montañas.

Repetir la historia

Lucas Felipe Ceballos es el único hijo de Francisco. Tiene 35 años, es politólogo y actualmente vive en Berlín (Alemania), donde trabaja como consultor en un proyecto de digitalización de información con el gobierno federal. Ha visitado varias veces Bongo Negro, pero aún no desarrolla ese amor por la naturaleza que tiene su padre.

“Le interesa, pero lo veo más como expectante de lo que yo pueda hacer acá. Me gustaría que cuando la edad me pegue duro, Felipe continúe con este proceso, que no lo deje morir, ya que es su herencia. Ojalá ocurra ese relevo generacional, como yo lo hice con mi papá. Ya llevamos casi 50 años con estas tierras”.

Espera que su hijo reciba esa batuta ambiental. Que cuando tenga 80 años y las rodillas ya no le den para caminar por el bosque, su retoño proteja el más grande de sus tesoros a capa y espada. “Si esa transición no llega a darse, donaría el terreno a una fundación seria y comprometida. No quiero que el sueño que logró cumplir mi papá, de tener una finca propia, llegue a su fin por caer en manos inescrupulosas. Espero que mi hijo haga lo mismo: que mantenga esa idea, para muchos descabellada, de conservar un bosque”.

Mientras tanto, Francisco continuará con su sueño de explorar la vida animal y vegetal de su terreno boscoso. “Este año vamos a hacer una expedición con un amigo experto en orquídeas. El ideal es publicar un manual con estas especies. Además, tengo proyectado hacer un vivero con 200 cedros negros, no para explotarlos, sino para evitar que desaparezca totalmente. Hacer lo mismo que hicimos en los corredores biológicos: dejar que la naturaleza actúe por sí sola. Es un aporte pequeño pero valioso”.

Amigo incondicional

William Murillo, un campesino de 50 años, no solo fue el artífice de los corredores biológicos en Bongo Negro. Desde hace siete años está a cargo de la finca de Francisco, un voto de confianza que depositó debido a su compromiso con el medio ambiente y por una amistad que esperan cultivar hasta viejos.

Ambos llegaron a un acuerdo. A cambio de convertirse en los ojos y oídos para la conservación del bosque subandino, William puede pastar sus 50 terneros en las pasturas que no han sido recuperadas. “Recorro la zona día de por medio. Miro que no haya cazadores o aserradores y que el ganado no atropelle las zonas boscosas. Es un acuerdo de gana y gana”.

Su idea de aislar los terrenos con pasturas para crear corredores ya la había hecho en una de sus fincas, la cual es reserva de la sociedad civil. “Llevo mucho tiempo trabajando temas ambientales. La experiencia me ha enseñado que la mejor forma de reforestar es aislar. En mi reserva de 90 hectáreas primero traté de recuperar las zonas sembrando, pero las especies morían. Aislando con un hilo de cuerda eléctrica todo va recuperándose solo”.

No encuentra casi palabras para describir la sensación que le causa caminar por el bosque. “El aire, los animales y los sonidos son maravillosos. Los árboles dejan un tendido de flores en el suelo que encanta a cualquiera. Yo disfruto más cuando estoy en el bosque que trabajando el ganado, y eso que siempre me he dedicado a esa actividad”.

Su experiencia con el bosque ya le permite identificar las especies arbóreas con tan solo mirarlas. “En la finca de Francisco hay siete cueros, bongo, nuquetoro, balso, yarumo, encenillo, mantequillo y arenillo. Acá no sabemos lo que es una motosierra, por eso encontramos árboles de 100 años con más de 20 metros de altura”.

Nació en Versalles y no tiene contemplado irse. Vive a media hora de la finca de Francisco, junto con su esposa y sus dos hijos varones. Yesid, el mayor, decidió seguir sus pasos como protector del ambiente. “Siempre me acompaña a recorrer el bosque, es mi mano derecha. Desde pequeño le gustaron los animales y los árboles, una pasión que le cultivaron en la escuela, donde crearon el grupo Bosque Encantado. De bachiller hizo un trabajo con el bongo negro. Él me ayudó a hacer el plan ambiental de la reserva que tengo. Es muy bacano ese trabajo de padre e hijo”.

Yesid, de 20 años de edad, cursa sexto semestre de administración ambiental en una universidad de Roldanillo y no escatima agradecimientos a su padre por todo el conocimiento que le ha transmitido. “Siempre me iba con él a verlo trabajar. Un día, cuando lo vi haciendo cerramientos para los bosques, me llamó mucho la atención. Me inyectó ese conocimiento sobre la importancia de conservar los recursos naturales. Por eso escogí estudiar una carrera ambiental”.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.