“La conservación no puede convertirse en un nuevo factor de desplazamiento”: Directora Fundación Natura

Aseguró que a Colombia le urge hacer una conservación con y para la gente. Dijo que acciones como el operativo de control en el Parque Nacional Natural Los Picachos no atacan causas como la especulación de tierras. “Es como tener un cáncer y tratarlo con paños de agua fría”. Pide un diálogo con las comunidades indígenas y campesinas antes de tomar acciones.

Directa, aguda y sin pelos en la lengua. Así son las palabras de Elsa Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura, al referirse al actual panorama de la deforestación en el país, las recientes medidas del gobierno para controlarla y el equilibrio que necesita el territorio para que la balanza no favorezca solo a un grupo en particular.

Según la líder de la organización, que lleva 35 años dedicada a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad en pro de las comunidades de la Amazonia colombiana, frenar la deforestación no tiene que recaer solo en los hombros del gremio ambiental. Para ella, el espectro debe ampliarse y movilizar a una gran masa crítica con todos los sectores del gobierno y otras organizaciones que vienen trabajando sobre el tema. También dijo que los colombianos necesitan replantearse cómo eligen a sus gobernantes.

“El país debería ser demócrata con los recursos naturales, es decir tener en cuenta a la hora de elegir a los futuros gobernantes aspectos como la deforestación, la polución en las ciudades, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los ríos. Acá no tenemos una democracia que piense en la vida, y por eso hoy contamos con un Congreso apático que no toma medidas correctas que generen un beneficio social, económico y ambiental en el marco del desarrollo humano sostenible”, enfatizó Escobar.

El pasado operativo de control a la deforestación en el Parque Nacional Natural Los Picachos, que arrojó como resultado cinco personas capturadas y 600 reses bajo dominio de extensión, la preocupa. “Todos ya sabemos que entre las grandes causas de la deforestación la más más alarmante es la especulación o acaparamiento de tierras. Este operativo no atacó ese motor, solo a los campesinos. Esta acción es como si tuvieras un cáncer y le pones pañitos de agua fría”.

Para la Directora de la Fundación Natura, Colombia debe hacer una gran reflexión sobre las medidas que serían efectivas para realmente controlar la deforestación. “El gobierno tiene conocimiento sobre dónde y quiénes hacen el negocio, cuánto pagan por una hectárea tumbada y los que están comprando terrenos, pero no ataca ese accionar. ¿Cuál es la política de Estado? Lo de Los Picachos es una presión para que la gente desaloje”.

Aseguró que el accionar en Los Picachos destapó una situación preocupante en el país: utilizar la conservación como un medio de exclusión. “Ese modelo está mandado a recoger. Al país le urge hacer una conservación con y para la gente, no solo con los indígenas, sino con los campesinos o colonos, a los que muchos catalogan como los malos”.

Escobar fue más allá y afirmó que la conservación no puede convertirse en un nuevo factor de desplazamiento. “Ya estamos viviendo un desplazamiento gigante por las consecuencias del cambio climático, que se suman a las más de ocho millones de personas desplazadas por el conflicto armado. La conservación no puede desencadenar un nuevo conflicto más y aumentar el número de víctimas”.

Precisó que hay que tener claro que los campesinos no son los verdaderos protagonistas de la tumba de la selva. “Expertos lo han denunciado reiterativamente: lo que pasa, en especial en la Amazonia, es una gran especulación por la tierra de las grandes mafias y terratenientes, quienes quieren acceder a mucho más territorio de una manera muy barata. Su negocio es adquirir una hectárea que vale cero pesos y luego incrementar su valor a más de $60 millones”.

Debido a las recientes medidas de control, tanto campesinos como indígenas de la Amazonia sienten pánico. “La Fundación trabaja tanto con las comunidades indígenas como campesinas, estas últimas en su mayoría expulsadas de la sociedad y con falta de oportunidades. Ambos están aterrados porque piensan que les van a hacer lo mismo que a los habitantes de Los Picachos, un detonante que solo hace presión para la gente desaloje”, anotó Escobar.

Falta diálogo gobierno-comunidades

La líder de la Fundación Natura denuncia que hay una falta de diálogo entre el gobierno y las comunidades. “Los Picachos vuelve a servir de ejemplo. Es increíble que ni siquiera las autoridades locales supieran de los operativos y que el gobierno no haya dialogado previamente con los campesinos. No me parece que ese sea un accionar correcto. Hay que buscar cómo trabajar con la gente a través del diálogo. Indagar primero qué buscan en la vida, desde cuándo habitan en los parques”.

Escobar dijo que prevenir la deforestación y acabar con el desorden en el país requiere de un diálogo y una participación activa, y no solo entre los sabios y expertos, sino de la gente con el gobierno. “Ambos frentes deben llegar mancomunadamente a acuerdos para construir propuestas que beneficien, por ejemplo, a los habitantes de los bordes de los parques. A su vez proyectos de ganadería o agricultura sostenible o de una gobernanza forestal. Ya hay varias iniciativas por parte de organizaciones, pero son poco escuchadas. Arreglar un problema a punta de garrote complica aún más las cosas”.

La gente debe contar con oportunidades para que disfrute de una manera sostenible de los recursos naturales. Para la Directora de Natura, para esto hay que buscar alternativas para que las personas que habitan en los nidos de biodiversidad puedan beneficiarse de ella sin ocasionar daños. “Pero eso no le toca solo al campesino. Tiene que haber una política de Estado que dé línea sobre cómo trabajar con las comunidades”.

En cuanto a la ganadería, Escobar está en contravía de su satanización. “Es absurdo decir que la ganadería debe acabarse. La mayoría de colonos en la región vive de eso. Hay que llevar a cabo una ganadería sostenible, que va mucho más allá de los usos silvopastoriles, una actividad que sea resiliente a todos los cambios climáticos y extremos”.

“El Gobierno dice estar comprometido contra la deforestación, pero no ataca las verdaderas causas, que en sí son las mismas que generan la pérdida de biodiversidad. El actual modelo económico, cargado de corrupción, es el mayor obstáculo a vencer”, concluyó la directora.

Indígenas y colonos de la mano

Amazonas 2.0 es uno de los proyectos que lidera la Fundación Natura de la mano con las comunidades. Con el apoyo de la UICN y la Unión Europea, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam aúnan esfuerzos para contener la deforestación de los bosques amazónicos y la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y empoderar a las organizaciones indígenas y campesinas.

El ideal es capacitar a las comunidades sobre monitoreo forestal, climático y de fauna, y crear una plataforma regional amazónica de intercambio de información y respuesta rápida con registros, análisis y reportes en tiempo real que contribuyan a la medición de la deforestación.

En Colombia, la Fundación trabaja en el municipio de Solano (Caquetá), que ya cuenta con 15 promotores comunitarios de 11 veredas: Miravalle, El Porvenir, La Carolina, El Rubí, Montegrande, Las Brisas, Las Palmas, Villa Leidy, Campobonito, La Alternativa y Mononguete, y el resguardo indígena inga Niñeras.

“Trabajamos con indígenas y colonos para identificar sus problemáticas y establecer un diálogo para el manejo de su territorio. Estas dos comunidades poco hablan entre sí y tienen una disputa. Funcionarios de la Unión Europea resaltaron el trabajo con los campesinos e indígenas del resguardo inga Niñeras, ya que ambos han discutido juntos los impactos de su territorio y han planteado acciones para mitigarlos”, dijo Escobar.

Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.

Aseguró que el acaparamiento de tierras es responsable del 48 por ciento de la deforestación. En la Carrera contra la Deforestación, realizada en San José del Guaviare, el Ministro lanzó un “Pacto por los bosques”: un acuerdo para que los campesinos se comprometan con procesos de restauración, proyectos productivos y educación ambiental.

La fórmula para apaciguar, controlar o encapsular la desbordada deforestación en Colombia continúa sin despejar. Si bien 2017 fue catalogado como un año trágico, con cerca de 220.000 hectáreas arrasadas por la motosierra, todo indica que para el 2018 el balance no será favorable.

De acuerdo con Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este año la deforestación podría alcanzar entre 260.000 y 270.000 hectáreas, lo que indicaría un incremento del 22 por ciento con respecto del 2017. De estas, se calcula que 70.000 hectáreas estarían en el departamento del Guaviare.

“El principal motor de la deforestación en Colombia es el acaparamiento de tierras, responsable del 48 por ciento de la degradación de los bosques tropicales de la Amazonia y el Pacífico. Otros factores con alta responsabilidad son las actividades ilegales relacionadas con cultivos ilícitos y el tráfico ilegal de especies amazónicas como reptiles, anfibios y aves”, aseguró Lozano en la Carrera contra la Deforestación realizada este fin de semana en San José del Guaviare, organizada por Visión Amazonia.

El Ministro informó que el país pierde aproximadamente 600 hectáreas de bosque cada día, y que 11 de los 15 municipios más afectados por la deforestación son amazónicos.

“El gobierno nacional está comprometido con frenar esta tendencia. Hemos insistido en que queremos alcanzar altos estándares de equidad, pero basados en la legalidad y en los emprendimientos. En los últimos meses realizamos operativos de recuperación de los Parques Nacionales Naturales, tierras que son patrimonio de la Nación y las cuales son inalienables, imprescriptibles e inenbargables”, precisó Lozano.

Pacto por los bosques

En la Carrera contra la Deforestación, donde cerca de 145 personas pedalearon en señal de oposición a este flagelo, el Ministro anunció un “Pacto por los bosques”: iniciativa que busca acciones concretas de control y monitoreo y un apoyo a las comunidades para que puedan generar proyectos productivos con un uso sostenible.

Esta estrategia incluirá acuerdos con los campesinos para lograr acciones de restauración, proyectos productivos y educación ambiental, un trabajo que contará con la participación de Parques Nacionales Naturales, el Instituto Sinchi, Visión Amazonia y las Corporaciones Autónomas Regionales.

“Con el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación trabajamos de manera articulada con el sector privado, las autoridades locales y regionales, las fuerzas militares y de policía, entes judiciales y las comunidades, para desincentivar el accionar de los grupos y personas involucradas en la deforestación”, agregó Lozano.

El funcionario afirmó que la entidad tiene un acuerdo con el Ministerio de Comercio para llevar a cabo negocios y mercados verdes, y con el Fondo Colombia Sostenible, varios programas de pagos por servicios ambientales, una alianza que cuenta con recursos cercanos a los 20 millones de dólares.

Ojo a los incendios

El Ministerio de Ambiente calcula el Fenómeno del Niño llegará al país durante los últimos días de este año e inicios del próximo. Los colombianos vivirán una época de sequía, la cual tendrá sus principales manifestaciones en los incendios forestales.

Ante esto, Lozano hizo un llamado de prevención a todos los colombianos para que emprendan acciones y comportamientos que mitiguen la presencia del fuego que arrasa con los bosques, como apagar debidamente las fogatas, no dejar residuos tipo vidrio, elementos concentradores de la radiación, y denunciar cualquier incendio.

A los comités regionales y locales de emergencias y desastres y a las autoridades ambientales, el Ministro les recomienda mantener activos los planes de prevención y atención de incendios para evitar su ocurrencia y propagación, en especial en las zonas de reserva forestal y Parques Naturales.

“La ocurrencia de los incendios en uno de los principales factores de la deforestación, ya que algunos aprovechan esta situación para apropiarse ilegalmente de las tierras”, dijo Lozano.

136.633 hectáreas en el país fueron afectadas por incendios forestales en 2017. Entre tanto, durante los primeros días de diciembre de este año, el Sistema para el monitoreo de puntos de calor del Ideam ha logrado identificar 319 puntos de calor, en su mayoría en las regiones de la Orinoquia (172 puntos) y Amazonia (52).

Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el Gobierno de Noruega y el MADS que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.

El territorio amazónico perdió más de 3.800 hectáreas boscosas entre julio y septiembre, con parches pelados y calcinados de hasta 50 hectáreas, de acuerdo con el tercer informe de Alertas Tempranas por Deforestación emitido por el Ideam. Meta, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cauca y Chocó también registraron serios impactos.

En lo corrido de este año, la deforestación en Colombia no se concentró en un solo territorio, municipio o departamento: la motosierra se paseó por gran parte del territorio nacional.

Los bosques de La Macarena (Meta), en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tinigüa, fueron su primera víctima a comienzos de 2018, con cerca de 5.000 hectáreas calcinadas para la ganadería o para el acaparamiento de tierras. Luego, entre abril y junio, se trasladó a las húmedas selvas del Pacífico, periodo en el que, por causas asociadas la minería ilegal, los 15 municipios más afectados en el país fueron de esta región.

Ahora, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre Alertas Tempranas por Deforestación en el tercer trimestre del año, los bosques del Guaviare fueron los más carcomidos y mordisqueados por la motosierra.

Entre julio y septiembre, el departamento amazónico perdió 3.874 hectáreas de bosque y albergó 431 parches pelados y calcinados, en su mayoría con áreaa entre las 10 y 20 hectáreas. De este total, seis superaron las 50 hectáreas. Además, reunió 17,3 por ciento de las alertas nacionales, el porcentaje más alto en el país.

Sumado a esto, el Guaviare albergó el punto más crítico y rasguñado por la deforestación, de los ocho identificados por el Ideam. El deshonroso título fue para la carretera Marginal de la Selva, en el municipio de Calamar, en el occidente del departamento y en cercanías al río Guayabero.

El Ideam indicó que las principales causas de deforestación en este punto fueron la expansión de praderas para apropiación de tierras y ganadería, actividades que suelen tener su financiamiento por actores externos, quienes ven en la posesión de tierra y cambio de uso, una expectativa de valorización a costa de los bosques.

La entidad también identificó una expansión de la infraestructura vial, y extracción ilegal de madera y cultivos ilícitos fomentados por actores armados ya establecidos en la zona. El municipio con mayor concentración de alertas tempranas por deforestación en Colombia fue Calamar, uno de los cuatro territorios del Guaviare.

Los otros amazónicos

En el sur del Meta, en áreas cercanas al Parque Tinigüa (La Macarena), estuvo el segundo núcleo más relevante por pérdida de bosque en el tercer trimestre, punto ya afectado a comienzos del año. La mayor cantidad de alertas tuvo lugar por el paso del río Guayabero.

El Instituto alertó que en Tinigüa convergen múltiples causas de deforestación, en su mayoría impulsadas por grupos al margen de la ley o personas externas que financian el cambio del uso del suelo. Agricultura, coca, ganadería, acaparamiento de tierras, incendios forestales y extracción ilegal de especies maderables, son sus verdugos.

“Por tener suelos pobres, los productores agrícolas buscan nuevas áreas para establecer la actividad. Entre tanto, en bordes del bosque proliferan cultivos ilícitos propiciados por la alta rentabilidad y facilidad de comercialización de la hoja de coca y sus derivados”, dijo el Ideam.

Los incendios forestales son utilizados para dar paso a la ganadería y acaparamiento en enormes extensiones de tierra para la siembra de pastos. La extracción de madera de especies de valor comercial es informal, de manera previa a la tala o quema de los terrenos.

Tinigüa fue el Parque Nacional Natural con mayor cantidad de alertas, lo que pone en riesgo su alta importancia ecológica: sirve como corredor para especies amazónicas y andinas.

Meta fue el segundo departamento más perjudicado por la pérdida de bosque, con cerca de 2.177 hectáreas deforestadas en su parte sur, distribuidas en 340 polígonos de hasta 50 hectáreas de extensión. Concentró 16,3 por ciento de las alertas tempranas, mientras que La Macarena fue el tercer municipio con mayores grados de afectación a nivel nacional.

Más hacia el sur, en zonas de Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón en Putumayo, las imágenes satelitales hallaron un punto crítico de deforestación, en límites con Caquetá y por terrenos aledaños a los ríos Mecaya y Putumayo.

La praderización con fines ganaderos y de acaparamiento fueron sus principales causas de transformación de bosque. El Ideam precisó que aunque hay ganadería por parte de productores locales, el mayor impacto está en las escalas extensivas, con densidades muy bajas de ganado y financiada por los grupos armados.

En San José del Fragua (Caquetá) y Mapiripán (Meta) también hubo presencia de eventos de deforestación, pero en menor proporción, al igual que una persistencia en San Vicente del Caguán.

Deforestación al norte

Tibú y Sardinata, en la zona del Catatumbo (Norte de Santander), albergaron el único gran foco de deforestación en la región Andina, en bosques aledaños a los ríos San Miguel, Nuevo Presidente y Tibú. El cultivo de coca propiciado por los actores armados ilegales es su principal motor de depredación, además de la minería de socavón, ganadería y demanda de madera para uso productivo.

Los bosques del Caribe perdieron terreno en Tierralta, al sur de Córdoba y dentro del Parque Nacional Natural Paramillo, la segunda área protegida con más alertas. La ganadería abunda, en especial la de tipo extensivo, fundamentada en las expectativas de titulación.

El Ideam también observó un crecimiento en los cultivos de coca, un sustento de las familias locales que no tienen más alternativas productivas rentables. “Hay presencia de extracción de madera ilegal y mecanizada, ganancias destinadas para compensar los gastos que demanda la ganadería”.

Un punto nuevo, por lo menos en lo corrido de este año, es Montes de María, entre Bolívar y el norte de Sucre, con afectación en los bosques de San Jacinto, Carmen de Bolívar y Ovejas.

“La principal amenaza es la actividad agropecuaria, representada en agricultura de pequeña escala, cultivos agroindustriales como palma de aceite y ganadería sobre suelos deteriorados. La zona tiene un proceso de reocupación por los habitantes que previamente fueron desplazados por la violencia y hay extracción de madera para uso local y como material de construcción y combustible”, indicó la entidad.

Minería, el cáncer del Pacífico

Mientras que el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva reinan en términos de deforestación en otros sitios del país, en el Pacífico su accionar está relacionado principalmente con la minería de oro. En el tercer trimestre, la región albergó dos puntos críticos en Chocó y Cauca.

En Chocó, el informe indica que persisten las alertas en Alto Baudó, con afectaciones por la explotación minera en las márgenes de los ríos Baudó, Nauca y sus afluentes, impactando los recursos naturales y la salud de los pobladores. También hay agricultura de pequeña escala e itinerante, extracción selectiva de madera y cultivos ilícitos motivados por la facilidad de comercialización y la presión de los actores armados ilegales.

En Cauca el núcleo fue en Timbiquí, con focos a lo largo del cauce de los ríos Saija y Patía. La presencia de minería a cielo abierto para la extracción de oro en estos cuerpos de agua es la actividad más perjudicial para los bosques, además de los cultivos de coca.

Aunque con menor impacto que los dos sitios anteriores, el Ideam llamó la atención en el extremo oriental de Chocó por deforestación en Bagadó, cerca al límite con Risaralda.

Mauricio Cabrera Leal, coordinador de política en temas mineros de la WWF Colombia, dijo que la minería, tala por explotación ilegal de madera, potrerización y cultivos ilícitos, han estado presentes en el Pacífico durante los últimos años.

Sin embargo, indicó que el aumento de las operaciones de control en los ríos Quito y Atrato puede haber incidido en la movilización del fenómeno hacia otras áreas del departamento. Resaltó que varias zonas degradadas por minería han sido recuperadas a través de un proyecto de conservación de biodiversidad en paisajes impactados por esta actividad.

Por su parte, Germán Darío Álvarez, experto en el tema forestal y ex subdirector de agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mencionó que la riqueza inaccesible del Pacífico es aprovechada para la proliferación de cultivos y el asentamiento de la minería ilegal, actividades que han abierto grandes parches sin cobertura boscosa para extraer elementos como el oro.
“Además, la madera extraída de los bosques del Pacífico sale cruda hacia los sitios de acopio del país o el extranjero, en donde es transformada en otros productos que sí generan un valor agregado. Es necesario reconocer los servicios que presta el bosque, como la producción de semillas o la fabricación sostenible de artesanías”, puntualizó.

Gran Alianza Contra la Deforestación en Colombia