La acusación contra el gobernador de Amazonas por contrato COVID-19

Jesús Galdino Cedeño es investigado por la Fiscalía por un convenio que suscribió en plena pandemia relacionado con la alimentación escolar y que, según el ente investigador, no era necesario adelantar, ya que existía un convenio previo para ese mismo fin. Su abogado dice que el gobernador siempre ha actuado en el marco de la ley.

La Fiscalía acaba de radicar el escrito de acusación en contra del actual gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, investigado desde 2020 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un convenio firmado en plena contingencia del COVID-19. El Espectador conoció el documento de 37 páginas que fue radicado el pasado 14 de mayo de 2021 por el fiscal Julio Ospino ante la Secretaría de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde se adelantará su juicio. Este diario también conoció que el 7 de abril pasado, de manera virtual, la Fiscalía le imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero Galdino no los aceptó y el ente investigador no solicitó prisión preventiva en su contra mientras su proceso avanza.

Galdino, médico de profesión, fue elegido en 2019 con más de 11.000 votos, como parte de una alianza política entre el Centro Democrático y el Partido Conservador. Además, dobló la votación del candidato del Partido Liberal que quedó en segundo lugar. Para entender el expediente contra el gobernador hay que remontarse a mayo de 2020, en pleno confinamiento nacional decretado por el Gobierno para evitar la propagación de este tipo de coronavirus, cuando Galdino apenas llevaba tres meses en el cargo. En ese momento, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría pusieron sus ojos sobre cientos de contratos celebrados por gobernaciones y alcaldías para apoyar a los sectores sociales más vulnerables y afectados económicamente por la pandemia en la actividad comercial.

Las autoridades recibieron denuncias sobre irregularidades en esos convenios, entre ellos uno suscrito por el gobernador Galdino el 6 de abril de 2020, que tenía como fin “el suministro de alimentos para el programa PAE en el marco de la emergencia económica, social y ecológica del COVID-19” por un valor de $429 millones. Según la Fiscalía, su trámite y celebración violaron principios de la contratación estatal “como la transparencia, economía y responsabilidad”, entre otros. El ente investigador dice que Galdino suspendió, a finales de abril de 2020, un contrato de esa misma naturaleza suscrito en diciembre de 2019 por la gobernación anterior por más de $4.000 millones y que se iba ejecutar durante el año escolar de 2020.

En el documento conocido por este diario el ente investigador dice que esa suspensión no tuvo el aval del contratista y que, hacia finales de marzo, cuando el gobierno de Iván Duque y la Organización Mundial de la Salud decretaron la emergencia sanitaria, el gobernador declaró la urgencia manifiesta, escenario que les permitió a él y otros gobernadores adelantar procesos de contratación directa relacionados con acciones para mitigar la crisis sanitaria del coronavirus. Lo que le reprocha el ente investigador es que se “desconociera sin justificación” la existencia de un contrato previo para alimentar a los menores de edad del departamento durante 2020 y no llegar a un acuerdo con el contratista que había ganado ese convenio.

“El gobernador, a través de su secretario de Educación, no aceptó las diferentes solicitudes que realizó el gerente de la firma contratista Consorcio Alimentación Infantil 2020, dirigidas a la realización de unas mesas de trabajo que permitieran establecer nuevos lineamientos, derivados de la contingencia sanitaria y de esta forma proseguir con su ejecución como lo venía ejecutando de manera adecuada”, señaló la Fiscalía. Además, también dice que la cabeza de dicho consorcio fue excluida del nuevo contrato sin justificación. Incluso, en septiembre de 2020, la Fiscalía dice que la Gobernación logró ajustar el contrato con el consorcio con el fin de que entregara las raciones de comida en casa, hecho que demostraría la irregularidad del contrato firmado en abril.

Fuente consultada https://www.elespectador.com