Sanción de arresto por diez días al Gobernador del Amazonas y al Alcalde de Leticia por desacato a tutela que les ordenó entregar viviendas de interés social (Proyecto Manguaré).

Por una acción de tutela interpuesta por el defensor público del área administrativa de la Regional del Amazonas de la Defensoría del Pueblo, doctor Miller Orlando Rivera Villanueva fue el fallo por parte del juzgado Primero Promiscuo del Circuito, que concedió un plazo de dos meses al municipio de Leticia y al departamento del Amazonas para entregar las viviendas a los damnificados completamente terminadas y con servicios públicos instalados.

En segunda instancia se modificó el fallo anterior dándoles un plazo de tres meses. Transcurrido el término, las obras no fueron entregadas razón por la cual se interpuso un incidente de desacato que en primera instancia condenó al alcalde de Leticia y al gobernador del Amazonas a 5 días de arresto y 5 SMLM por desacato.
La decisión anterior fue objeto del grado jurisdiccional de consulta, siendo revocada por el Tribunal de Cundinamarca por considerarla prematura, pero eso sí, ordenó al juzgado rehacer la actuación incidental.

La señora juez rehízo la actuación incidental de desacato encontrando que: los administradores públicos frente a quienes se acciona, no solo están desacatando el fallo de tutela, si no que de manera sistemática vienen desconociendo las exigencias que para culminación y aprobación del proyecto viene haciéndoles “Fonade” mostrando una total indiferencia y desprecio frente a la reivindicación de los derechos fundamentales de las personas que conforman los núcleos familiares beneficiarios del proyecto de vivienda cuyos derechos fundamentales fueron amparados por el fallo de tutela, por lo cual impuso a los señores Gobernador del Amazonas Carlos Arturo Rodríguez Celis y al Alcalde de Leticia José Ignacio Lozano Guzmán, una sanción de 10 días de arresto y una multa de 10 salarios mínimos mensuales legales para cada uno, conminándolos además, a entregar las viviendas totalmente habitables en un término improrrogable de 15 días contados de la firma de esta decisión, so riesgo de incurrir de nuevo en desacato.

Sanción vigente y ejecutada desde el 20 de noviembre de 2015 dándoles casa por cárcel a los implicados.