Ministerio de Educación adopta medidas preventivas y sancionatorias para la Corporación Universitaria Rafael Núñez

Mediante la Resolución 18964 del 19 de noviembre de 2015, se sanciona a los directivos de la Institución (rector y miembros de la Asamblea General) con multas que ascienden a 122 millones de pesos.

El Ministerio de Educación Nacional revisó la situación en que se encuentra hoy la Corporación Universitaria Rafael Núñez y constató irregularidades en aspectos estatutarios, administrativos y especialmente financieros que ponen en riesgo la prestación del servicio público de educación superior en dicha Institución.

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2015. MinEducación. De acuerdo al Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, las Instituciones de Educación Superior cuentan con la garantía en de autonomía universitaria la cual les permite establecer sus reglamentos y estatutos.

Además, la Ley 30 de 1992 ha dispuesto en los artículos 28 y 29 que las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen el derecho de hacer sus estatutos, establecer sus autoridades, desarrollar sus programas y disponer la aplicación de sus recursos siempre para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Sin embargo, de acuerdo con las facultades que la Ley 30 del 92 le otorgó al gobierno, en materia de inspección y vigilancia se pueden imponer sanciones a las Instituciones de Educación Superior que vulneren normas. Estas sanciones van desde la amonestación, pasando por imposición de multas, hasta la cancelación de los registros calificados de los programas académicos y de la personería jurídica de estas instituciones.

Con el fin de facultar al Ministerio de Educación para tomar medidas preventivas y temporales en las Instituciones de Educación Superior, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1740 de 2014. Las instituciones que no cumplan con los estándares de calidad requeridos, que utilicen las rentas para fines diferentes a los de su misión social (no para la educación), que a pesar de las sanciones impuestas no hayan hecho nada por mejorar sus condiciones y que oferten programas sin registro calificado serán objeto de las medidas previstas en la Ley 1740.

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional revisó de manera detallada la situación en que se encuentra hoy la Corporación Universitaria Rafael Núñez y se pudo constatar una serie de irregularidades en aspectos estatutarios, administrativos y especialmente financieros que están poniendo en riesgo de manera grave la prestación del servicio público de educación superior en dicha Institución.
Luego de realizar el debido proceso, el Ministerio acaba de proferir la Resolución 18964 del 19 de noviembre de 2015, mediante el cual se sanciona a los directivos de la Institución (rector y miembros de la Asamblea General) con multas que ascienden a 122 millones de pesos.

En este proceso administrativo se pudo establecer que con recursos de la Corporación Universitaria que ascienden a más de 6 mil millones de pesos, se efectuaron adecuaciones a edificaciones de propiedad de dos sociedades comerciales de la Familia Henríquez Emiliani, que a su vez controla la junta directiva de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, que luego han sido arrendadas a la misma institución por sumas mensuales de hasta 150 millones de pesos violando inclusive los montos que ellos mismos establecían en los contratos de arrendamiento.

Tras los hallazgos de situaciones que muestran la existencia de una serie de hechos que afectan de manera sustancial la debida conservación y aplicación de las rentas y que podrían incidir en la continuidad del servicio sino se implementan desde ahora acciones de mejora y medidas preventivas, pues encontró que el manejo que se la ha dado a la Corporación ha afectado gravemente su situación financiera especialmente el capital de trabajo y la liquidez, pues no tienen capacidad para atender sus obligaciones a corto plazo; se procedió a decretar medidas preventivas y de vigilancia especial expidiendo para ese efecto la Resolución 19961 del 3 de diciembre de 2015 en la que se ordena a la Corporación Universitaria Rafael Núñez lo siguiente:

Presentar un Plan de Mejoramiento tendiente a corregir en el menor término los hallazgos encontrados en la visita integral.
Constituir una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución, de conformidad con las condiciones que señale el Ministerio.

Por otra parte el Ministerio advierte a la Corporación Universitaria Rafael Núñez que:

No podrá recibir dinero de las matrículas y demás pagos por derechos académicos por fuera de la Fiducia, y la administración y gasto de esos recursos sólo podrán destinarse a suplir necesidades académicas y financieras, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional o en actividades propias y exclusivas de la institución.

Que se hará un seguimiento permanente a la destinación de los recursos de la Institución.

Que en caso de que no se cumplan las condiciones exigidas durante la vigilancia especial se procederá a escalar las medidas impuestas a la Institución, esto es, se podrá llegar incluso a la remoción de los directivos y al envío de un inspector in situ.

Finalmente la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, manifestó que "seguirá trabajando de la mano de todas las instituciones de educación superior para que cada vez más, logremos incrementar la calidad en la prestación del servicio educativo, es a través de acciones concretas como estas, que el MEN está logrando mejorar el sector y con herramientas como la Ley de Inspección Y Vigilancia continuaremos trabajando por la educación de nuestro país, por eso, es nuestro mensaje para los estudiantes que continúen su proceso de inscripción y matricula que el Ministerio garantiza el acceso a la educación superior con la mejor calidad."