Caracol radio el día de ayer dio a conocer negociaciones en la compra de medicamentos e implementos que al parecer nunca llegaron a los centros médicos

Con un hospital intervenido, con una deuda que supera los $ 7.000 millones, en un departamento con una crisis hospitalaria a causa del coronavirus y que según Daniel Oliveira contralor, el hospital San Rafael se ha utilizado por años para celebrar contratos millonarios sin ningunos resultados para la población.

“Existe un grupo de funcionarios que se han venido lucrando del Hospital San Rafael de Leticia. Ellos son una pandilla, se tapan entre ellos. Desaparecen los medicamentos, firman contratos, contratan la mujer del uno al otro. Es una cosa que usted no se imagina”, reveló Oliviera.

En la búsqueda de hechos anormales, Caracol radio en un seguimiento de investigación encontró dos contratos por la suma de $500 y $495 millones, con unos sobrecostos de $200 millones. Estos contratos estaban destinados para la compra de medicamentos y elementos de bioseguridad,
lo curioso del caso es que según la Contraloría Departamental del Amazonas, nunca llegaron estos los insumos al hospital, apesar que estos ya llevaban un sobrecosto.

También se encontró otro contrato del 1 de enero de 2020 donde un sindicato (SINTRAMAZONAS) estaba encargado de la contratación de personal administrativo, de mantenimiento, aseo y asistencial. El acuerdo fue por valor de $140.000.000, para arreglos locativos, entre infraestructura y sistema eléctrico.

En este punto llama la atención, cómo un sindicato que, por su naturaleza, no pueden realizar actividades comerciales, además de la duda que deja la realización del mismo, ya que el estado actual de la sub estación eléctrica de la entidad está a punto de colapsar.

Pero el despilfarro no para allí. La Contraloría Departamental también reveló que, la Gobernación del Amazonas firmó dos contratos; uno por más de $1. 429 millones y otro por más de $382 millones; con 10 días de diferencia y un sobre costo de 380 millones, para el suministro de mercados y subsidio a familias de los municipios de Leticia, Puerto Nariño y sus 9 áreas no municipalizadas, además de los centros vida.

Las contrataciones que llaman la atención continúan. Existen negociaciones para barras y láminas de zinc por $100 millones; al igual que ladrillos por otros $100 millones.

Frente a todo esto el Gobernador del Amazonas, Jesús Galdino envió el pasado lunes 11 de mayo un memorando a 8 de sus funcionarios, en el que les pide revisar cada uno de los contratos celebrados en el marco de la emergencia sanitaria del COVID.

Sin embargo, Harold Rengifo, abogado de la ciudad de Leticia, dice que ese llamado de atención del mandatario departamental a su gabinete es una “burla”, argumentando que en ese territorio no existe la división de responsabilidades, pues todo está centralizado y se despacha bajo la orden de Galdino.
“Realmente esta es una burla a los entes de control y a los leticianos que conocemos como funciona la gobernación del departamento del Amazonas, donde hay un funcionario que es el encargado de planeación y de organizar toda esa contratación, todo esto se mueve a través de la oficina jurídica del departamento”, añadió Rengifo.
Para lograr recopilar más documentación, y así iniciar los respectivos procesos, la Contraloría Departamental, continuará el próximo mes una auditoría que, debió suspender por la emergencia sanitaria del covid-19.
Por su parte, en contra del contratista se inició un proceso de responsabilidad fiscal, y hay un informe preliminar en el que se involucra al Gobernador del Amazonas Jesús Galdino, un diputado del Partido Conservador, el exgerente del Hospital San Rafael de Leticia Jaime Riascos y los demás implicados.

Fuente consultada | Caracol Radio