Según lo dio a conocer la Contraloría General se registró un presunto daño patrimonial de $1.334 millones de pesos, originado en la compra por parte de la Fuerza Aérea Colombiana de unos trenes de aterrizaje que resultaron usados y no aptos para el servicio.

La investigación sobre el caso fue solicitada a la Contraloría por la misma Fuerza Aérea, a través de su Segundo comandante y jefe de Estado Mayor, mayor general Luis Ignacio Barón Casas.

Fuente consultada / canal1.com.co