Este lunes, el experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos Juan Pablo Bohoslavsky, y el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados Diego García-Sayán, solicitaron al Estado guatemalteco que sea una prioridad proteger las garantías fundamentales y la independencia del poder judicial del país.

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La solicitud se produjo debido a que se han presentado denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales en el país centroamericano. “Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto afectaría su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia" declaró Bohoslavsky.

Los expertos mostraron su preocupación debido a la decisión del Gobierno de Guatemala de finalizar unilateralmente el acuerdo con las Naciones Unidas en el que se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aun cuando el pasado 9 de enero, la Corte de Constitucionalidad suspendió dicha decisión.

Para los expertos abordar la situación del poder judicial del país “es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría".

Desde el año 2007 cuando se puso en marcha la CICIG, esta ha proporcionado asistencia técnica al Ministerio Público entre otras instituciones que lo han requerido, razón por la cual Bohoslavsky y García-Sayán insisten en que es esencial para el país pues ayuda a garantizar la independencia del poder judicial, algo que no se puede poner en peligro.

Los dos representantes de la ONU, además, manifestaron su preocupación por la seguridad de los jueces, fiscales, y en general de todo el personal que estaba vinculado con la CICIG, especialmente quienes trabajaban en casos de elevado perfil por ejemplo los de corrupción, crimen organizado y flujos financieros ilícitos que involucran personas con poder.