En los barrios Manguare y Ñianee Mechi de Leticia, capital del Amazonas, la Unidad para las Víctimas avanza en la construcción del plan de retornos y reubicaciones con 54 familias, para facilitar la superación de la condición de vulnerabilidad y garantizar la estabilización socioeconómica de cada hogar.

Por: Oficina Asesora de Comunicaciones / Unidad para las Víctimas

La Unidad para las Víctimas orientó la formulación del plan de retornos y reubicaciones de 54 familias que residen en los barrios Manguare y Ñianee Mechi de la capital del Amazonas.

“La política pública de reparación integral dirigida a las víctimas del desplazamiento forzado contempla como una de sus estrategias fundamentales la implementación de procesos de retorno al lugar de origen y/o reubicación en otras zonas del territorio nacional donde se cuente con redes de apoyo; esta medida de reparación busca facilitar la superación de la condición de vulnerabilidad y garantizar la estabilización socioeconómica de cada hogar”, expresó Juan Mauricio Zambrano, profesional de la Unidad para las Víctimas.

Según el funcionario, la entidad avanzó en la toma de actas de voluntariedad, las cuales recogen la voluntad de las víctimas para retornar o reubicarse, producto de reflexiones y valoraciones reales sobre cada opción; así, son reivindicados como sujetos autónomos, con capacidad de decisión, que logran sobreponerse a la adversidad, afrontar su situación actual y replantear su proyecto de vida, que fue truncado por el conflicto.

Esta experiencia fue socializada con la Mesa de Víctimas de Leticia, con la Gobernación del Amazonas, y con otras entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), con el fin de que este ejercicio se convierta en insumo para la formulación del Plan de Retornos y Reubicaciones para el departamento en el 2019.

Por otra parte, en el marco del Comité de Justicia Transicional Ampliado, que se realizó en la capital del Amazonas, fue aprobado el Plan de Acción Territorial de Leticia y la ratificación del Plan de Puerto Nariño, que se convierten en herramientas de planeación con base en las cuales las administraciones locales podrán realizar la planeación anual de la política pública de víctimas, teniendo en cuenta componentes y medidas para la adecuada prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a víctimas.