Miles de activos de la Nación no tienen el registro de administrador correspondiente.

Se presentan esquemas que no garantizan la sostenibilidad de los proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos donde se han invertido millonarios recursos.

Se detectó también que el no cobro de la contribución especial en los contratos de obra pública es recurrente en varias entidades.

Falta de gestión jurídica para acometer procesos de cobro tiene en riesgo de pérdida millonarios recursos públicos.

Estas alertas se emiten por un cruce de información de la Contraloría Delegada de Minas y Energía con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

Bogotá, 15 de junio de 2021.- El nuevo marco del control fiscal establecido para la Contraloría General de la República, promulgado en el Acto Legislativo No. 04 de 2019, faculta a este organismo de control para ALERTAR a las oficinas o unidades de control interno sobre aquellas situaciones que denoten POSIBLE RIESGO O PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS con el fin de que focalicen el ejercicio de sus funciones, para lo cual podrán tomar las medidas que estimen necesarias.

Igualmente, establece un Sistema de Alertas de Control Interno que tiene por objeto registrar la información originada en el control multinivel del gasto público, en sus dos primeros niveles: el interno y el de fiscalización externa ejercida por la Contraloría General de la República, desde la perspectiva de la administración del riesgo a través de alertas recíprocas, con el fin de promover sinergias entre el control interno y el seguimiento permanente al recurso público y materializar así el ejercicio del control fiscal preventivo y concomitante.

Con fundamento en lo anterior, la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía en desarrollo de varias Actuaciones Especiales de Fiscalización y de Auditorías Financieras realizadas en el primer semestre de este año, estableció situaciones administrativas en 7 de las entidades vigiladas que le llevó a establecer 10 alertas de control interno ante el posible riesgo de pérdida de recursos públicos si sobre dichas situaciones detectadas no se toman las medidas pertinentes y oportunas.

Las alertas levantadas, la causa y el impacto económico en cada una de las entidades vigiladas son:

1. REFICAR: 1.956 activos de los 37.992 registrados por la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. en las dos sociedades SAP (CO02 y MDTO) a diciembre 31 de 2020, no tienen administrador responsable de los mismos.

Impacto económico: US$162.128.045 ($ 583.660.962.800)

2. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -FAZNI:

• Se presentan esquemas que no garantizan la sostenibilidad de los proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SFV) generando la pérdida o deterioro anticipado de los activos, sumado a una regulación transitoria de tarifas y subsidios. Desconocimiento de las condiciones de la infraestructura de los SFV y su funcionamiento.

• Se deben hacer los ajustes por reducción de usuarios al suscribir acta de liquidación, lo cual debe generar devolución.

• Mayor valor aportado al encargo fiduciario, que debe generar devolución.

• Ajuste por cambios en el alcance del contrato al suscribir acta de liquidación por presentar saldo en la fiducia.

Impacto económico: $ 281.404.775.734

3. CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad. (Ley 1106/06 Art.6º).

Impacto económico: $41.010.212.362,60

4. ECOPETROL: durante la vigencia 2020 no ejerció la oportuna acción de repetición tendiente a la recuperación de los recursos pagados, en diferentes procesos en los cuales fue vencida en litigio, al igual que en algunos acuerdos conciliatorios en los cuales debió indemnizar a la parte demandante.

Adicionalmente, en ninguno de los casos en los cuales la decisión de Comité de Defensa Judicial y Extrajudicial de Ecopetrol fue la de no iniciar la Acción de Repetición, se evidenció el cumplimiento por parte del Comité de lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, en el sentido de informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo la decisión de no instaurar la acción de repetición, anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de dicha decisión.

Impacto Económico: $20.465.227.110

5. OLEODUCTO CENTRAL S.A. – OCENSA: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º).

Impacto económico: $9.547.130.423

6. ECOPETROL: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º).

Impacto económico: $7.393.404.2917

7. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR): la entidad no realiza la retención del 5% de la contribución especial sobre los contratos de obra pública.

Impacto económico: $2.001.944.800

8. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR) Y MINISTERIO DE MINAS: si bien la Ley 1940 de 2018 faculta al Ministerio de Minas y Energía para disponer de los recursos para Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de las centrales de generación de las Zonas No Interconectadas (ZNI), no se justifica continuar realizando estas erogaciones, teniendo en cuenta que según indicaciones de CEDENAR, “algunos de los activos se encuentran como no operativos y otra porción, si bien están operativos, ya han cumplido su vida útil y en la actualidad podrían ser más costosos sus mantenimientos”, y estos municipios desde el 2018 ya se encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional.

Impacto económico: $1.814.110.964

9. OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º).

Impacto económico: $822.308.878

10. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR): el comportamiento de la cartera por concepto de arrendamientos operativos evidencia acumulación de saldos sin gestión de cobro por parte de la empresa, omisión en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como también en la aplicación de las cláusulas octava y décima segunda de los contratos, poniendo en riesgo los ingresos de la entidad.

Impacto económico: $263.021.535

Contraloría ordena visitas fiscales a 6 entidades territoriales que aún no reportan inicio del PAE

Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo, son las 6 ETC que serán visitadas.

Después de haber requerido oficialmente a las entidades territoriales, por la falta de oportunidad en la ejecución del PAE, la CGR ordenó estas visitas fiscales a fin de recaudar insumos, que se trasladarán para adelantar las respectivas acciones fiscales que haya lugar.

Se ha identificado que, con corte al 29 de marzo de 2021, de las 96 entidades territoriales que ya iniciaron calendario académico y que ejecutan el PAE, 90 han reportado inicio operación del programa.

De los 5.692.734 estudiantes que se deben beneficiar con el PAE, 313.901 aún no cuentan con el programa.

El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, resaltó la atención que merecen los casos de Pitalito, Cauca y Popayán que iniciaron calendario académico desde el mes de enero y no reportan inicio del PAE.

83 ETC ya cuentan con el equipo profesional conforme los perfiles establecidos por el Ministerio de Educación y 13 ETC se encuentran en proceso de contratación.

Bogotá, 9 de abril de 2021.- La Contraloría General de la República ordenó visitas fiscales a 6 entidades territoriales que, de acuerdo con información del Ministerio de Educación y su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar - Alimentos Para Aprender, aún no han reportado el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) luego de haberse surtido los tiempos establecidos.

Con corte al 29 de marzo de 2021, de las 96 ETC que ya iniciaron calendario académico, 90 han reportado inicio de operación del PAE, quedando pendiente 6 ETC (Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo) por reportar fecha de inicio de atención

Según el reporte del sistema integrado de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación del año 2020, el programa debería beneficiar 5.692.734 estudiantes, pero hasta el momento se están atendiendo 5.378.833. Es decir que 313.901 estudiantes aún no estarían beneficiándose del PAE.

Desde el pasado 25 de marzo la Contraloría realizó requerimientos oficiales, con los que se solicitaba dar a conocer las razones del por qué, luego de haberse surtido los tiempos establecidos, no se había reportado inicio del programa y por ende no se estaría beneficiando la totalidad de beneficiarios del PAE.

“La Contraloría General, en primera medida y desde el carácter preventivo, ha venido realizando reiterados llamados a las entidades territoriales para que se atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, pero casos como los de Pitalito, Cauca y Popayán preocupan al estar en riesgo la alimentación de 210.350 estudiantes. Por ello, tomamos la decisión de que nuestros funcionarios en las regiones correspondientes realicen visitas a las ETC y recauden todos los elementos que permitan adelantar las acciones fiscales que sean necesarias. Los recursos públicos y en este caso los de la alimentación escolar se deben ejecutar como es debido”, afirmó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Los casos de Putumayo, Girardot y Pitalito

De las 6 entidades que aún no estarían ejecutando el PAE, 4 dieron respuesta y se realizará seguimiento a los compromisos manifestados.

De acuerdo con las respuestas dadas, se pudo evidenciar que en el caso de Putumayo se adelantó el proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública. Sin embargo, el mismo se declaró desierto mediante resolución No 0127 de fecha 22 de febrero del 2021 al haberse contado con un solo proponente, por lo que la entidad está adelantando las acciones para definir la mejor manera para desarrollar la contratación, aunque se aseguró que ya se dio la orden para iniciar la etapa precontractual a través de la modalidad de selección abreviada.

En cuanto a Girardot (Cundinamarca) explicaron que se publicó el proceso para conocimiento de los interesados desde el 9 de febrero del 2021, pero mediante resolución No 105 se declaró desierto el proceso y ya se publicó uno nuevo de selección abreviada de menor cuantía (004-2021), que se encuentra en espera de presentación de ofertas por parte de los oferentes y audiencia de cierre, para el día 30 de marzo del 2021. Aclaran que se prevé adjudicar el proceso entre los días 9 al 12 de abril.

El municipio de Pitalito (Huila) es una de las entidades que, en el año 2020, atendieron a los estudiantes a través del PAE 114 días por debajo de los 180 días esperados o del promedio nacional. Por lo tanto, debía tener excedentes monetarios por $666.957.780 para iniciar el programa.

Por otra parte, en el reporte del CHIP, se evidencia que el aporte de Pitalito para el programa en la vigencia 2019 fue de $435 millones y en el 2020 bajó a $272 millones.

Para el año 2020, el Ministerio de Educación aportó un total de $2.544 millones, y para la actual vigencia inicialmente $2.361 millones, faltando el aporte adicional, por lo que, para el Delegado de Participación Ciudadana, no se entiende cómo no se ha iniciado el programa: se tenían excedentes, se redujo el número de beneficiarios y además se ha retrasado el proceso.

Aun así, en su respuesta del 29 de marzo a la Contraloría, la administración de Pitalito asegura que desde diciembre de 2020 ha venido estructurando el proyecto de pliego de condiciones. Sostiene que “debido a la disminución de recursos asignados al municipio por parte del Ministerio de Educación para financiar el PAE y del SGP, se debió realizar un ajuste al presupuesto del proyecto y una disminución de cupos a atender en las diferentes sedes educativas del municipio, bajando la cobertura de 11.158 titular de derecho a solo 11.000”, algo que preocupa aún más, pues se estaría dejando de atender a estudiantes a través de la alimentación escolar.

Además. aseguraron que se radicó solicitud de inicio del proceso de contratación el 5 de febrero, la cual fue devuelta solicitando que su contratación se realice por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMB), la cual les manifestó que fue seleccionado el comisionista para que se adelante el proceso y en el cronograma para elección de operador se resalta que máximo el 6 de abril debería estar el vendedor seleccionado.

“Eso algo que esperamos como Contraloría se cumpla y a lo que haremos seguimiento de acuerdo al próximo informe del Ministerio de Educación”, advirtió el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

El caso del Cauca

En cuanto al Cauca, la ETC respondió que el operador a quien se les adjudicó la licitación para la atención de la zona sur, macizo y centro, no había subido las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio, manifestando que la semana en curso adelantarían el alistamiento para iniciar con las entregas. En el caso del operador para la zona costa, están pendientes las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio.

Los operadores indígenas ya se encuentran ejecutando los contratos y están realizando la segunda entrega de las raciones para preparar en casa -RPC. Y está pendiente iniciar proceso contractual con el operador Ozbesca, que atendería a los estudiantes indígenas de López de Micay y Timbiquí, por cuanto la representación legal venció el 3 de febrero del 2021 sin que a la fecha se haya efectuado la elección de la nueva junta directiva.

El Contralor Felipe Córdoba destaca este y otros cambios que trae reforma al Código Administrativo y de lo Contencioso administrativo (CPACA).

Hasta con suspensiones podrían ser sancionados quienes no suministren información, impidan o pongan obstáculos al ejercicio de la vigilancia y control fiscal.

Bogotá, 9 de marzo de 2021.- El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, destacó hoy las virtudes de la reforma al Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y dijo que además de imponer un control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, hace ajustes importantes al Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal, para hacerlo más oportuno y eficiente.

Es así como se aplicará castigo a los representantes de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan el fenecimiento de las cuentas o concepto o calificación favorable en los procedimientos equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta, durante dos períodos fiscales consecutivos.

O sea, explicó el Contralor General, “el gestor fiscal que no fenezca la cuenta por dos años consecutivos, podrá ser suspendido y retirado del cargo”.

Además, se pueden imponer sanciones, que van desde multa hasta suspensión, a quienes omitan la obligación de suministrar información o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal. También a aquellos que incumplan las obligaciones fiscales previstas en la ley.

Con la expedición del Decreto Ley 403 de 2020, toda persona de derecho público o privado que ejerza gestión fiscal debe suministrar información para el debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, recordó el Contralor.

Ahora es posible decretar la suspensión provisional dentro de los procesos sancionatorios y fiscales, sin derecho a remuneración alguna para el afectado, siempre y cuando se evidencien que la permanencia en el cargo interfiere con en el trámite del proceso.

El término de la suspensión será de un mes prorrogable por otro más.

Esta última facultad es exclusiva de la Contraloría General de la República.

Mayor seguridad jurídica

Para el control automático e integral de legalidad de los Fallos de Responsabilidad Fiscal, se establecen salas especiales conformadas por el Consejo de Estado cuando las decisiones sean adoptadas por la Auditoría General de la República y por la CGR o por los Tribunales Administrativos cuando provengan de las contralorías territoriales.

“Como podemos ver, el código reformado y el modelo de control fiscal armonizan perfectamente en los nuevos escenarios que abren para la defensa del interés público en nuestro país”, destacó el Contralor General al hablar en un evento virtual sobre el tema convocado por la Auditoría General de la República.

“Hoy el control fiscal se ha despojado de una parte de su autonomía para que el control automático por parte de un juez diga efectivamente si tiene o no razón el ente de control, y tenga mayor garantía la persona procesada. En ese sentido, con esas garantías, podamos tener mayor seguridad jurídica y ayudar que a que no piensen que ni este Contralor, ni ningún auditor, ni ningún contralor territorial, podrá tomar la entidad para perseguir a nadie”, sostuvo el Contralor Felipe Córdoba.

Las reformas al Código Administrativo y de lo Contencioso administrativo (CPACA) han contribuido, desde la perspectiva de la Contraloría, a darle mayor seguridad jurídica a sus procesos de control fiscal, aseguró.

Seguimiento en tiempo real permite pillar sobrecostos

Los cambios al Código incorporan el control de legalidad automático a los fallos de responsabilidad fiscal, pero fijan unos términos razonables para su resolución y eso es un aliciente para seguir trabajando con el mismo ímpetu que nos ha dado el nuevo modelo de control fiscal, agregó.

Para el Contralor, “En este nuevo ambiente de agilidad en los procesos y sus controles, podrán sobresalir las bondades del modelo en materia de protección de los recursos públicos y de sanciones oportunas a aquellos que le producen graves detrimentos al patrimonio de los colombianos.

En este sentido, Córdoba enfatizó en la capacidad que tiene ahora la CGR para hacer seguimiento a la ejecución del recurso público en tiempo real, generando alertas en casos de posibles riesgos de pérdida del recurso, o insumos para los ejercicios del control fiscal, nos ha dado resultados como estos:

“Hasta el momento hemos obtenido beneficios por fiscales casi $6 billones de pesos, una cifra que, apelando a las comparaciones, equivale a un poco menos del doble de lo que el Gobierno Nacional ha destinado a la ejecución del Plan Nacional de Vacunación”, resaltó.

Además, gracias al control preventivo, la Contraloría General de la República ha producido cerca de 500 alertas que han servido para renegociar contratos en los que estaban en riesgos millonarios recursos.

“Con la tecnología en tiempo real hemos revisado cada contrato que vaya llegando, se comparan los precios del contrato con inteligencia artificial y con los precios de Construdata, el DANE, Colombia Compra Eficiente, se pueden revisar si esos son o no los precios o si hay presuntos sobrecostos y solo con esas alertas ya empiezan a renegociar las personas, porque los vamos pillando”, anotó.

“Nuestra presencia activa ha sido decisiva para el cierre de proyectos como Túnel de la Línea, Ruta del Sol III, megacolegios y para lanzar una cruzada sin precedentes en el país contra las obras públicas inconclusas o los elefantes blancos”, concluyó.

Entes de control evaluaron dificultades de primeras jornadas de vacunación contra el Covid-19 y determinaron redoblar vigilancia y atención de denuncias

Problemas de pérdida de vacunación son por manipulación, no por robo, dice el Contralor Felipe Córdoba.

La Procuradora Margarita Cabello hace un vehemente llamado para que las vacunas en el Amazonas lleguen a la población de allí y no se vaya a presentar el mal llamado turismo Covid.

Hay dificultades y es necesario agilizar el flujo de la información, al tiempo que fortalecer la articulación, y sobre todo redoblar los esfuerzos y subir la guardia frente a las denuncias especialmente en territorios rurales y regiones apartadas.
Se mantiene la alerta y la vigilancia especial sobre componentes financiero y estrategia de seguridad, y el acompañamiento a zonas rurales y regiones apartadas del país.
Respuesta inicial a denuncias se dará en menos de 48 horas y proceso será publicado en una página web.

Bogotá, 25 de febrero de 2021.- La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se reunieron hoy en el marco de la Mesa de Vigilancia Permanente al Plan Nacional de Vacunación con el objetivo de revisar de manera general el inicio del proceso de vacunación masiva en el país, y en especial y de manera específica, las primeras denuncias que se han venido recibiendo respecto a la pérdida o desperdicio de vacunas y los denominados saltos en la fila de vacunación.

Respecto del Plan Nacional de Vacunación los entes de control coincidieron en que pese a que ha iniciado sin mayores contratiempos, demostrando que el trabajo previo por parte del gobierno nacional, las autoridades territoriales y las EPS e IPS fue de mucha utilidad, hay dificultades y es necesario agilizar el flujo de la información, al tiempo que fortalecer la articulación, y sobre todo redoblar los esfuerzos y subir la guardia frente a las denuncias especialmente en territorios rurales y regiones apartadas.

En este mismo sentido, Procuradora, Contralor y Defensor manifestaron que se mantendrán atentos a que el cronograma de vacunación se cumpla y con la lupa puesta de manera especial en las cantidades de la vacuna, la población vacunada y los aspectos que tienen que ver con los componentes financiero y de estrategia de seguridad.

El Contralor Felipe Córdoba dijo que el inicio del Plan Nacional de Vacunación ha dejado ver serios problemas de manipulación, de pérdida de las dosis, que no se debe confundir con robos.

Consideró que se debe mejorar la prevención y manipulación de las vacunas, dificultad que se ha manifestado en varios departamentos. Urgió también que se disponga de la cantidad completa de ultracongeladores (30) que se ha previsto por parte del Gobierno Nacional, vía el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Por su parte, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, reiteró su preocupación por los casos que se han venido presentando en relación con la pérdida o desperdicio de vacunas y los saltos en la fila y solicitó a la Mesa un protocolo especial de seguimiento a las denuncias recibidas, el cual explicó debe tener y cumplir con el objetivo de dar una respuesta rápida e inicial, pero efectiva y contundente, a cada uno de los casos que se presenten.

En este sentido solicitó el diseño de dicho protocolo y la designación de un grupo especial para atender las denuncias, el cual tendrá a su cargo la tarea de recibirlas y sobre criterios específicos evaluarlas y en menos de 48 horas darle una respuesta al país sobre los hechos y el trámite que se les da, proceso que deberá ser publicado en una página web y que adicionalmente será revisado semanalmente en reunión de la Mesa Permanente de Vigilancia al Plan Nacional de Vacunación.

CGR Comunicaciones (CGR)