La senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano, criticó el concepto emitido por la asesora jurídica de la presidencia del Senado que archivó la moción de censura contra el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

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A través de un comunicado, la senadora resalta que declarar no procedente la moción de censura viola los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al control político de los congresistas, a la oposición y la participación política, y lesiona seriamente los pilares de la democracia.

Expresó además que esta es una moción procedente porque además de cumplir con los requisitos legales y constitucionales y estar relacionada con funciones propias de su cargo como Ministro, los hechos expuestos para proponer la misma no son un daño del pasado, “hoy 117 municipios siguen endeudados y pagando cuantiosas sumas por unos bonos de agua que no se han materializado en la mayoría de los casos en las obras de infraestructura. De modo que este es un debate político y ético sobre conflicto de interés, sobre beneficio de información privilegiada obtenida en el cargo usufructuándola en el sector público. Esto implica además un impedimento actual y vigente del Ministro de Hacienda por ejemplo para tramitar recursos del sistema general de participaciones y para el agua de estos municipios.”

Este pronunciamiento se da luego de que la mesa directiva del Senado decidiera este lunes por mayoría (dos votos a uno) que la moción de censura a Carrasquilla no era procedente, dado que los sucesos por los que se señala al actual ministro de Hacienda son de una anterior administración y no tienen que ver con las funciones actuales de su cargo. La mesa directiva además sostiene que la iniciativa no cumple con los requisitos exigidos para tramitarse.

Los votos en contra de la intención fueron del presidente del Senado, Ernesto Macías, y del primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. El voto a favor fue de Lozano.

En contexto

Carrasquilla es acusado por la oposición de haber tramitado, cuando ejerció el cargo ministerial durante el gobierno Uribe, un acto legislativo que después favorecería a una empresa privada de la cual hizo parte. La empresa en cuestión habría empobrecido con intereses altos a 117 municipios que pretendían financiar proyectos de agua potable y saneamiento en varias regiones del país. Al ministro ya se le realizó un debate de control político en el Congreso donde se defendió de las acusaciones.