Ayer se conoció la importante noticia que el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que nuevamente le permite a la Contraloría General de la República, aplicar su capacidad constitucional de sancionar a los responsables de infracciones administrativas.
“Esa decisión fortalecerá la lucha contra la corrupción y la impunidad que tanto daño le hace al país. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir velando por el buen uso de los recursos públicos” expresó el Contralor General Nelson Shack, ni bien tomó conocimiento del suceso.
En Iquitos de inmediato se pudo entrevistar al Contralor Regional Ing. Roy Salazar Caballero, quien también calificó de suma importancia la aprobación del proyecto que le devuelve la capacidad sancionadora a la Contraloría general de la República.
“Es una gran noticia la que nos ha llegado. Felicitamos al Congreso de la República por aprobar la iniciativa legislativa presentada por Contraloría para devolver la facultad sancionadora. Nuevamente la Contraloría va a poder ejercer su potestad sancionadora ante los actos de corrupción e inconducta funcional.
Ahora sí se acabó la impunidad para estos malos funcionarios que han estado cometiendo actos de corrupción, se terminó todo eso. La Contraloría va a hacer su trabajo y ahora sí habrá sanciones efectivas, claras y contundentes contra la corrupción” expresó firmemente el contralor de la región Loreto.
Recuérdenos ¿cuáles son esas sanciones?
-Pueden ir desde la suspensión de 30 días a 6 meses sin goce de haber y la inhabilitación de 6 meses hasta los 5 años de trabajar en el sector público. Esas eran las sanciones y se impusieron a miles de funcionarios. En otros casos quedaron impunes, no se pudo sancionar porque el Tribunal Constitucional emitió la sentencia en el año 2019. Hoy nuevamente se podrá aplicar esa sanción.
Ahora sí los funcionarios lo tendrán que pensar dos veces antes de cometer un acto corrupto. Se implementará la Ley y los órganos de control estaremos vigilantes para que aquellos funcionarios que han sido sancionados sean apartados totalmente de la administración pública y no puedan andar de institución en institución cometiendo actos de corrupción o inconducta funcional.

Fuente consultada: diariolaregion.com