MinEducación ordenó el cierre y sancionó a la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (UNICJAO)

MinEducación ordenó el cierre y sancionó a la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (UNICJAO)
Ante el incumplimiento a los requisitos de creación de una institución de educación superior indígena, el Ministerio de Educación ordenó el cierre y las sanciones contempladas en la Ley de inspección y Vigilancia a la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia - UNICJAO- y sus directivos.

La UNICJAO oferta y desarrolla el servicio público de educación superior sin autorización.
La sanción económica se impuso a la UNICJAO y a su representante legal.

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2015. MinEducación. El Ministerio de Educación Nacional sancionó a la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia -UNICJAO-, y a sus directivos por ofrecer y/o desarrollar el servicio público de educación superior, sin autorización legal.

Así lo anunció la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, quien señaló que la UNICJAO no cumple con los requisitos para la creación de una IES indígena; no cuenta con los registros calificados correspondientes para ofrecer o desarrollar el servicio educativo, exigencia que aun siendo indígena debe cumplir y ha ofrecido por diversos medios publicitarios -internet, brochures y otros-, programas académicos de medicina, derecho, trabajo social y psicología, incluso ha llegado a ofertar maestrías y doctorados, sin contar con el registro calificado respectivo.

Cabe señalar, que la UNICJAO tiene su sede en la ciudad de Montería y cuenta con alrededor de 732 estudiantes, a quienes no se les podrá otorgar un título legítimo, ni tarjeta profesional o registro profesional, por cuanto no tiene la autorización legal para prestar el servicio de educación superior.

La funcionaria agregó que el Ministerio de Educación comprobó que la UNICJAO y sus directivos, han obtenido un beneficio económico en perjuicio de los estudiantes y sus familias, recaudando el valor de las matrículas y derechos pecuniarios por darles a estos un servicio ilegal.

Por lo anterior y de acuerdo con las facultades conferidas por la Ley de Inspección y Vigilancia, el Ministerio de Educación Nacional ordenó desde el pasado 27 de julio de 2015 la cesación de actividades de la UNICJAO, lo cual no fue acatado.

Ante la omisión de la orden, el Ministerio impuso las siguientes multas económicas a la UNICJAO como persona jurídica y a su Representante legal, Elías José Villalba:

A UNICJAO como persona jurídica, una multa de 300 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigente (SMLMV), equivalentes a $193.305.000.
Al señor Elías José Villalba González, en su calidad de Rector, Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal, por el monto de 80 SMLMV ($51.548.000).
Multas Sucesivas de 400 SMLMV, equivalentes a $207.740.000 a UNICJAO, por cada quincena de incumplimiento a la orden de cesación de la actividad ilegal, lo cual será verificado por el Ministerio.
Multas Sucesivas de 100 SMLMV, que corresponden a $64.435.000, a Elías José Villalba González por cada quincena de incumplimiento a la orden de cesación de la actividad ilegal.
Así mismo, la funcionaria informó que se compulsó copia de la Resolución de sanción a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue si la conducta de UNICJAO de ofrecer y/o desarrollar el servicio público de educación superior sin la autorización respectiva, trasciende al ámbito penal.

También se ofició al ICETEX para que inicie el proceso de cobro coactivo de las multas impuestas a UNICJAO y a su representante legal.

"El Ministerio de Educación Nacional, realiza una vigilancia constante del sector educativo para evitar que se presenten actuaciones ilegales por parte de personas que ofrecen y/o desarrollan el servicio público de educación superior, sin las autorizaciones respectivas, abusando de la buena fe de los estudiante quienes confían en instituciones que aparentan legalidad", señaló la Viceministra Ariza.

Finalmente, afirmó que el Ministerio continuará ejerciendo con rigor la función de inspección y vigilancia para evitar que los estudiantes sean vulnerados en sus derechos por personas inescrupulosas que no cuentan con la autorización legal para prestar el servicio público de educación superior