A partir del pasado lunes la Policía tiene la facultad incautar cualquier cantidad de droga en vía pública, además podrá multar al portador, mínimo, con 208 mil pesos en caso de que porte al menos 20 gramos de marihuana o uno de cocaína. Esta cantidad fue determinada en el año 1994 bajo la sentencia No. C-221/94 por la Corte Constitucional como dósis mínima. Si la persona porta más de lo estipulado por la norma podrá ser judicializada.

Además, el uniformado deberá incautar y destruir la sustancia prohibida. Según las autoridades habrá un curso pedagógico que otorgará una rebaja en el valor de la multa.

Para la Policía no existe la dosis de aprovisionamiento, que corresponde a la cantidad establecida para el consumo durante la semana o el mes, la ley es taxativa en definir la cantidad que puede portar cualquier ciudadano. Por esta razón, la Policía debe confirmar la cantidad de droga que lleva el portador, “la persona se conduce a la estación más cercana y allí se hace todo el procedimiento porque se debe levantar un acta” afirmó el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Si la persona demuestra mediante un certificado médico o una carta de familia que es adicto, tendrá el derecho a presentarse ante la autoridad competente para hacer los descargos y exigir que le devuelvan la droga decomisada.

DEBATE

La Ministra de Justicia, Gloria María Borrero ,dijo que para el Gobierno esto no es una infracción a lo dicho por la Corte Constitucional cuando reguló la dosis mínima en defensa del libre desarrollo de la personalidad, pues lo que hace este decreto no es penalizar el consumo “Se puede seguir consumiendo en espacios privados, en espacios públicos no porque el legislador lo prohibió”.

Por otra parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán expresó que “toda imposición de deberes a los ciudadanos en esta materia debe emanar de la Constitución o de la ley, porque afecta la libertad personal”. En ese sentido, anticipó que “ese decreto tendría una fuerte discusión sobre su constitucionalidad y seguramente podría ser anulado por esa razón en el alto tribunal”.

Finalmente, el procurador General, Fernando Carrillo, se pronunció sobre el caso y dijo que revisará el decreto, pues asegura que el documento debe ir más allá de la simple incautación de la droga, “debe existir prevención porque Colombia se ha vuelto un país consumidor”.