La Ley de Víctimas, sancionada en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos, ha traído ocho cambios para los sobrevivientes del conflicto: reconocimiento, participación, reparación administrativa, enfoque diferencial, reparación colectiva, memoria, retorno y construcción de paz.

Bogotá.

Hace siete años, el 10 de junio de 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1448. El Estado reconoció por primera vez su responsabilidad con millones de víctimas que dejó el conflicto armado y estableció un sistema integral para su atención y reparación.

“La política de reparación colombiana no tiene antecedentes. Es la más completa y ambiciosa comparada con 45 experiencias de justicia transicional en 31 países”, destacó la directora nacional de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria.

La implementación de la Ley ha traído ocho cambios significativos para las víctimas, con una inversión total algo mayor a $9,6 billones entre el 2012 y mayo de 2018:

1. Reconocimiento: La Ley creó el Registro Único de Víctimas (RUV), que ha permitido consolidar una base de datos de todas las víctimas, directas o indirectas, de 12 hechos victimizantes. Hoy están incluidas en el RUV 8’679.002 personas, de las cuales 6’944.905 son sujetos de atención y reparación.

De las personas registradas, el 49.7% (4.316.127) son mujeres y el 49.5% (4.297.851) son hombres. Dicen pertenecer al sector LGBTI el 0.02% (2.522) y el 0.7% (62.502) no informa el género.

Con relación a las etnias, 208.807 declaran ser indígenas; 30.177, gitano Rrom; 10.217, raizales; 822.613, negro afrocolombiano; y 2.279, palenqueros.

La mayoría, 7.719.202 personas, son víctimas de desplazamiento forzado. Le siguen: homicidio, con 1.010.117 víctimas; amenaza, 430.565; desaparición forzada, 171.090; pérdida de bienes, 115.575; acto terrorista, 92.018; secuestro, 36.929; delitos contra la integridad y la libertad sexual, 26.253; mina antipersonal, 11.428; tortura, 11.009 personas. También hay víctimas de confinamiento, 9.803 personas, vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, 7.519; lesiones psicológicas, 7.603; abandono o despojo forzado de tierras, 6.552 y lesiones personales físicas, 6.147 personas.

2. Participación: La implementación de la Ley empoderó y fortaleció las organizaciones de víctimas. Hoy están presentes en más de mil mesas municipales de participación en el país, 32 departamentales y una del Distrito de Bogotá, en las cuales proponen, dialogan con quienes implementan los programas y ejercen control. La instancia con mayor influencia es la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas que participa en el Comité Ejecutivo que define la política general de víctimas.

La presencia de cinco delegaciones de víctimas en La Habana durante la negociación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc fue un factor de peso para la negociación.

3. Reparación administrativa: Entre 2009 y mayo de 2018, la Unidad ha invertido un poco más de $5.0 billones en la entrega de 805.815 indemnizaciones administrativas. De estos recursos, 9.951 pagos por $182.702 millones fueron ordenados por procesos de Justicia y Paz. Con estas entregas la Unidad realiza un acompañamiento a la inversión para que con los recursos recibidos se pongan en marcha actividades productivas para las víctimas y sus familias.

Por otra parte, la Unidad ha entregado apoyos a 451 proyectos de infraestructura comunitaria por $42.030 millones, y a 567 proyectos agropecuarios por $5.166 millones. En subsidiariedad o apoyo a los entes territoriales para atender las emergencias humanitarias ha dedicado $97.573 millones, con los que ha beneficiado a 131.636 personas.

Parte importante de la reparación integral es la rehabilitación, que ofrece a través del Programa de Atención Sicosocial y de Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI), del Ministerio de Salud, en donde han sido atendidas 449.007 víctimas; y mediante la Estrategia de Recuperación Emocional de la Unidad, de la que han participado 161.074 personas.

La Ley de Víctimas también permite la atención a las víctimas en el exterior. A la fecha hay 22.826 registradas en el RUV, en 44 países. De estas han sido indemnizadas 2.281 y 459 han retornado desde el exterior.

La oferta de las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) es conocida por las víctimas a través de 200 puntos de atención y 28 Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV), en donde han sido atendidas 1.146.452 personas y se han recibido 1.558.539 solicitudes, entre 2012 y mayo de 2018. También, a través de Ferias de Servicio y en la Unidad Móvil, que llega a los lugares más apartados.

4. El enfoque diferencial: Puesto que hay poblaciones con características particulares que sufrieron con mayor rigor el conflicto, la Ley previó un tratamiento diferencial. Hay programas para personas con discapacidad, adultos mayores y para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y las mujeres tienen presencia significativa en espacios de participación de víctimas y liderazgo en ellos.

5. Reparación colectiva: Hoy existen 634 sujetos de reparación colectiva en todo el país, de los cuales 128 están implementando sus planes de reparación. Incluyen medidas para restablecer derechos colectivos, identidad cultural, organización política y social, así como recuperación de actividades y espacios de encuentro comunitario, cultural y deportivo, fortalecimiento de liderazgos y atención psicosocial, entre muchas otras. Además, 506 sujetos avanzan en la ruta de construcción de sus planes.

6. La recuperación de la memoria: La Ley creó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y propició espacios para realizar ejercicios de reconstrucción de memoria. El CNMH ha hecho decenas de informes y contempla la construcción del Museo de la Memoria, con las víctimas, para generar reflexión sobre lo ocurrido.

7. El regreso a la tierra: La restitución de tierras es uno de los elementos de la reparación para quienes fueron despojados por la fuerza o se vieron obligados a abandonar sus tierras.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, hasta mayo de 2018 habían sido restituidos 5.981 predios en beneficio de alrededor 38 mil personas. Ante los jueces, la Unidad de Restitución ha presentado algo más de 15 mil casos.

Desde el 2010 se han acompañado 260.818 hogares en retornos y reubicaciones, se han formulado 267 planes de retorno y reubicación y se han implementado 5.163 esquemas de acompañamiento familiares.

8. La construcción de paz: La Ley de Víctimas, expedida cinco años antes de la firma del acuerdo de paz, estaba orientada a que lo ocurrido en el conflicto no se repitiera. Como garantía, previó espacios para que víctimas y excombatientes se encontraran y reconciliaran, a través de la verdad y el perdón, de manera voluntaria y dignificante para las víctimas.

La Ley y el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las Farc han generado el descenso en el número de hechos victimizantes ocurridos dentro del conflicto armado. Según las cifras de la Red Nacional de Información, en 2014 ocurrieron 315.458; en 2015, 235.701; en 2016, 135.111; en 2017, 100.735 y en lo que va corrido de 2018, 14.616.

Los avances de la implementación de la Ley de Víctimas y del Acuerdo de Paz confirman la voluntad expresada por el presidente Juan Manuel Santos el día que sancionó la Ley: “si hemos tenido víctimas, si aún siguen produciéndose víctimas, vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde: ¡al lado de ellas, de su parte, abrazando y comprendiendo su sufrimiento!”.

Hay incertidumbres en el cercano futuro sobre lo que viene para las víctimas, pero “con seguridad es un camino que aún no termina”, como ha expresado Yolanda Pinto de Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas.