Hoy lunes y mañana martes estará en Mocoa, el miércoles en Villagarzón, el jueves en Orito, el viernes y el sábado en Puerto Asís.

Con el fin de acercar la Contraloría a los colombianos y fortalecer su alianza con los ciudadanos para el cuidado de los recursos públicos, la “Contraloría Móvil” recorrerá parte del departamento del Putumayo para recibir denuncias y peticiones, así como enseñarles a los visitantes cómo funciona la aplicación ControlApp.

Bogotá, 25 de octubre de 2021.- Desde este lunes 25 de octubre, la “Contraloría Móvil” llega al departamento del Putumayo, para atender quejas, peticiones y reclamos de la ciudadanía, y dar trámite a denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos púbicos en esta región.

Se trata de una unidad móvil que está recorriendo las regiones del país, para acercar los servicios institucionales de la Contraloría General de la República a los colombianos e invitarlos a convertirse en guardianes de los recursos públicos.

La “Contraloría Móvil” comenzará su recorrido por el Putumayo hoy lunes en Mocoa. Se ubicará de 2:00 a 6:00 p.m. en el parque de los cholados, costado Avenida Colombia.

El martes estará en dos sitios de Mocoa: de 8:00 a.m. a 12 del día, en la IE Pío XII, sede principal; y de 2:00 a 6:00 p.m., en el parque principal, frente a la Catedral.

Luego llega el miércoles 27 de octubre a Villagarzón. De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. estará en el parque principal, costado vía nacional.

. El jueves 28 el punto de atención móvil llegará al municipio de Orito. Se ubicará de 8:00 a.m. a 12 del día en la IE San José de Orito y de 2:00 a 6:00 p.m. en el parque de las manos.

Y el viernes 29 estará en Puerto Asís: de 8:00 a.m. a 12 del día en Ia IE Santa Teresita, sede principal. Y de 2:00 a 6:00 p.m. en la ESE Hospital local de Puerto Asís.

Finalizará su recorrido el sabádo 30 en Puerto Asís: de 8:00 a.m. a 12 del día en el parque principal.

Alianza con la ciudadanía

Las personas interesadas en estas ciudades del departamento del Putumayo podrán acercarse a la “Contraloría Móvil” a denunciar y realizar peticiones a la entidad. Además, conocerán de forma pedagógica cómo funciona la herramienta ControlApp, la aplicación que permite interactuar con la CGR a través de dispositivos móviles.

Con ControlApp los ciudadanos pueden dirigir sus inquietudes directamente al Contralor General y enviar fotografías y videos para convertirse en los ojos de la CGR en todas las regiones de Colombia.
En la “Contraloría Móvil”, además de recibir denuncias, se explicarán las competencias y funciones de la entidad y las diferencias con otros organismos, con el fin de incentivar el control social a los recursos que pertenecen a todos los colombianos.

Con esta estrategia la Contraloría busca llegar a muchos sitios del país, para invitar a los ciudadanos a que formen una alianza y se conviertan en guardianes de los recursos públicos en el territorio nacional.

La “Contraloría Móvil” recorre desde el mes de septiembre varias regiones del país. Ya estuvo en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Norte de Santander y hoy llega al Putumayo para acercar los servicios de la entidad a los colombianos.

La idea es visitar instituciones educativas para verificar el Plan de Alimentación Escolar, (PAE), obras inconclusas, proyectos críticos o elefantes blancos. De la mano de la ciudadanía se verificará su situación y avances.

También llega a las universidades, para incentivar a los jóvenes a participar activamente en el cuidado de lo público. Igual a centros comerciales, plazas de mercado, y lugares estratégicos de las regiones, para escuchar a personas de todas las condiciones e invitarlas a cuidar lo que es de todos.

Acceso a ControlApp

Para ingresar a ControlApp desde su dispositivo móvil, digite en su navegador la dirección web cfparticipativo.contraloria.gov.co. Una vez allí, podrá iniciar su ejercicio de vigilancia.

La aplicación está disponible para dispositivos Android a través de la Play Store con el nombre de ControlApp o ingresando al siguiente enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.contraloria.cfparti...

La invitación es a todos los colombianos a vincularse a través de esta novedosa herramienta tecnológica y ejercer el control social participativo.

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Bogotá, 9 de octubre de 2021.- Por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más $70 mil millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados, la Contraloría General de la República vinculó formalmente al proceso fiscal que adelanta por estos hechos a los señores Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.

Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado, en cuantía estimada de $70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.

Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tiene por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 Centros Digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.

La Contraloría investiga también las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020.

Estos hechos fueron declarados de impacto nacional mediante auto 0048 del 10 de agosto de 2021.

Al proceso fiscal abierto por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR fueron vinculados inicialmente.:

FUNCIONARIOS DE Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones FUNTIC:

ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA, representante legal delegada de FUNTIC.

SANDRA ORJUELA MÉNDEZ, subdirectora de Gestión Contractual.

SUPERVISOR DEL CONTRATO 1043 DE 2020

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO,

SES COLOMBIA S.A,

MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA representado por Luis Fernando Duque Torres

FUNDACION DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA, SEGURIDAD E INNOVACIÓN, representada legalmente por Carlos Enrique Paramo Samper.

ICM INGENIEROS S.A.S., representada legalmente por Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera

INTEC DE LA COSTA S.A.S, representada legalmente por Hugo Armando Canabal Hoyos.

OMEGA BUILDING CONSTRUCTORA S.A.S., representada legalmente por Juan Sebastián Vergara Ortega.

MIEMBROS DEL CONSORCIO PE2020 C DIGITALES, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivero.

PMO SOLYCOM SAS, representada legalmente por Paola Andrea Izquierdo Rivera.

EUROCONTROL SA SUCURSAL COLOMBIA, representada legalmente por Francisco Javier Barrena de Valenciana.

TELEMEDICIONES S.A.S., representada legalmente por José María Hougton Pérez identificado con cédula de ciudadanía N. 10.517.446

FIDUCIARIA

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, representada legalmente por Giancarlo Ibañez Piedrahita.

Posteriormente (el 23 y 28 de septiembre respectivamente) fueron vinculados Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, y Robert Gómez Cuello, representante legal de Funtic (hoy Novotic).

En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 610 de 2000, ya se decretaron las medidas cautelares correspondientes.

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Por pérdida de recursos de Bioenergy y Ecopetrol: Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $920.646 millones contra 7 Directivos de Bioenergy Zona Franca S.A.S.

Por pérdida de recursos de Bioenergy y Ecopetrol:

Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $920.646 millones contra 7 Directivos de Bioenergy Zona Franca S.A.S.

Se imputó culpa grave a dos gerentes generales y a 5 miembros principales de la Junta Directiva de Bioenergy Zona Franca S.A.S.

De acuerdo a la imputación, no tenía sentido haber dado continuidad al proyecto, destinando los recursos que se recibieron vía capitalización de Bioenergy S.A.S. para terminar la construcción de la planta “El Alcaraván” cuando la Tasa Interna de Retorno de la inversión al momento de la terminación unilateral del contrato con Isolux era tan solo del 2,44%.

No se debió haber dado continuidad a un proyecto que mostraba los indicadores financieros con tendencia a la baja y que finalmente, a febrero de 2017, tenía un CAPEX de USD$778 MM, con una TIR de -1.2% EA.

La TIR de los accionistas se situó entonces en -3.3% EA; y el VPN del proyecto pasó de -401 a -609.

La pérdida de la inversión se materializó al momento en que BIOENERGY S.A. y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., en enero de 2020, radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud encaminada a que se realizara la apertura del “proceso de reorganización”, por las pérdidas en que incurrió y que le impedían cancelar oportunamente sus obligaciones, y cuando en junio del mismo año solicitó terminar este proceso y entrar en liquidación.

Igualmente se demostró que la planta “El Alcaraván” fue proyectada con una capacidad de producción de etanol de 504.000 litros al día, pero entre el año 2017 al 2019 se produjeron 131.209.887 litros, lo que se traduce en una utilización de 73 días para el año 2017, 94 para el 2018 y 98 para el 2019, lo que prueba que las decisiones, adoptadas para dar continuidad al proyecto, fueron desacertadas.

Bogotá, 20 de septiembre de 2021.-La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $920.646 millones de pesos por la pérdida de recursos públicos de BIOENERGY S.A.S., BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. y ECOPETROL, con ocasión de las inversiones realizadas para la terminación del componente industrial de la Planta de Producción de Etanol “El Alcaraván”, en el departamento del Meta, a 29 de diciembre de 2017.

A pesar de que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente 434 millones de dólares más respecto del caso de negocio presentado en octubre de 2011; situación que unida al deficiente desarrollo del componente agrícola, originó que no se diera la productividad esperada, por cuanto BIOENERGY S.A. y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. se encuentran en liquidación, lo que hace imposible obtener los flujos de recursos que permitan su recuperación.

Se determinó, que sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, e incluso, sin que se hubiera obtenido la variedad optima, se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por el orden de un billón cuarenta y tres mil millones de pesos, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas a BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., para la ejecución del proyecto industrial.

Presuntos responsables:

Mediante Auto No.1481 del 17 de septiembre de 2021, la Contraloría Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:

*JAIME LEONARDO FLÓREZ MUÑOZ, Gerente General de BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. (2009-2012).

*ALECK REMBERTO SANTAMARIA DE LA CRUZ, Gerente General de BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. (2012-2015)

Y:

*MARIA ELENA VELASQUEZ RESTREPO,

*JUAN FELIPE MUNERA YEPES,

*MARÍA CRISTINA GLORIA INÉS CORTES ARANGO,

*MYUNG - HO LEE

*Y CLAUDIA CASTELLANOS RODRÍGUEZ

(en su calidad de miembros principales de la Junta Directiva)

Igualmente se archivó la investigación a los siguientes presuntos responsables, frente a los cuales se surtirá el grado de Consulta:JUAN CARLOS ROA MÁRQUEZ y la firma española ISOLUX INGENIERIA S.A.

Un proyecto al que no se debió dar continuidad

Los antecedentes de este proceso se relacionan con el hecho de que BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. contrató con la empresa española ISOLUX INGENIERÍA S.A., mediante Contrato ZF No. 050-10 de junio de 2010, la construcción de la planta industrial de Producción de Etanol “El Alcaraván”, en Puerto López (Meta), con un plazo de 22 meses, la cual iniciaría a funcionar en abril o mayo de 2012.

Sin embargo, el 8 de abril de 2014, después de firmar 6 otrosíes, BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. terminó el contrato y, para continuar con la ejecución del proyecto en su componente industrial, suscribió el 18 de julio de 2014 el contrato ZF No. 0010 -14 con el CONSORCIO MENEGUA, con un plazo de 14 meses, el que tampoco se cumplió, al celebrar 15 otrosíes, y con el CONSORCIO APPLUS, la interventoría (15 de septiembre de 2014).

Se reprocha por parte del ente de control, el haber dado continuidad a un proyecto que mostraba los indicadores financieros con tendencia a la baja, por cuanto en 2017, año en que se certificó el arranque de la planta industrial (14 de julio de 2017), estos se encontraban negativos (Tasa Interna de Retorno TIR -1.2% EA y Valor Presente Neto VPN -609), con la obtención de utilidades sólo hasta el año 2027.

La CGR comprobó, que desde el momento anterior a la celebración del otrosí No. 6 al contrato C-050-10, en diciembre de 2013, las condiciones financieras mostraban el decrecimiento de la Tasa Interna de Retorno, el cual fue contundente, por cuanto para la fecha que se preveía entraría en funcionamiento la planta “El Alcaraván” (28 de marzo de 2013), la TIR ya se mostraba inferior en un 50% frente al caso de negocio.

Firmado el otrosí No. 6 y terminado el contrato EPC (Ingeniería, Compras y Construcción), en junio de 2014, se aprobó el control de cambios 2, pasando el CAPEX del proyecto de USD$459 a USD$750 millones de dólares, al mismo tiempo que la TIR pasaba del 6.49% EA a 2.44% EA y el VPN del mismo de -102,61 a -152,3 (de junio de 2013 a junio de 2014).

La justificación de la celebración de este control de cambios se dio, entre otras razones, por la contratación que BIOENERGY debió ejecutar para finalizar el proyecto, aumentando de forma considerable los costos de contratos a precios unitarios, e implicando un control mayor con aumento de costos de interventoría y costos de personal en equipo de proyecto.

Concluye la imputación que, con estos indicadores, no tenía sentido haber destinado los recursos que se recibieron vía capitalización de Bioenergy S.A.S., para terminar la construcción de la planta “El Alcaraván” cuando la Tasa Interna de Retorno de la inversión al momento de la terminación unilateral del contrato con Isolux era tan solo del 2,44%.

Controles de cambios y declive de la TIR y el VPN

Pese a lo anterior, el 19 de abril de 2016, se aprobó el control de cambios No. 3, en donde el CAPEX del proyecto pasó de USD$750 MM a USD$733, pero la TIR del proyecto pasó de 2.44% EA a 1.24% EA y el VPN del proyecto de -152,3 a -401.

Finalmente, con el control de cambios No. 4 aprobado en febrero de 2017, el CAPEX llegó a USD$778 MM, con una TIR del proyecto de -1.2% EA y el VPN del proyecto pasó de -401 a -609.

Es así, como se probó que los constantes aumentos en valor y tiempo de ejecución, trajeron como consecuencia que el valor acumulado del proyecto aumentara al actualizar el caso de negocio.

Se determinó que, desde noviembre de 2011, con el otrosí No. 5 (noviembre de 2011), los indicadores financieros tuvieron cambios significativos hasta la fecha de terminación unilateral del contrato con ISOLUX (8 de abril de 2014) y la contratación con el Consorcio MENEGUA (18 de julio de 2014) y el Consorcio APPLUS para la interventoría (15 de septiembre de 2014), lo que originó los controles de cambios, siendo el número 2, el más significativo en el declive de la TIR y el VPN del proyecto.

Concluye también la imputación que, la situación financiera del proyecto no solo era evidente con el incremento en los costos de la construcción de la planta, sino que período tras período, los estados financieros de la sociedad evidenciaban el deterioro de las inversiones, reflejado en el incremento en las pérdidas que iban consumiendo el patrimonio social, situación que era conocida incluso de manera mensual en las reuniones de la Junta Directiva, sin que se evidenciara pronunciamiento ni correctivo alguno, encaminado a revertir este deterioro.

Se tiene entonces que, no se tomaron las decisiones que permitieran modificar el curso de los acontecimientos a medida que estos se iban desarrollando, para poner fin a las pérdidas que se generaban período a período, suscribiendo desde el otrosí No. 5 al contrato C-050-2010, hasta el celebrado con el Consorcio MENEGUA y la interventoría con APLUS, aplazamientos en el cronograma que originaron la necesidad de suscripción de los controles de cambio y las correspondientes capitalizaciones con conocimiento de que se seguirían presentando pérdidas para la sociedad.

Todo lo anterior quedó corroborado, aún más, cuando BIOENERGY S.A. y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., el 31 de enero de 2020, radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud encaminada a que se realizara la apertura del “proceso de reorganización”, por las pérdidas en que incurrió y que le impedían cancelar oportunamente sus obligaciones[1] y cuando el 17 de junio del mismo año, se solicitó terminar este proceso y entrar en liquidación.

Es de anotar que la planta fue terminada en 2017, con una capacidad de producción de etanol de 504.000 litros al día, pero entre este año y el 2019, se produjeron 131.209.887 litros, lo que se traduce en una utilización de 73 días para el año 2017, 94 para el 2018 y 98 para el 2019, lo que ratifica que el proyecto agrícola fue un fracaso, lo cual se podía evidenciar desde los inicios del proyecto.

CGR Comunicaciones (CGR)

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OMUNICADO DE PRENSA No. 101

CORPOMOJANA ha invertido más de $20 mil millones en actividades de reforestación y los resultados no se ven, indica la Contraloría

Con modernas herramientas satelitales y procesamiento digital de imágenes, se pudo verificar que el cuestionado contrato de 2018 con el Consorcio Forestal Mojana Sucreña sigue mostrando un resultado desolador en cuanto al área degradada y con degradación estable, por lo que la Contraloría Delegada de Medio Ambiente amplió la lupa sobre el tema y empezó a hacer control preventivo.

Bogotá, 28 de agosto de 2021.- A pesar de haber contratado actividades de reforestación por $20.299 millones de pesos entre 2018 y 2020, y destinar a un solo contrato $11.492 millones, los resultados de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y San Jorge (CORPOMOJANA) en este frente no son nada satisfactorios, dado que un rastreo satelital adelantado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República encontró que la deforestación avanza de manera preocupante.

En una auditoría financiera adelantada el año pasado la Contraloría había detectado hallazgos fiscales por $8.035 millones en CORPOMOJANA, donde el mayor de estos hallazgos (por $4.542 millones) correspondió al incumplimiento de unas actividades de reforestación contratadas en 2018 por CORPOMOJANA con el consorcio Forestal Mojana Sucreña, hecho verificado también mediante el análisis de imágenes satelitales.

Se trata del contrato No. 053 de agosto de 2018, que tenía por objeto la "Restauración de Áreas Degradadas en las Principales Microcuencas de los Municipios de San Benito Abad, La Unión y San Marcos, departamento de Sucre", obras por un valor de $11.492 millones.

La DIARI realizó un nuevo análisis de deforestación sobre este contrato, donde el área total de los 325 predios de interés es de 1.424,65 hectáreas.

El principal resultado que se obtuvo es que el área degradada y el área con degradación estable suman 992 héctareas (el 69% del área de estudio).

Este es el porcentaje de deforestación que estima la DIARI entre 2017 y 2020.

Ante este resultado, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente inició un proceso de seguimiento preventivo y concomitante sobre el tema, al tiempo que avanzan las investigaciones fiscales surgidas de los hallazgos encontrados en la auditoría financiera.

Estas alertas de la Contraloría fueron emitidas en el 2020, en plena pandemia, y reportadas entonces a CORPOMOJANA y las entidades correspondientes, y se ha venido haciendo un seguimiento permanente al respecto.

CGR Comunicaciones (CGR)

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Contraloría arranca hoy visitas a capitales de los 32 departamentos para verificar que niños beneficiarios del PAE estén recibiendo la alimentación como tiene que ser

No más conejo al PAE”, dice el Contralor Felipe Córdoba al ordenar a 22 directivos de la entidad que se desplieguen por el país visitando instituciones educativas para examinar la forma en que se da la alimentación escolar.

Se va examinar in situ qué es lo que están entregando los contratistas del PAE, para saber si eso responde a la minuta nutricional y que no se estén presentando situaciones como las que ha detectado recientemente la Contraloría: que se entreguen raciones sin proteína animal o dando merienda en reemplazo del almuerzo.
Por irregularidades en el PAE: Contraloría adelanta 153 procesos de responsabilidad fiscal por más de $47 mil millones.
La Contraloría extrema su vigilancia sobre los $990 mil millones de recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Bogotá, 23 de agosto de 2021.- En una jornada sin antecedentes la Contraloría General de la República despliega, desde este lunes, equipos en las 32 capitales del país y en la isla de Providencia para visitar varias instituciones educativas y verificar que los niños beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) estén recibiendo el alimento como tiene que ser: en la cantidad adecuada y con el aporte nutricional que corresponde.

Un total de 22 directivos del organismo de control estarán desde hoy realizando esta inspección, por orden del Contralor Felipe Córdoba, que tras recientes visitas a departamentos como La Guajira y el Valle del Cauca (Buenaventura, específicamente), expresó su preocupación al encontrar casos en que nos se les está entregando a los niños la alimentación completa y con el componente nutricional requerido.

“No hay excusa para que los niños no tengan la opción de tener una proteína animal. Hagamos esto con cariño, que para eso les están pagando”, le dijo el Contralor a una contratista del PAE en el puerto de Buenaventura, el viernes. Días atrás, había estado en Riohacha constatando denuncias sobre entrega de meriendas en lugar del almuerzo correspondiente.

“No hay derecho a que estas situaciones pasen y sean reiterativas. No más conejo al PAE, tiene que ser la consigna en adelante”, expresó Córdoba.

¿Qué están entregando los contratistas y en qué condiciones?

Ante los casos detectados y las denuncias recurrentes en redes sociales y recibidas por la CGR en varias ciudades, el Contralor ideó una estrategia para verificar en tiempo real qué está pasando con el PAE.

“Vamos a verificar in situ qué es lo que están entregando los contratistas del PAE y a quiénes, para saber si eso responde a la minuta nutricional que debe cumplirse en cada una de las instituciones educativas que han retornado a clases presenciales, lo mismo que en el caso de los paquetes de raciones alimentarias que se entregan para preparar en casa”, explicó.

Los seguimientos realizados por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana indican que el retorno a clases presenciales se ha llevado a cabo con improvisación en la entrega de alimentos a los estudiantes. Por ejemplo, en algunos casos el gramaje de las raciones no está siendo el adecuado.

La Contraloría ha visto con preocupación que algunas instituciones educativas y entidades territoriales certificadas no estaban preparadas con la alimentación que deben suministrar a los niños con motivo de su regreso presencial, situación en la cual habría responsabilidad tanto de las entidades territoriales, que deben ejercer la respectiva supervisión, como de los propios contratistas.

Todas estas situaciones se van a examinar en la inspección nacional al PAE que adelantará el cuerpo directivo de la CGR. Se va mirar con lupa el cumplimiento puntual de los componentes nutricionales, el gramaje y las minutas, entre otros aspectos. Se busca que no se le saque tajada a este programa.

Procesos fiscales en curso por irregularidades en el PAE

Al hacer el lanzamiento de esta estrategia de seguimiento en tiempo real al PAE, el Contralor Felipe Córdoba recordó que las diversas irregularidades detectadas por la CGR en la ejecución del PAE son objeto a la fecha, en todo el país, de 153 procesos de responsabilidad fiscal por un valor que supera los $47 mil millones de pesos.

Así mismo, se adelantan 34 indagaciones preliminares por $1.471 millones.

$990 mil millones que hay que cuidar

Los recursos destinados a financiar la alimentación escolar en el país son cuantiosos. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos Para Aprender, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, está encargada de distribuir a las entidades territoriales los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar.

Mediante la Resolución 0079 del 3 de noviembre de 2020, esta entidad asignó para la correspondiente distribución a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) una suma cercana a los $990.000 millones.

Los cinco departamentos con mayor flujo de recursos para el PAE son, en su orden:

Antioquia: $56.017 millones.
Cundinamarca: $48.511 millones.
Córdoba: $38.751 millones.
Tolima: $33.106 millones
Boyacá: con $28.031 millones.

Por ciudades y municipios:

Barranquilla: $13.606 millones.
Armenia: $5.220 millones.
Cali: $9.931 millones.
Barrancabermeja: $4.136 millones
Apartadó: $3.495 millones.
Bucaramanga: $1.719 millones.

Apoyo ciudadano con denuncias sobre el PAE

“Es muy importante que los ciudadanos nos cuenten qué está pasando y que nos ayuden desde la Contraloría General a saber si están entregando la alimentación escolar como debe ser”, dijo el Contralor Felipe Córdoba.

Para este efecto, la Contraloría tiene dispuestos varios canales.

Apoyo ciudadano con denuncias sobre el PAE

“Es muy importante que los ciudadanos nos cuenten qué está pasando y que nos ayuden desde la Contraloría General a saber si están entregando la alimentación escolar como debe ser”, dijo el Contralor Felipe Córdoba.

Para este efecto, la Contraloría tiene dispuestos varios canales.

Canales de la CRG para recibir denuncias sobre irregularidades en el PAE:

ver aqui
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Twitter: @CGR_Colombia
Facebook: @ContraloriaColombia

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Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras - a las 3:00 p.m. Los invitamos a conectarse mañana miércoles 18 de agosto, a las 3:00 de la tarde, a la presentación del Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, y a los Decretos Leyes Étnico Read less